La Organización Internacional del Trabajo (OIT) publicó este diciembre de 2025, las Directrices de política para la promoción del trabajo decente en el sector del reciclaje, aprobadas en la reunión del Consejo de Administración de noviembre. Se trata del primer instrumento internacional que reconoce de forma integral la necesidad de garantizar derechos laborales, protección social, seguridad y salud, y condiciones dignas para quienes trabajan en la gestión de residuos, incluidos quienes realizan tareas de recolección, clasificación, selección, recuperación y reciclaje.
El documento es el resultado de una intensa negociación tripartita global llevada a cabo en Ginebra en mayo de este año—gobiernos, empleadores y trabajadores— en la que tuvimos el honor de integrar el grupo de expertos por el sector trabajador, con el decidido y generoso apoyo de la Internacional de Servicios Públicos (PSI) https://publicservices.international/?lang=es llevando una mirada laboral, ambiental y latinoamericana a un debate marcado históricamente por la informalidad, la precariedad y la invisibilización del trabajo.
Un sector esencial, tradicionalmente precarizado
La OIT reconoce que el reciclaje y la gestión de residuos son actividades esenciales para la economía circular y para cualquier estrategia integral frente al cambio climático y la contaminación. Sin embargo, millones de personas realizan estas tareas en condiciones de altísima vulnerabilidad, expuestas a riesgos biológicos, cortes, aplastamientos, incendios, sustancias tóxicas, temperaturas extremas y violencia social.
Estas directrices suponen —por fin— un marco internacional que coloca a estos trabajadores donde siempre debieron estar: en el centro de la política pública ambiental, no en sus márgenes.
¿Qué establecen las Directrices?
Las nuevas Directrices marcan un camino claro para transformar el sector hacia el trabajo decente. Entre sus lineamientos principales destacan:
1. Formalización con derechos
Los Estados deben promover la integración formal de trabajadores de la gestión de residuos y reciclaje, con acceso a salario justo, seguridad social, vacaciones pagas, licencias y convenios colectivos.
2. Protección integral en seguridad y salud
Se incluye la obligación de implementar sistemas de prevención, infraestructura adecuada, provisión de elementos de protección personal, protocolos frente a riesgos biológicos, químicos, ergonómicos, de incendio y de fatiga térmica.
3. Diálogo social y representatividad
El proceso de formulación de políticas debe incorporar a las organizaciones de trabajadores y trabajadoras, reconociendo el papel del sindicalismo en la transición ecológica.
4. Gestión ambientalmente responsable
El reciclaje no es un servicio accesorio: es una pieza del sistema de salud pública. Las directrices exigen que la gestión de residuos incluya criterios de protección ambiental, reducción de impactos, uso seguro de la tecnología y respeto por las comunidades.
5. Transición justa hacia la economía circular
Los cambios tecnológicos y de infraestructura deben planificarse asegurando empleo decente, reconversión laboral con derechos, participación de los trabajadores en la gobernanza y distribución justa de los beneficios ambientales y económicos.
Por qué esto es clave para el movimiento sindical y ambiental
Estas Directrices nacen en un momento crítico: la transición ecológica avanza a un ritmo desigual, y los sectores más pobres cargan los costos de un modelo que pretende ser “verde” pero podría reproduce desigualdades si no se corrige.
Para el movimiento sindical, este documento:
· Reconoce el valor productivo de quienes trabajan en la gestión de residuos, históricamente tratados como “informales”.
· Da herramientas para exigir políticas públicas robustas en municipios, provincias y países.
· Permite vincular la gestión de residuos con derechos laborales y salud pública, no solo con eficiencia o metas de reciclado.
· Alinea la transición ecológica con la justicia social, como exige la OIT desde la Declaración del Centenario.
De la norma al territorio: los desafíos que siguen
Las Directrices no se aplican solas. Exigen:
· Capacidad de incidencia sindical,
· Organización de los trabajadores del sector,
· Participación real en las políticas ambientales,
· Inversión pública en infraestructura sostenible,
· Regulación estatal frente a la privatización y la precarización,
· Integración entre salud pública, ambiente y trabajo.
Nuestro compromiso ahora es llevar esta herramienta a cada mesa paritaria, cada municipio, cada autoridad ambiental, cada cooperativa y cada espacio donde se decide el futuro del modelo de gestión del residuo.
Las Directrices son una base; el trabajo real empieza en el territorio.
¿Qué podemos aprovechar de esta experiencia?
Un aprendizaje fundamental derivado del proceso tripartito es la necesidad de conceptualizar el reciclaje y la gestión de residuos como un servicio público orientado a la protección de bienes comunes ambientales. Desde el punto de vista estructural, la actividad del reciclaje puede desagregarse en dos dimensiones analíticamente distintas pero interdependientes:
- La dimensión económica, vinculada al aprovechamiento de materiales valorizables y a las cadenas de valor de la economía circular.
- La dimensión ambiental, asociada a la reducción de impactos, la salud pública y la conservación de bienes comunes globales (aire, agua, suelo, ecosistemas).
El error histórico de numerosas políticas públicas ha sido reducir la actividad a la primera dimensión (la económica), tratándola como un subsector de la economía informal o como un eslabón marginal de la cadena de valor industrial. El debate de la OIT demuestra que esta aproximación es insuficiente y técnicamente inadecuada.
Al incorporar la dimensión ambiental, la función esencial del reciclaje se redefine como una actividad de protección de bienes comunes. En términos de derecho público y de teoría de los bienes comunes, la preservación de estos bienes no puede quedar sujeta a mecanismos de mercado ni a lógicas de informalidad: requiere garantías institucionales, capacidad regulatoria del Estado y organización colectiva de los trabajadores, atributos clásicos del enfoque de servicio público.
Desde esta perspectiva, el reciclaje debe ser tratado como una función pública de interés general, alineada con la tradición de la OIT sobre sectores esenciales para la salud y la seguridad (Convenios 155, 187 y la Declaración del Centenario), y hoy reforzada por el Convenio sobre riesgos biológicos, que reconoce la estrecha vinculación entre salud laboral, salud ambiental y salud pública.
La experiencia de negociación muestra que:
1) Los derechos laborales en el reciclaje cumplen una doble función:
(a) proteger la integridad física y la dignidad de los trabajadores, y
(b) garantizar la eficacia del servicio público de protección ambiental.
2) La vigencia efectiva de los derechos laborales es condición para la protección de los bienes comunes. Sin trabajo decente —seguro, formalizado y con participación sindical—, el servicio público de gestión de residuos no puede cumplir adecuadamente su función socioambiental.
3) El vínculo entre derechos laborales y bienes comunes introduce un nuevo fundamento para fortalecer el rol de los sindicatos y del Estado en la gobernanza de la transición ecológica.
En síntesis, el aprendizaje técnico que deja este proceso es que la protección de los bienes comunes ambientales requiere institucionalizar el reciclaje como servicio público, y ello sólo es posible mediante un marco robusto de trabajo decente, en coherencia con los estándares internacionales de la OIT y con el reciente avance normativo en materia de riesgos biológicos.
Este enfoque no sólo corrige décadas de políticas insuficientes; también abre un nuevo campo para la acción sindical y para el diseño de políticas públicas integrales que articulen trabajo, ambiente y salud pública con una base normativa sólida.
Conclusión: un paso histórico hacia dignidad y justicia socioambiental
La publicación de estas Directrices marca un hito: por primera vez, la OIT reconoce formalmente que la gestión de los residuos y el reciclaje no es un “subsistema marginal”, sino una actividad laboral esencial para la sostenibilidad planetaria, que sólo es sostenible si es digna, segura y con derechos.
Nos enorgullece haber llevado la voz de los trabajadores al grupo de expertos que elaboró este documento.
Hoy celebramos este avance.
Mañana empezamos a usarlo para cambiar la realidad.
