Entre urgencias y horizontes. Sindicatos frente a la descarbonización y la digitalización.

Versión elaborada a partir de la convocatoria  a debatir sobre el tema del título en el V congreso internacional de relaciones del trabajo organizado por la carrera de relaciones del trabajo de la facultad  de ciencias sociales de la Universidad de Buenos Aires, celebrada los días 13 al 15 de mayo del 2026

Nota metodológica.

Este documento no pretende reemplazar la intervención oral originalmente preparada. Hace otra operación: toma aquella intervención como texto base y la convierte en un desarrollo teórico más estable, apto para circular como documento de discusión, insumo doctrinario o marco conceptual para una presentación sindical. Por eso conserva la tesis central, pero cambia el género: ya no habla solo para una mesa; intenta construir una arquitectura conceptual.

La distinción es importante. En la intervención oral, la fuerza está en la frase que ordena, en la imagen que ayuda a recordar, en la cadencia que permite escuchar. En el documento teórico, en cambio, la fuerza debe estar en la progresión: problema, tesis, categorías, consecuencias institucionales y propuesta. Miremos entonces el mismo problema con otro paso: menos urgencia de escenario, más densidad de fundamento.

El texto trabaja con una regla de prudencia metodológica: cuando se invocan documentos internacionales, normas o informes, se los utiliza como fuentes de apoyo para el razonamiento; cuando se formula una lectura crítica sobre sus consecuencias, esa lectura es elaboración propia. En particular, se toman como referencias de encuadre las Directrices de la OIT para una transición justa hacia economías y sociedades ambientalmente sostenibles para todos, el reconocimiento del derecho a un entorno de trabajo seguro y saludable como principio y derecho fundamental en el trabajo, el Sexto Informe de Evaluación del IPCC y los debates normativos recientes de la OIT sobre trabajo decente en la economía de plataformas.

Introducción: dos tiempos, una misma disputa

El título “Entre urgencias y horizontes” contiene, casi sin decirlo, una teoría del tiempo sindical. Las urgencias empujan: crisis climática, reconversión productiva, pérdida de empleo, calor extremo, automatización, plataformas, vigilancia digital, minerales críticos, nuevas cadenas de valor. El horizonte, en cambio, exige levantar la mirada: qué modelo productivo se construye, quién lo gobierna, qué derechos lo limitan, quién captura los beneficios y quién paga los costos.

Esa tensión temporal no es un detalle retórico. Es el núcleo del problema. Un sindicalismo encerrado en la urgencia corre detrás de hechos ya consumados. Llega cuando la inversión ya se decidió, cuando el algoritmo ya gobierna, cuando el contrato comercial ya organizó la cadena, cuando el territorio ya fue afectado, cuando el trabajador ya perdió poder de negociación. Pero un sindicalismo que habla solo de horizontes, sin pisar la urgencia concreta, puede terminar refugiado en una bella arquitectura de palabras mientras el mundo real sigue moviéndose por debajo.

La cuestión, entonces, no es elegir entre urgencia y horizonte. Es aprender a actuar en los dos tiempos al mismo tiempo.

La descarbonización y la digitalización obligan a ese doble movimiento. No son fenómenos menores ni laterales. Tampoco son simples actualizaciones técnicas de una economía que permanece igual a sí misma. Son dos formas contemporáneas de reorganización del poder productivo. La primera reorganiza la base material de la economía: energía, minerales, transporte, infraestructura, industria, comercio internacional y territorios. La segunda reorganiza la forma de dirigir, medir, controlar y valorizar el trabajo: datos, algoritmos, plataformas, inteligencia artificial, automatización, vigilancia y fragmentación empresarial.

Desde esta perspectiva, el problema sindical no consiste en “adaptarse” prolijamente a transformaciones definidas por otros. Ese verbo —adaptarse— conviene mirarlo con cuidado. Puede significar inteligencia práctica frente al cambio; pero también puede esconder una renuncia: aceptar como natural una dirección social ya impuesta. La pregunta decisiva no es si habrá descarbonización y digitalización. La pregunta es quién las gobierna, con qué derechos, con qué distribución de costos y beneficios, y con qué capacidad real de intervención de los trabajadores.

1. La doble transición como reorganización del poder

La transición ecológica suele presentarse como una respuesta necesaria a la crisis climática. Y lo es. El diagnóstico científico acumulado muestra que la reducción de emisiones, la adaptación y la transformación de sistemas energéticos, industriales, urbanos y de transporte no pueden postergarse indefinidamente. Pero decir eso no alcanza. El problema no se agota en constatar la necesidad de cambiar tecnologías, porque toda tecnología viene dentro de una organización social: alguien la financia, alguien la produce, alguien la opera, alguien la controla, alguien la regula y alguien soporta sus riesgos.

La descarbonización, por lo tanto, no es solo una sustitución de combustibles. Es una reconfiguración de cadenas productivas, territorios, infraestructura, inversiones, reglas de comercio, formas de empleo y relaciones geopolíticas. Puede abrir oportunidades para reducir emisiones y crear empleo de calidad. Pero también puede reproducir dependencia, profundizar extractivismos, precarizar nuevas ocupaciones y trasladar costos ambientales y laborales hacia regiones con menor capacidad de negociación.

Algo similar ocurre con la digitalización. Se la suele presentar como innovación, eficiencia, modernización o flexibilidad. A veces efectivamente mejora procesos, reduce esfuerzos físicos, amplía capacidades de gestión o permite nuevas formas de cooperación. Pero en el mundo del trabajo también puede intensificar la subordinación: control permanente, evaluación continua, asignación algorítmica de tareas, sanciones invisibles, desconexiones unilaterales, opacidad decisoria y debilitamiento de la organización colectiva.

La novedad técnica no elimina la vieja pregunta del derecho del trabajo. La desplaza. Antes preguntábamos quién manda dentro del establecimiento, bajo qué límites y con qué derechos. Ahora debemos preguntar también quién manda dentro de la cadena, dentro del software, dentro del contrato de suministro, dentro de la plataforma, dentro del sistema de datos y dentro de la infraestructura climática.

La modernización puede cambiar el decorado del poder. No necesariamente lo democratiza.

2. Lo digital pesa; lo verde también puede ensuciar

Una de las grandes ficciones contemporáneas consiste en imaginar que lo digital es inmaterial. La palabra “nube” ayudó bastante a ese equívoco. Parece liviana, flotante, casi limpia por definición. Pero la digitalización necesita una materialidad intensa: centros de datos, energía, litio, cobre, tierras raras, agua, cables submarinos, puertos, logística, mantenimiento, seguridad, trabajo técnico y trabajo precarizado alrededor de sus bordes.

La transición verde tiene una ficción parecida. Se la imagina limpia porque su finalidad declarada es reducir emisiones. Sin embargo, una cadena productiva puede estar asociada a una tecnología baja en carbono y al mismo tiempo organizar explotación laboral, afectación territorial, presión sobre el agua, tercerización abusiva o exclusión de comunidades. El adjetivo “verde” no absuelve por sí mismo. Necesita prueba institucional: condiciones de trabajo, participación, información, consulta, protección ambiental, reparto de beneficios, fiscalización y control democrático.

Este es un punto crítico para la acción sindical. Si los sindicatos aceptan sin discusión que todo lo verde es justo y que todo lo digital es progreso, quedan atrapados en el lenguaje de la innovación sin poder interrogar sus relaciones de poder. En cambio, si rechazan todo cambio por principio, corren el riesgo de quedar fuera de las decisiones estratégicas. La salida no está en la celebración ingenua ni en la resistencia abstracta. Está en disputar las condiciones de posibilidad de la transición.

Dicho de otro modo: no se trata de negar la descarbonización ni de negar la digitalización. Se trata de impedir que ambas se conviertan en dispositivos de transferencia de costos hacia trabajadores y territorios con menor poder de defensa.

3. El litio como escena concreta de la transición

El litio permite bajar a tierra una discusión que, de otro modo, podría quedar demasiado general. La transición energética no ocurre en una nube verde flotando sobre la economía. Ocurre en salares, rutas, camiones, puertos, plantas, permisos ambientales, contratos de inversión, acuerdos comerciales, comunidades, trabajadores, proveedores, consultoras, bancos de desarrollo, empresas transnacionales y Estados con capacidades desiguales.

Desde América Latina, el riesgo es conocido. La región puede quedar ubicada como proveedora de naturaleza barata, energía barata, agua barata y trabajo subordinado, mientras otros segmentos de la cadena capturan conocimiento, patentes, financiamiento, baterías, vehículos eléctricos, renta industrial y poder tecnológico. Si eso ocurre, la transición energética no superará la vieja división internacional del trabajo. La actualizará con vocabulario climático.

Por eso el litio no debe ser leído solamente como oportunidad económica. Debe ser leído como prueba institucional. La pregunta no es solo cuántas toneladas se extraen ni cuántos dólares ingresan. La pregunta es qué tipo de empleo se crea, qué valor queda en el territorio, qué capacidades industriales se desarrollan, qué protección ambiental se garantiza, qué participación tienen comunidades y sindicatos, qué responsabilidad asumen las empresas principales y qué instrumentos públicos ordenan la cadena.

Si la transición se limita a cambiar petróleo por litio sin cambiar las relaciones de dependencia, no estamos ante una transición justa. Estamos ante una modernización verde del viejo extractivismo.

4. Derecho crítico del trabajo: del contrato a la gobernanza de la producción

El derecho del trabajo nació de una constatación sencilla y radical: la relación laboral no es una relación entre iguales. Bajo la apariencia formal del contrato, existe una relación social atravesada por poder, dependencia económica, subordinación jurídica y asimetría material. Esa fue su intuición fundante. Allí está su grandeza y también su desafío actual.

Durante buena parte del siglo XX, el derecho del trabajo pudo ordenar su intervención alrededor de figuras relativamente visibles: empleador, trabajador, establecimiento, jornada, salario, convenio colectivo, inspección. Esa arquitectura sigue siendo imprescindible, pero ya no alcanza para explicar todo el poder que organiza el trabajo. Hoy una decisión laboral puede estar escrita en un algoritmo, en un contrato comercial global, en una cadena de subcontratación, en una política de datos, en una cláusula de inversión, en un proveedor tecnológico o en una plataforma que niega ser empleadora mientras dirige buena parte de la actividad.

De allí surge la necesidad de ampliar la mirada. No se trata de abandonar el contrato de trabajo, sino de inscribirlo en una teoría más amplia de la gobernanza de la producción. El trabajador no solo queda subordinado a una orden directa; también puede quedar subordinado a arquitecturas empresariales, tecnológicas y financieras que organizan la actividad sin aparecer siempre como empleador formal.

Una teoría crítica del derecho del trabajo debe, entonces, formular nuevas preguntas: qué poderes habilita una tecnología; qué riesgos externaliza una cadena; qué responsabilidades se diluyen en la tercerización; qué derechos quedan debilitados por la opacidad algorítmica; qué capacidad de intervención pierde el sindicato cuando la decisión se desplaza fuera del establecimiento; qué instituciones necesitamos para volver jurídicamente visible ese poder.

El derecho del trabajo nació para civilizar el poder privado dentro de la fábrica. Hoy tiene que aprender a civilizar el poder privado dentro de la cadena global, dentro del algoritmo, dentro del territorio extractivo y dentro de la infraestructura climática.

5. Víctimas, vehículos y vectores: una categoría sindical para la doble transición

En muchos debates sobre transición justa, los trabajadores aparecen como víctimas. Y esa dimensión no puede minimizarse. Son víctimas cuando pierden empleo por cierres o reconversiones mal gestionadas; cuando soportan calor extremo, inundaciones, sustancias peligrosas o riesgos biológicos; cuando son desplazados por automatización sin formación ni protección; cuando ingresan a plataformas sin seguridad social suficiente; cuando la vigilancia digital erosiona su salud mental y su autonomía.

Pero esa lectura, aunque necesaria, queda corta. Los trabajadores también son vehículos materiales de la transición. Sin trabajo no hay energías renovables, transporte público, gestión de residuos, infraestructura, cuidados, salud pública, redes eléctricas, mantenimiento digital, adaptación climática, electromovilidad ni producción limpia. La transición no la hace la nube, no la hace el mercado por generación espontánea y no la hace la tecnología sola. La hacen personas que trabajan.

El tercer paso es el decisivo: los trabajadores deben ser vectores. Es decir, sujetos capaces de orientar, controlar, corregir y disputar el rumbo de las transformaciones. No solo soportar daños. No solo ejecutar decisiones ajenas. Participar en el diseño, la evaluación, la negociación y el control de la transición.

La tríada permite ordenar el debate: víctimas cuando soportan los daños; vehículos cuando hacen materialmente posible la transformación; vectores cuando participan en su orientación democrática. Las urgencias nos muestran al trabajador como víctima. Los horizontes nos obligan a pensarlo como vector.

6. Instituciones para una transición gobernada desde el trabajo

6.1. Información previa: ver antes de que el daño se vuelva irreversible

La primera herramienta es el derecho a la información. Sin información, la participación se vuelve decorativa. El sindicato necesita conocer inversiones, cambios tecnológicos, impactos laborales, mapas de riesgo, estructuras de contratación, datos ambientales, modificaciones de procesos, criterios de automatización y decisiones de reconversión antes de que se conviertan en hechos consumados.

Esto exige salir de una idea estrecha de información laboral. Ya no basta con recibir datos salariales o de plantilla cuando la decisión real está en otro lugar. La información relevante puede estar en el plan de inversión, en el contrato con el proveedor tecnológico, en la matriz de riesgos ambientales, en el estudio de impacto, en el software de asignación de tareas o en la cadena de suministros.

6.2. Participación temprana: no llegar cuando la política ya fue escrita

La participación sindical debe ocurrir en la etapa de diseño. Participar al final, cuando todo está decidido, es una forma elegante de legitimar decisiones ajenas. La transición justa exige intervención temprana: antes de cerrar plantas, antes de introducir tecnologías de vigilancia, antes de reorganizar turnos, antes de contratar plataformas, antes de automatizar procesos, antes de abrir nuevas cadenas extractivas y antes de prometer empleo verde sin discutir sus condiciones.

La participación temprana permite hacer visible lo que la decisión tecnocrática suele dejar afuera: experiencia laboral, riesgos concretos, conocimiento del proceso, impactos sobre la salud, desigualdades internas, problemas de género, contratistas invisibles, tareas tercerizadas, fallas de mantenimiento y efectos territoriales.

6.3. Negociación colectiva ampliada: la mesa debe entrar en la cadena, el algoritmo y el territorio

La negociación colectiva tradicional sigue siendo central, pero necesita ampliar su radio de acción. Si la economía funciona por cadenas de valor, contratistas, plataformas, datos, logística, financiamiento y territorios, la negociación no puede quedar encerrada dentro de las paredes del establecimiento mientras las decisiones relevantes se toman afuera.

Una agenda colectiva para la doble transición debería incorporar cláusulas sobre transición justa, información previa, evaluación de impacto laboral, consulta sindical, formación profesional, reconversión, salud y seguridad climática, gestión algorítmica, protección de datos laborales, desconexión digital, vigilancia tecnológica, responsabilidad de empresas principales, debida diligencia, salvaguardas ambientales y participación comunitaria.

Esto no significa agregar temas por acumulación. Significa reconocer que el salario, la salud, el empleo, la jornada, la formación y la libertad sindical ya están atravesados por esas decisiones. La negociación colectiva no se “ambientaliza” ni se “digitaliza” por moda. Lo hace porque el poder que organiza el trabajo se ha ambientalizado y digitalizado.

6.4. Salud y seguridad en el trabajo como gobernanza del riesgo

El reconocimiento del derecho a un entorno de trabajo seguro y saludable como principio y derecho fundamental en el trabajo cambia el piso de la discusión. La salud laboral frente a la doble transición no puede quedar reducida a elementos de protección personal. Casco, guante y matafuego importan, claro. Pero no alcanzan cuando el riesgo está en el diseño del proceso, en el calor extremo, en la intensificación del ritmo, en la exposición química, en la vigilancia permanente, en la fatiga digital, en los riesgos psicosociales o en la pérdida de control sobre la organización del trabajo.

Por eso conviene hablar de gobernanza del riesgo. Esto implica evaluación previa, información, consulta, participación sindical, jerarquía de controles, formación, registro, trazabilidad, fiscalización, canales de denuncia, protección frente a represalias y derecho a interrumpir tareas peligrosas. En un mundo de transición climática y tecnológica, la salud laboral no es un anexo técnico. Es una forma de democracia industrial.

6.5. Control democrático de algoritmos

Si un algoritmo organiza el trabajo, asigna tareas, mide rendimientos, define reputaciones, sanciona conductas o desconecta trabajadores, no puede quedar fuera del derecho del trabajo. No alcanza con decir que se trata de una herramienta técnica. Una herramienta que decide sobre la vida laboral no es neutral. Es una forma de dirección empresarial.

De allí surge una agenda mínima: transparencia sobre los criterios utilizados, explicación comprensible de decisiones automatizadas, revisión humana efectiva, auditoría sindical o independiente, protección de datos laborales, prohibición de vigilancia desproporcionada, límites al uso disciplinario de métricas opacas y negociación colectiva sobre sistemas de gestión algorítmica.

7. Transición justa: no compensación tardía, sino democracia económica

La transición justa suele ser reducida a una política de compensación: si se cierra una actividad contaminante, se asiste a los trabajadores afectados. Esa dimensión es necesaria, pero insuficiente. Una transición justa no puede limitarse a administrar daños después de la decisión productiva. Debe intervenir antes, en el diseño del modelo.

Por eso, la transición justa debe discutir qué se produce, cómo se produce, para quién se produce, con qué energía, con qué tecnología, bajo qué propiedad, con qué trabajo, con qué participación y con qué distribución de beneficios. No es una ambulancia social al final del camino. Es una política de reorganización democrática de la economía.

Esta afirmación tiene consecuencias concretas. La política industrial no puede ser neutral frente al trabajo. La política climática no puede ignorar empleo, salud, formación y protección social. La política digital no puede tratar a los datos laborales como una propiedad exclusiva de la empresa. La política comercial no puede promover cadenas “verdes” sin exigir derechos. Y la política sindical no puede limitarse a defender lo existente si lo existente también produce daño ambiental o precarización.

El desafío es más exigente: construir una alianza entre trabajo decente, justicia social y protección ambiental. No como consigna amable, sino como criterio de diseño institucional.

8. Objeciones necesarias

Objeción 1: ¿no es demasiado amplio para la agenda sindical?

La primera objeción diría que esta agenda es demasiado amplia. Que el sindicato ya tiene suficientes problemas con salario, empleo y condiciones de trabajo como para sumar litio, algoritmos, clima, datos, cadenas de valor y geopolítica. La objeción parece razonable, pero parte de una premisa equivocada: supone que esos temas están afuera del trabajo. No lo están.

El cambio climático afecta la salud laboral, la jornada, la productividad, la seguridad, la continuidad del empleo y los territorios donde viven los trabajadores. La digitalización afecta la subordinación, la vigilancia, la negociación, la formación, la estabilidad y la distribución del poder dentro de la empresa. Las cadenas de valor afectan contratistas, tercerización, responsabilidad empresaria y salarios. Por lo tanto, no se trata de ampliar artificialmente la agenda sindical. Se trata de reconocer dónde se está desplazando el poder que ya organiza el trabajo.

Objeción 2: ¿no puede la tecnología resolver parte de los problemas?

Sí, puede. Y conviene decirlo para no caer en una crítica automática. La tecnología puede reducir tareas peligrosas, mejorar diagnósticos, ahorrar energía, monitorear emisiones, prevenir accidentes, aumentar productividad y facilitar formación. El problema no es la tecnología en sí. El problema es su gobierno social.

Una misma herramienta puede servir para prevenir riesgos o para intensificar ritmos; para transparentar procesos o para vigilar trabajadores; para democratizar información o para concentrar poder; para mejorar empleos o para fragmentarlos. Por eso, la pregunta sindical no es tecnología sí o tecnología no. La pregunta es tecnología bajo qué reglas, con qué participación, con qué límites, con qué derechos y con qué reparto de beneficios.

Objeción 3: ¿no corre el sindicato el riesgo de quedar atrapado entre empleo y ambiente?

Ese riesgo existe si el debate se plantea como una falsa oposición: de un lado, empleo; del otro, ambiente. Esa oposición puede ser funcional a empresas que degradan ambos: prometen empleo para evitar controles ambientales, o prometen transición verde para precarizar trabajo. El enfoque sindical debería romper esa trampa.

No hay justicia ambiental si se construye contra los trabajadores. Pero tampoco hay defensa seria del trabajo si se ignora que la degradación ambiental también destruye condiciones de vida, salud, territorios y empleos futuros. La tarea consiste en unir lo que el discurso dominante separa: protección del trabajo, protección de la salud, protección del ambiente y democratización del poder económico.

9. Agenda de acción: del diagnóstico a la herramienta

Para que este documento no quede en una formulación general, conviene cerrar con un cajón de herramientas. No como lista decorativa, sino como orientación práctica para abrir discusiones sindicales, normativas y de negociación.

Herramienta Uso estratégico

Información previa Exigir datos sobre inversiones, tecnologías, impactos laborales, riesgos climáticos, contratistas, algoritmos y cadenas de valor antes de que las decisiones sean irreversibles.

Participación temprana Intervenir en el diseño de políticas de reconversión, incorporación tecnológica, automatización, transición energética y reorganización productiva.

Negociación colectiva ampliada Incorporar cláusulas sobre transición justa, gestión algorítmica, datos laborales, formación, reconversión, salud climática, contratistas y debida diligencia.

Salud y seguridad como gobernanza del riesgo Pasar de una prevención limitada al equipo de protección personal a una estrategia de evaluación, control, participación, trazabilidad y derecho a interrumpir tareas peligrosas.

Control sindical de tecnologías Exigir transparencia, explicabilidad, auditoría, revisión humana y límites a la vigilancia digital y a las decisiones automatizadas.

Política industrial con trabajo decente Discutir agregación de valor, empleo local, formación técnica, compras públicas, encadenamientos productivos y distribución territorial de beneficios.

Alianzas con comunidades Construir estrategias que unan trabajo, ambiente, salud pública, derechos territoriales y participación democrática.

Conclusión: que el futuro no se diseñe sin trabajadores

La doble transición nos coloca ante una disputa de época. No se trata de elegir entre pasado y futuro. Esa es una forma pobre de presentar el debate. La verdadera disputa es entre un futuro organizado por el mercado, la tecnología y la geopolítica sin control democrático, y un futuro construido con trabajo decente, justicia social, protección ambiental y poder colectivo.

Los sindicatos no están para frenar la historia. Tampoco para aplaudir cualquier cambio que venga envuelto en lenguaje de innovación. Están para impedir que la historia vuelva a escribirse sobre la espalda de los trabajadores y de los territorios. Esa es su función democrática más profunda: introducir conflicto organizado allí donde el poder económico quiere presentar sus decisiones como inevitables.

La descarbonización puede ser una oportunidad civilizatoria o una nueva fase del extractivismo. La digitalización puede ampliar capacidades humanas o perfeccionar la subordinación. El resultado no está escrito en la tecnología. Se escribirá en las instituciones, en las relaciones de fuerza, en la negociación colectiva, en la política pública, en la acción sindical y en la capacidad de hacer visible lo que suele quedar oculto.

Entre las urgencias y los horizontes, la tarea sindical es clara: llegar a tiempo, disputar el sentido y construir herramientas para que la transición no sea una nueva administración de la desigualdad, sino una democratización profunda de la producción y de la vida social.

Bibliografía de referencia

• Intergovernmental Panel on Climate Change. (2023). Climate Change 2023: Synthesis Report. IPCC.

• Organización Internacional del Trabajo. (2015). Directrices de política para una transición justa hacia economías y sociedades ambientalmente sostenibles para todos. OIT.

• Organización Internacional del Trabajo. (2022). Resolución sobre la inclusión de un entorno de trabajo seguro y saludable en el marco de la OIT relativo a los principios y derechos fundamentales en el trabajo. OIT.

• Organización Internacional del Trabajo. (2025). Trabajo decente en la economía de plataformas. Documentos de la Conferencia Internacional del Trabajo, 113.ª y 114.ª reuniones. OIT.

• Méda, D. (2013). El trabajo. Un valor en peligro de extinción. Gedisa.

• Supiot, A. (1996). Crítica del derecho del trabajo. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

• Supiot, A. (2015). La gobernanza por los números. Fayard.

• Srnicek, N. (2018). Capitalismo de plataformas. Caja Negra.

• Standing, G. (2013). El precariado. Una nueva clase social. Pasado & Presente.

La OIT publica las Directrices de Política sobre Trabajo Decente en el Reciclaje: un avance histórico para los trabajadores de la gestión de residuos

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) publicó este diciembre de 2025, las Directrices de política para la promoción del trabajo decente en el sector del reciclaje, aprobadas en la reunión del Consejo de Administración de noviembre. Se trata del primer instrumento internacional que reconoce de forma integral la necesidad de garantizar derechos laborales, protección social, seguridad y salud, y condiciones dignas para quienes trabajan en la gestión de residuos, incluidos quienes realizan tareas de recolección, clasificación, selección, recuperación y reciclaje.

https://www.ilo.org/es/resource/noticias/nuevas-directrices-de-la-oit-marcan-el-camino-hacia-un-trabajo-decente-en

El documento es el resultado de una intensa negociación tripartita global llevada a cabo en Ginebra en mayo de este año—gobiernos, empleadores y trabajadores— en la que tuvimos el honor de integrar el grupo de expertos por el sector trabajador, con el decidido y generoso apoyo de la Internacional de Servicios Públicos (PSI)  https://publicservices.international/?lang=es llevando una mirada laboral, ambiental y latinoamericana a un debate marcado históricamente por la informalidad, la precariedad y la invisibilización del trabajo.

Un sector esencial, tradicionalmente precarizado

La OIT reconoce que el reciclaje y la gestión de residuos son actividades esenciales para la economía circular y para cualquier estrategia integral frente al cambio climático y la contaminación. Sin embargo, millones de personas realizan estas tareas en condiciones de altísima vulnerabilidad, expuestas a riesgos biológicos, cortes, aplastamientos, incendios, sustancias tóxicas, temperaturas extremas y violencia social.

Estas directrices suponen —por fin— un marco internacional que coloca a estos trabajadores donde siempre debieron estar: en el centro de la política pública ambiental, no en sus márgenes.

¿Qué establecen las Directrices?

Las nuevas Directrices marcan un camino claro para transformar el sector hacia el trabajo decente. Entre sus lineamientos principales destacan:

1. Formalización con derechos

Los Estados deben promover la integración formal de trabajadores de la gestión de residuos y reciclaje, con acceso a salario justo, seguridad social, vacaciones pagas, licencias y convenios colectivos.

2. Protección integral en seguridad y salud

Se incluye la obligación de implementar sistemas de prevención, infraestructura adecuada, provisión de elementos de protección personal, protocolos frente a riesgos biológicos, químicos, ergonómicos, de incendio y de fatiga térmica.

3. Diálogo social y representatividad

El proceso de formulación de políticas debe incorporar a las organizaciones de trabajadores y trabajadoras, reconociendo el papel del sindicalismo en la transición ecológica.

4. Gestión ambientalmente responsable

El reciclaje no es un servicio accesorio: es una pieza del sistema de salud pública. Las directrices exigen que la gestión de residuos incluya criterios de protección ambiental, reducción de impactos, uso seguro de la tecnología y respeto por las comunidades.

5. Transición justa hacia la economía circular

Los cambios tecnológicos y de infraestructura deben planificarse asegurando empleo decente, reconversión laboral con derechos, participación de los trabajadores en la gobernanza y distribución justa de los beneficios ambientales y económicos.

Por qué esto es clave para el movimiento sindical y ambiental

Estas Directrices nacen en un momento crítico: la transición ecológica avanza a un ritmo desigual, y los sectores más pobres cargan los costos de un modelo que pretende ser “verde” pero podría reproduce desigualdades si no se corrige.

Para el movimiento sindical, este documento:

·      Reconoce el valor productivo de quienes trabajan en la gestión de residuos, históricamente tratados como “informales”.

·      Da herramientas para exigir políticas públicas robustas en municipios, provincias y países.

·      Permite vincular la gestión de residuos con derechos laborales y salud pública, no solo con eficiencia o metas de reciclado.

·      Alinea la transición ecológica con la justicia social, como exige la OIT desde la Declaración del Centenario.

De la norma al territorio: los desafíos que siguen

Las Directrices no se aplican solas. Exigen:

·      Capacidad de incidencia sindical,

·      Organización de los trabajadores del sector,

·      Participación real en las políticas ambientales,

·      Inversión pública en infraestructura sostenible,

·      Regulación estatal frente a la privatización y la precarización,

·      Integración entre salud pública, ambiente y trabajo.

Nuestro compromiso ahora es llevar esta herramienta a cada mesa paritaria, cada municipio, cada autoridad ambiental, cada cooperativa y cada espacio donde se decide el futuro del modelo de gestión del residuo.

Las Directrices son una base; el trabajo real empieza en el territorio.

¿Qué podemos aprovechar de esta experiencia?

Un aprendizaje fundamental derivado del proceso tripartito es la necesidad de conceptualizar el reciclaje y la gestión de residuos como un servicio público orientado a la protección de bienes comunes ambientales. Desde el punto de vista estructural, la actividad del reciclaje puede desagregarse en dos dimensiones analíticamente distintas pero interdependientes:

1. La dimensión económica, vinculada al aprovechamiento de materiales valorizables y a las cadenas de valor de la economía circular.
2. La dimensión ambiental, asociada a la reducción de impactos, la salud pública y la conservación de bienes comunes globales (aire, agua, suelo, ecosistemas).

El error histórico de numerosas políticas públicas ha sido reducir la actividad a la primera dimensión (la económica), tratándola como un subsector de la economía informal o como un eslabón marginal de la cadena de valor industrial. El debate de la OIT demuestra que esta aproximación es insuficiente y técnicamente inadecuada.

Al incorporar la dimensión ambiental, la función esencial del reciclaje se redefine como una actividad de protección de bienes comunes. En términos de derecho público y de teoría de los bienes comunes, la preservación de estos bienes no puede quedar sujeta a mecanismos de mercado ni a lógicas de informalidad: requiere garantías institucionales, capacidad regulatoria del Estado y organización colectiva de los trabajadores, atributos clásicos del enfoque de servicio público.

Desde esta perspectiva, el reciclaje debe ser tratado como una función pública de interés general, alineada con la tradición de la OIT sobre sectores esenciales para la salud y la seguridad (Convenios 155, 187 y la Declaración del Centenario), y hoy reforzada por el Convenio sobre riesgos biológicos, que reconoce la estrecha vinculación entre salud laboral, salud ambiental y salud pública.

La experiencia de negociación muestra que:

1) Los derechos laborales en el reciclaje cumplen una doble función:

(a) proteger la integridad física y la dignidad de los trabajadores, y

(b) garantizar la eficacia del servicio público de protección ambiental.

2) La vigencia efectiva de los derechos laborales es condición para la protección de los bienes comunes. Sin trabajo decente —seguro, formalizado y con participación sindical—, el servicio público de gestión de residuos no puede cumplir adecuadamente su función socioambiental.

3) El vínculo entre derechos laborales y bienes comunes introduce un nuevo fundamento para fortalecer el rol de los sindicatos y del Estado en la gobernanza de la transición ecológica.

En síntesis, el aprendizaje técnico que deja este proceso es que la protección de los bienes comunes ambientales requiere institucionalizar el reciclaje como servicio público, y ello sólo es posible mediante un marco robusto de trabajo decente, en coherencia con los estándares internacionales de la OIT y con el reciente avance normativo en materia de riesgos biológicos.

Este enfoque no sólo corrige décadas de políticas insuficientes; también abre un nuevo campo para la acción sindical y para el diseño de políticas públicas integrales que articulen trabajo, ambiente y salud pública con una base normativa sólida.

Conclusión: un paso histórico hacia dignidad y justicia socioambiental

La publicación de estas Directrices marca un hito: por primera vez, la OIT reconoce formalmente que la gestión de los residuos y el reciclaje no es un “subsistema marginal”, sino una actividad laboral esencial para la sostenibilidad planetaria, que sólo es sostenible si es digna, segura y con derechos.

Nos enorgullece haber llevado la voz de los trabajadores al grupo de expertos que elaboró este documento.

Hoy celebramos este avance.
 Mañana empezamos a usarlo para cambiar la realidad.

 

QUÉ ESTA PASANDO EN BONN, PARTE II.

que esta pasando en Bonn, parte 2. Lo que hay que saber  sobre Bonn 2025 y su camino a Belém )si no quiere leer el texto completo, aquí un resumen)

 

¿Por qué Bonn sigue siendo relevante si las decisiones formales se adoptan en la COP?

 

Bonn funciona como el engranaje invisible que hace posible la “foto final” de cada COP. Aquí se reúnen los dos órganos subsidiarios—SBI (Implementación) y SBSTA (Ciencia y Tecnología)—para despejar corchetes, fijar calendarios y producir los borradores que más tarde votará el plenario ministerial. Sin estos textos preliminares, la COP llegaría a noviembre con una montaña de opciones sin depurar, lo que colapsaría cualquier intento de decisión política. Piénselo como la escritura de un contrato: en Bonn se revisa cada cláusula, se comparan definiciones y se asignan responsabilidades; en la COP se firma. Si en Bonn el texto queda plagado de interrogantes, la COP empezará ya en desventaja, obligada a negociar bajo focos mediáticos y con una agenda saturada. Por eso los bloqueos de agenda o las demoras en acordar indicadores, como las que vimos este año, no son meras anécdotas: cada hora perdida aquí multiplica la presión sobre el tramo decisivo en Belém.

 

¿Cuál es la importancia real de la meta financiera de 1,3 billones US$ propuesta en la Hoja de Ruta Bakú–Belém?

 

La cifra de 1,3 billones US$ actúa como señal de escala más que como compromiso jurídico; apunta a transmitir al mercado y a los gobiernos que la transición climática exige volúmenes de inversión muy por encima de los 100 000 millones US$ anuales prometidos en 2009. Su peso político radica en forzar una conversación: sin una magnitud creíble de recursos, ningún país en desarrollo aceptará elevar metas de mitigación o adaptación. Sin embargo, el diablo está en la letra pequeña: ¿cuánto será subvención, cuánto préstamo, cuánto capital privado apalancado? Si la mayor parte son instrumentos de deuda, el Sur global podría terminar con más pasivos que soluciones. En tanto no exista arquitectura detallada—fuentes, plazos, criterios de acceso—la cifra corre el riesgo de convertirse en un titular vacío que los mercados descontarán rápidamente.

 

¿Qué avances concretos logró Bonn en pérdidas y daños, y por qué todavía se percibe estancamiento?

 

En términos técnicos, Bonn acordó priorizar la revisión de medio término del Mecanismo Internacional de Varsovia y formalizó la integración progresiva de las pérdidas y daños dentro de las NDC. También se consensuó fortalecer la trazabilidad de la asistencia que presta la Red de Santiago. El problema es que todo ello ocurre sin inyección de dinero adicional: los países vulnerables piden recursos concesionales—no préstamos—para reconstrucción y compensación. Al no haber compromisos de desembolsos, los textos resultan meras “tomas de nota”. Así, el proceso avanza en arquitectura institucional, pero la realidad de las comunidades afectadas sigue atada a fondos insuficientes y demorados. Mientras no exista un acuerdo político sobre la fuente y la escala del financiamiento, la sensación de estancamiento persistirá, por más que los documentos se multipliquen.

 

¿Por qué el Programa de Trabajo de Mitigación (MWP) genera tantas críticas pese a su objetivo de acelerar la acción climática?

 

El MWP nació con expectativas altas: cerrar la brecha entre la ciencia—que exige recortes drásticos—y la práctica nacional—que avanza mucho más lento. Sin embargo, su dinámica se ha vuelto eminentemente procesal: abundan los diálogos informales, las presentaciones y las plataformas de intercambio, pero faltan directrices vinculantes que obliguen a revisar subsidios fósiles, cronogramas de cierre de plantas de carbón o metas sectoriales. Además, la tensión Norte-Sur se asoma a cada propuesta: cuando países desarrollados impulsan más ambición, los países en desarrollo replican que sin financiamiento y transferencia tecnológica cualquier “empuje” será inviable. El resultado es un círculo: se pospone la discusión sustantiva y se convoca a otro taller para «profundizar». Hasta que el MWP no incorpore compromisos concretos—por ejemplo, planes de eliminación de combustibles fósiles respaldados por apoyo financiero—seguirá acumulando críticas de ineficacia.

 

¿Qué puede hacer América Latina y el Caribe para influir en Belém 2025?

 

La región posee tres palancas. Primero, la diplomática: coordinar posiciones entre AILAC, ALBA y países amazónicos para actuar como bloque, elevando el costo político de ignorar sus demandas. Segundo, la financiera: insistir en líneas de crédito concesional y mecanismos mixtos—garantías, canjes de deuda por clima—que reconozcan la condición de renta media y reduzcan tasas de interés. Tercero, la narrativa: articular historias de éxito en transición energética (Chile y Uruguay con renovables, Brasil con bioenergía) como prueba de que el respaldo financiero genera beneficios tangibles. Si la región llega fragmentada, cada país negociará desde una posición más débil. Pero si coloca en la mesa una agenda común—finanzas, adaptación y transición justa—podrá influir en la arquitectura final del financiamiento pos-2025 y en los términos de referencia del programa de transición justa. En síntesis, la clave será pasar de la reacción dispersa a la proposición coordinada.

Y ahora, si te interesa un poco más….lo que dejó Bonn 2025: radiografía (crítica) de las negociaciones climáticas de mitad de año

 

1. Intro – Bonn, la cocina de la COP

 

Cada junio, el compactísimo centro de congresos a orillas del Rin se convierte en la olla a presión de la política climática: más de 9 000 personas —delegaciones, observadores, prensa, activistas— aterrizan con la misión de destrabar corchetes y decidir si el mundo avanzará o no antes de la próxima COP. A diferencia del glamour de noviembre, aquí todo es pasillo, sigla y trasnoche: el SBI pule la “fontanería” (plazos, apoyo financiero, monitoreo) mientras el SBSTA traduce ciencia y tecnología en artículos legales. La combinación puede sonar árida, pero lo que se pacta o se congela en Bonn se convierte en la materia prima —o el lastre— de los textos finales que luego se firman entre flashazos en la COP.

 

Este año el arribo estuvo marcado por dos telones de fondo. Primero, el sabor amargo que dejó Bakú 2024: un compromiso financiero percibido como insuficiente y la conciencia de que la carrera por mantener el 1,5 °C ya corre con cronómetro en rojo. Segundo, la presión extra del cronograma: la COP30 de Belém (Brasil) exige llegar con los deberes hechos si quiere celebrar algo más que la samba. Con ese doble chip —urgencia científica y desgaste político— Bonn 2025 arrancó recordándonos que, en este proceso, los minutos cuestan partes por millón de CO₂.

 

La atmósfera de sala fue, pues, una mezcla de reencuentro y tensión. Delegados que llevan una década viéndose cada seis meses comentaban, café en mano, que nunca habían sentido tanto cansancio anticipado. Observadores advertían que la “fatiga multilateral” podía convertirse en el mejor aliado de los que apuestan al statu quo. Y sin embargo, entre paneles sobre océanos y hojas de ruta financieras, se escuchaba una certeza: si Bonn pincha el globo, Belém no despega. Bienvenidos a la cocina; coloquen sus relojes en cuenta regresiva.

 

2. El contexto post-Bakú: finanzas, desconfianza y agendas trabadas

 

Si alguien esperaba que las promesas de Bakú curaran la crónica escasez de recursos, se topó con la cruda aritmética política: 1,3 billones de USD propuestos para la “Hoja de Ruta Bakú-Belém” y cero claridad sobre cómo, cuándo y de dónde saldrán. Anticipando reproches, las economías desarrolladas defendieron aportes “diversificados” (léase: préstamos, garantías y mercados de carbono), mientras los países en desarrollo reclamaban el regreso al Artículo 9.1 del Acuerdo de París: financiamiento “nuevo, adicional y concesional”.

 

Ese desfase contaminó casi cada sala de negociación. Las capitales que arrastran deudas externas históricas denunciaron que los instrumentos crediticios perpetúan la dependencia; el G-77/China recordó que las “medidas comerciales unilaterales” (véase: mecanismos de ajuste de carbono en frontera) amenazan sus exportaciones justo cuando necesitan divisas para transiciones energéticas. Resultado: nadie parecía dispuesto a hablar de ambición sin hablar primero de chequera.

 

La desconfianza se materializó en una barrera invisible: el “no avance” por defecto. Grupos técnicos que normalmente despachan asuntos menores en media hora pasaron hojas y hojas debatiendo si tenían “mandato” para ello. El dilema era evidente: ¿aceptar la agenda y correr el riesgo de que los grandes temas queden relegados, o bloquearla y perder días preciosos de negociación? Bonn respondió con la segunda opción, y la pelota, una vez más, fue el reloj.

 

3. Treinta horas para decir “aprobada”: el drama procedimental

 

3.1. LMDC vs. todos: Artículo 9.1 y medidas comerciales

 

Lunes 16 a las 10 a. m.: apertura formal prevista. Lunes 16 a las 9 p. m.: plenario aún paralizado. El pulso lo marcaban los Like-Minded Developing Countries (LMDC), que exigían incorporar al temario la obligación legal del Norte de financiar la acción climática y el debate sobre “medidas comerciales unilaterales”; la UE, Canadá y Australia replicaban que ambos asuntos “excedían” el mandato de los órganos subsidiarios. El impasse se destrabó recién el martes, cuando se aceptó el clásico truco diplomático: los temas polémicos salían del título, pero quedaban vivos en consultas informales.

 

El precio político fue alto. Países africanos y de AOSIS se quejaron de que la jugada diluye debates existenciales (1,5 °C, pérdidas y daños) en un laberinto procedimental. Y, sobre todo, se encendió una alerta: la confianza básica —oxígeno del multilateralismo— está en mínimos, y basta un par de temas sensibles para congelar a 198 capitales.

 

3.2. Cuando el reloj cuenta más que la ciencia

 

Treinta horas de bloqueo no parecen mucho… hasta que multiplicas por la logística de 10 000 personas y el ritmo milimétrico de un calendario de diez días. Las salas se reprogramaron como piezas de Tetris, las traducciones simultáneas se solaparon y los grupos técnicos empezaron a recortar discusiones “por falta de tiempo”. Los veteranos saben lo que eso significa: textos redactados por quien tiene más asesores disponibles y menos jet-lag, usualmente las delegaciones ricas. Así, la prisa se volvió una fuerza política: cuando el reloj aprieta, la ciencia —que exige debates densos sobre datos, trayectorias y presupuestos de carbono— pierde terreno ante soluciones rápidas y vagas.

 

4. Adaptación al centro del ring

 

Después de años como hermanita menor, la adaptación reclamó foco propio. El Comité de Adaptación, empantanado en una disputa sobre quién debe revisarlo (COP, CMA o ambos), simbolizó la pugna por el control institucional. Pero en paralelo surgió una señal positiva: el tránsito definitivo del Fondo de Adaptación al paraguas del Acuerdo de París fue avalado, abriendo la puerta a reglas de gobernanza renovadas y, con suerte, a más liquidez.

 

Aun así, las discusiones expusieron la fractura habitual: necesidad de más dinero blando frente a bolsillos del Norte que prefieren instrumentos mezclados. El Grupo Africano advirtió que sin “medios de implementación” claros, cualquier indicador es papel mojado. Japón y Australia replicaron que medir finanzas complicaría la comparabilidad técnica. En el trasfondo, los países de renta media temen quedar atrapados en el limbo: “demasiado ricos” para subsidios, demasiado pobres para bonos climáticos.

 

4.1. El Fondo de Adaptación se muda al Acuerdo de París

 

La decisión de completar el traspaso antes de Belém implica resolver vínculos jurídicos con el Banco Mundial y fijar nuevos criterios de acceso directo. Voces del Pacífico celebraron la oportunidad de agilizar proyectos resilientes frente al aumento del nivel del mar; la UE insistió en condicionar desembolsos a salvaguardas de gobernanza. Todos coincidieron en una urgencia: asegurar capitalización inicial que dé credibilidad política, no solo comunicados optimistas.

 

4.2. Cien indicadores para medir un mundo que arde

 

El Objetivo Global de Adaptación (GGA) traía una mochila de 9 000 métricas propuestas. Bonn logró reducir el menú a “no más de 100”, pero el verdadero debate fue qué medir: impactos físicos, resiliencia social, o flujo de dinero. Australia rechazó incluir variables financieras; AILAC y el Grupo Africano defendieron que sin plata no hay adaptación verificable. El resultado fue un borrador híbrido: porcentajes de población protegida conviven con referencias indirectas a apoyo recibido. Queda claro que la ciencia de medir la adaptación es también geopolítica pura.

 

5. Mitigación: un programa que gira en círculos

 

El Programa de Trabajo de Mitigación (MWP) nació para acelerar los recortes de emisiones en la “década crítica”, pero en Bonn pareció un disco rayado. Cinco diálogos globales, toneladas de power-points y aún sin consenso sobre cómo traducirlos en decisiones vinculantes, según lamentaron AILAC y AOSIS.

 

5.1. El MWP y su “plataforma digital” de la discordia

 

La propuesta estrella —crear una plataforma digital que conecte proyectos con financiamiento— dividió la sala: para AOSIS distrae recursos que deberían ir directo a cerrar plantas de carbón; para el Grupo Africano es una oportunidad de visibilizar iniciativas poco atractivas para los mercados de carbono convencionales. La UE pidió “evitar duplicidades”, citando registros ya existentes; los LMDC alertaron que un portal global podría convertirse en mecanismo de monitoreo encubierto. Sin acuerdo, el asunto quedó en “intersesional”, eufemismo para “nos vemos (otra vez) en Belém”.

 

5.2. El fantasma del 1,5 °C y los gigantes emisores

 

La Organización Meteorológica Mundial recordó que la temperatura global promedia ya entre 1,34 °C y 1,41 °C sobre la era preindustrial. Sin embargo, varios grandes emisores resistieron cualquier lenguaje que mencionara explícitamente la eliminación acelerada de combustibles fósiles. Los Estados insulares acusaron recibo: “El tifón no lee notas al pie”. La conclusión informal fue demoledora: mientras el MWP siga sumando seminarios sin tocar nervios económicos —subsidios a fósiles, desinversión y ruta de salida del gas—, el 1,5 °C seguirá siendo un eslogan aspiracional más que un plan de vuelo.

 

6. Pérdidas y daños: Varsovia, Santiago y la odisea del financiamiento

 

El mecanismo internacional de Varsovia (WIM) y la Red de Santiago constituyen hoy el andamiaje formal para abordar las pérdidas y daños derivados del cambio climático. En Bonn 2025 se examinó por primera vez el informe conjunto del Comité Ejecutivo del WIM y de la Red, que incluye el balance de asistencia técnica prestada entre marzo y septiembre de 2024. La discusión evidenció dos avances y varios cuellos de botella.

 

Avances técnicos. Las partes acordaron priorizar la revisión de medio término del WIM —programada para 2024 y aplazada en Bakú— y solicitaron a los facilitadores un borrador de decisión breve para Belém. Asimismo, se respaldó la integración progresiva de las pérdidas y daños en las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC), a fin de mejorar la coherencia entre mecanismos.

 

Cuellos de financiamiento. Todo progreso técnico se vio empañado por la ausencia de garantías financieras adicionales. Países vulnerables exigieron que las conclusiones reconozcan explícitamente la necesidad de recursos concesionales nuevos y no redirijan fondos existentes. Ante la falta de consenso, el borrador remitido a la COP30 se limita a “tomar nota” del informe y “acoger” la labor de los órganos, sin comprometer flujos nuevos de capital. Observadores de la sociedad civil subrayaron que la palabra “acoger” mantiene las puertas abiertas, pero no asegura desembolsos ni acceso simplificado.

 

Transparencia institucional. Hubo coincidencia en fortalecer el seguimiento de solicitudes técnicas recibidas por la Red de Santiago y dotar de indicadores de desempeño a su Secretaría provisional. Sin embargo, persisten dudas sobre la gobernanza futura: ¿pasará a ser un organismo autónomo o seguirá bajo el paraguas del WIM? El texto de Bonn marca opciones entre corchetes sin preferencia para ninguna.

 

En síntesis, las discusiones consolidaron el marco operativo del WIM/Santiago pero aplazaron la respuesta clave: cómo financiar compensaciones y reconstrucción en países que ya sufren daños irreversibles.

 

7. La (eterna) conversación sobre la plata: de los 100 000 M a los 1,3 B

 

La promesa de 100 000 millones de dólares anuales —lanzada en Copenhague 2009 y formalmente “cumplida” en 2023— ya no sirve de referencia política. En Bonn se discutió la Hoja de Ruta Bakú–Belém, que plantea movilizar 1,3 billones de dólares en la próxima década para cerrar brechas de mitigación, adaptación y pérdidas y daños.

 

Estructura de la propuesta. El documento de trabajo divide la cifra en tres componentes: capital público concesional, garantías para apalancar inversión privada y ampliación de mercados de carbono voluntarios. Las economías desarrolladas defendieron la fórmula mixta; el G-77/China reclamó metas específicas de subvenciones para evitar encarecer la deuda de los prestatarios.

 

Información ex-ante. En el taller del Artículo 9.5, varias partes recordaron que la CMNUCC exige comunicar con antelación los flujos financieros previstos. Los países en desarrollo señalaron que tales comunicaciones siguen siendo heterogéneas y de corto plazo, lo que dificulta planificar proyectos de largo aliento. Japón y la UE aceptaron revisar formatos comunes, pero mantuvieron la voluntariedad en la profundidad de la información.

 

Acceso versus volumen. Delegaciones africanas insistieron en que el debate debe pasar del “cuánto” al “cómo”. Denunciaron tasas de interés superiores al 6 % en préstamos climáticos y procesos de acreditación que pueden tardar más de 24 meses. Sin un compromiso sobre tasas preferenciales y ventanillas rápidas, cualquier cifra resultará nominal.

 

Próximos pasos. Bonn cerró con un mandato para elaborar un esquema de seguimiento bianual del cumplimiento de la hoja de ruta. No obstante, los términos de referencia permanecen abiertos: se discute si evaluará solo montos desembolsados o también calidad y condiciones de los instrumentos.

 

La conclusión es clara: la meta de 1,3 billones genera consenso como señal de escala, pero el desacuerdo sobre su naturaleza financiera amenaza con desdibujarla antes de llegar a Belém.

 

8. Ciencia, datos y el IPCC: cuando el termómetro incomoda

 

El Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico (SBSTA) debatió la relación entre evidencia científica y toma de decisiones. El IPCC informó avances rumbo a su Séptimo Informe de Evaluación, incluyendo un capítulo sobre financiamiento para adaptación y pérdidas y daños y la actualización de guías técnicas de 1994.

 

Contenidos sensibles. Varias delegaciones solicitaron incluir menciones explícitas a la geoingeniería solar y a los riesgos de las tecnologías de remoción de dióxido de carbono (CDR). La Unión Europea argumentó que su promoción sin cautelas podría generar “efectos de bloqueo” en la reducción de emisiones. Arabia Saudita y la India advirtieron contra “prejuicios” que frenen la investigación. El texto final insta al IPCC a “evaluar beneficios y riesgos” sin descartar enfoques.

 

Saberes diversos. Guatemala y Australia diferencian saberes indígenas de conocimientos locales, subrayando la necesidad de metodologías propias y reconocimiento de derechos colectivos. El borrador de conclusión alienta la inclusión de estos saberes pero evita comprometer financiamiento adicional para su integración.

 

Datos de observación sistemática. El SBSTA examinó la representatividad de estaciones meteorológicas en el Sur Global. Chile propuso modelos climáticos endógenos para reducir la dependencia de proyecciones extra-regionales. El consenso: reforzar la red GCOS y priorizar regiones “de dato escaso” en los próximos planes de observación.

 

Temperatura media global. Se tomó nota del informe de la OMM que sitúa el aumento actual entre 1,34 °C y 1,41 °C sobre niveles preindustriales, reafirmando la urgencia de alinear los NDC con trayectorias de 1,5 °C. No se incluyó, sin embargo, ningún enlace directo entre esos resultados y la revisión de metas de mitigación.

 

En síntesis, la ciencia mantiene su lugar central, pero la traducción de hallazgos a decisiones sigue limitada por intereses políticos y capacidad de absorción técnica.

 

9. Tecnología y creación de capacidades: mucho PDF, poca electricidad

 

El Technology Implementation Programme (TIP) —creado en la COP28 para acelerar la difusión de tecnologías climáticas— mostró señales de fatiga. Varios países señalaron ambigüedad en su alcance y temor a duplicar esfuerzos con iniciativas existentes.

 

Alcance temático. Las discusiones giraron en torno a incluir o no los “combustibles de transición” (gas natural y derivados) dentro de las tecnologías elegibles. Estados Unidos y Qatar apoyaron su consideración; la UE y AOSIS sostuvieron que ello contravendría la senda de descarbonización a medio plazo. El texto de Bonn retiene ambos enfoques entre corchetes.

 

Gestión del conocimiento. Delegaciones del Sur Global reclamaron que el TIP produce “demasiados documentos de orientación” y pocos proyectos en terreno. Pidieron ajustar indicadores de desempeño para medir tasa de adopción y energía instalada en megavatios, no solo eventos realizados.

 

Creación de capacidades. El debate sobre tecnología se enlazó con el Programa de Fortalecimiento de Capacidades. Países africanos denunciaron que menos del 15 % de los talleres de 2024 se llevaron a cabo en regiones de menor cobertura eléctrica. La Secretaría se comprometió a presentar un mapa de brechas de capacitación antes de diciembre.

 

Financiamiento y gobernanza. Se registró discordia sobre la relación del TIP con el Fondo Verde para el Clima. Algunos miembros propusieron una ventanilla exclusiva; otros temen burocratizar el acceso. Hasta resolverlo, el TIP deberá reportar necesidades financieras de forma desagregada en su informe anual.

 

La falta de definiciones claras amenaza con relegar al TIP a un repositorio documental, mientras la demanda de transferencia tecnológica crece año tras año.

 

10. Transición justa: promesa social o expediente burocrático

 

El Programa de Trabajo sobre Transición Justa y Desarrollo Sostenible (PTJ) continúa sin definición operativa. Bonn celebró consultas informales centradas en estructura, gobernanza y financiamiento, reafirmando la necesidad de una hoja de ruta antes de 2026.

 

Gobernanza participativa. Varias partes propusieron establecer un comité asesor con representación tripartita (gobiernos, empleadores, trabajadores) y participación de pueblos indígenas. Australia y Canadá sugirieron integrar expertos independientes para asegurar rigor técnico. Algunos países en desarrollo temen que un órgano tan amplio ralentice decisiones.

 

Temas prioritarios. El borrador consolidado identifica cinco áreas: planificación sectorial, formación laboral, protección social, enfoque de género y gobernanza multinivel. Los sindicatos insistieron en que la agenda no se limite a “mitigar impactos negativos”, sino que maximice beneficios distributivos de la transición energética.

 

Financiamiento dedicado. Delegaciones del G-77/China señalaron la ausencia de líneas específicas en los fondos climáticos existentes y pidieron habilitar una ventanilla de transición justa en el GCF. Reino Unido y Alemania respaldaron explorar instrumentos de garantía para proyectos generadores de empleo verde. No hubo acuerdo sobre la proporción de subvenciones frente a préstamos.

 

Resultados de Bonn. El texto remitido al SBI solicita que la Secretaría prepare opciones de gobernanza y financiamiento para Belém, incluyendo criterios de seguimiento de impacto social en proyectos climáticos. La fecha objetivo es abril de 2026.

 

El avance es modesto pero estructural: por primera vez se consolidan ámbitos temáticos y se reconoce la necesidad de financiamiento específico, aunque sin compromisos numéricos ni mecanismo legalmente vinculante.

 

11. Actores no estatales: pasillos llenos, micrófonos vacíos

 

Las negociaciones de Bonn ya no son solo asunto de diplomáticos. Casi 2 400 observadores —ONG, sindicatos, pueblos indígenas, empresas, universidades— se acreditaron este año, un récord que confirma la “multitud de pasillo”. Sin embargo, el diseño del proceso sigue centrado en las Partes: los grupos externos pueden leer declaraciones de tres minutos, pero no pueden proponer texto ni votar. Esa asimetría se traduce en tres tensiones:

• Acceso desigual. Las organizaciones del Sur global denunciaron que los altos costos de viaje y alojamiento en Alemania limitaron su delegación; YOUNGO propuso visados electrónicos exprés y alojamientos asequibles para COP30.
• Captura corporativa. CAN exigió que se declaren conflictos de intereses y se prohíba el patrocinio de empresas fósiles en los eventos oficiales.
• Equidad de la voz. Aunque los observadores enriquecen el debate con expertise social, su capacidad de incidir depende de la apertura política de la Presidencia y de la voluntad de las Partes. En Bonn, varias sesiones técnicas se trasladaron a salas pequeñas sin audio público, cerrando la puerta a intervenciones externas.

 

El resultado es un contraste creciente: la sala plenaria rebosante de credenciales y, al mismo tiempo, decisiones que todavía se redactan a puerta cerrada. Sin reformar las reglas de participación, la legitimidad del régimen corre el riesgo de depender más de la foto que del fondo.

 

12. Lo que no se resolvió (y por qué importa)

 

Pese a doce días de agenda, los órganos subsidiarios cerraron dejando “progresos capturados en documentos sin estatus formal”. Las principales deudas son:

1. Financiamiento. Sin cifras nuevas sobre la Hoja de Ruta Bakú-Belém, el compromiso de movilizar 1,3 billones US$ sigue siendo un concepto sin arquitectura financiera.
2. Tecnología. El TIP quedó en punto muerto, sin acuerdo sobre su aporte a la transición energética ni sobre si incluir combustibles de transición.
3. Mitigación. El MWP pospuso la discusión sobre eliminación de subsidios fósiles.
4. Eficiencia del proceso. Persisten divergencias sobre limitar el tamaño de las delegaciones y racionalizar la agenda.

 

Esta lista de pendientes no es menor: sin claridad financiera, tecnológica y procedimental, Belém recibirá más corchetes que propuestas maduras, ampliando la brecha entre la urgencia climática y la diplomacia.

 

13. De Bonn a Belém: escenarios y apuestas

 

Belém 2025 será la primera COP amazónica y el momento de presentar la hoja de ruta de 1,3 billones, el paquete de implementación del Global Stocktake y las nuevas NDC. Tres vectores definirán el tono:

• Batallas de agenda. Los LMDC anticipan reabrir Artículo 9.1 y medidas comerciales; la UE quiere centrar el plenario en la síntesis de NDC y la ambición de 1,5 °C.
• Maratón financiera. Sin un borrador sólido, los ministros de economía deberán negociar en paralelo al segmento de alto nivel; la falta de avance augura largas noches amazónicas.
• Legitimidad social. YOUNGO y CAN exigirán garantías de derechos humanos y transparencia logística en el Host Country Agreement.

 

La presidencia brasileña enfrenta el reto de balancear pragmatismo —evitar otro bloqueo de agenda— y ambición —convertir la COP en catalizador de recursos reales—. Un escenario optimista implicaría adoptar al menos decisiones marco en financiación y transición justa. El pesimista, repetir la parálisis de Bonn con mayor atención mediática y menor margen de maniobra.

 

14. Claves para América Latina y el Caribe

 

La región llega dividida entre AILAC, ALBA, Brasil y grupos afines, pero comparte tres urgencias:

1. Finanzas concesionales. Los países de renta media temen quedar atrapados entre la etiqueta de “demasiado ricos” para subvenciones y “demasiado pobres” para crédito comercial. El debate sobre acceso y tasas preferenciales será decisivo.
2. Transición justa productiva. Las economías intensivas en commodities buscan apoyo para diversificar exportaciones sin perder empleo. La ausencia de líneas específicas en el GCF limita la planificación.
3. Sinergias NDC-ODS. Con la mirada puesta en el Foro Político de Alto Nivel 2025, varios gobiernos exploran integrar metas de salud, género y trabajo decente en sus nuevas NDC, alineando financiamiento climático con ODS prioritarios.

 

Además, Belém ofrece una ventana diplomática: Brasil, como anfitrión, podría articular un bloque latinoamericano que negocie en paquete financiamiento, adaptación y transición justa, elevando la voz regional frente a los grandes emisores.

 

15. Conclusiones: cinco lecciones de un proceso empantanado

 

1. El tiempo es poder. Treinta horas de bloqueo inicial demostraron que quien controla la agenda controla el resultado; la pérdida de tiempo favorece a las delegaciones con más recursos y abogados.

 

2. Sin dinero no hay texto. El Artículo 9.1 sobre obligación de financiamiento condiciona toda conversación de ambición: los países en desarrollo no firmarán metas más duras sin garantías financieras sólidas.

 

3. Participación limitada erosiona legitimidad. Observadores abundan, pero siguen en la periferia de la decisión; la presión por transparencia y captura corporativa crecerá en Belém.

 

4. Ciencia referenciada, pero no internalizada. Tomar nota del informe de la OMM sobre 1,34-1,41 °C sin ajustar metas muestra la brecha entre evidencia y política.

 

5. América Latina necesita coordinarse. Fragmentada, la región dispersa su influencia; un frente común podría negociar condiciones de acceso a financiamiento y mecanismos de transición justa más favorables.

 

Bonn 2025 no fracasó, pero tampoco encendió motores. Dejó el tablero lleno de piezas sin encajar y amplió la presión sobre la presidencia brasileña. Lo que ocurra (o no) en la selva amazónica dirá si la diplomacia climática puede acelerar a la velocidad de la ciencia.