Entre urgencias y horizontes. Sindicatos frente a la descarbonización y la digitalización.

Versión elaborada a partir de la convocatoria  a debatir sobre el tema del título en el V congreso internacional de relaciones del trabajo organizado por la carrera de relaciones del trabajo de la facultad  de ciencias sociales de la Universidad de Buenos Aires, celebrada los días 13 al 15 de mayo del 2026

Nota metodológica.

Este documento no pretende reemplazar la intervención oral originalmente preparada. Hace otra operación: toma aquella intervención como texto base y la convierte en un desarrollo teórico más estable, apto para circular como documento de discusión, insumo doctrinario o marco conceptual para una presentación sindical. Por eso conserva la tesis central, pero cambia el género: ya no habla solo para una mesa; intenta construir una arquitectura conceptual.

La distinción es importante. En la intervención oral, la fuerza está en la frase que ordena, en la imagen que ayuda a recordar, en la cadencia que permite escuchar. En el documento teórico, en cambio, la fuerza debe estar en la progresión: problema, tesis, categorías, consecuencias institucionales y propuesta. Miremos entonces el mismo problema con otro paso: menos urgencia de escenario, más densidad de fundamento.

El texto trabaja con una regla de prudencia metodológica: cuando se invocan documentos internacionales, normas o informes, se los utiliza como fuentes de apoyo para el razonamiento; cuando se formula una lectura crítica sobre sus consecuencias, esa lectura es elaboración propia. En particular, se toman como referencias de encuadre las Directrices de la OIT para una transición justa hacia economías y sociedades ambientalmente sostenibles para todos, el reconocimiento del derecho a un entorno de trabajo seguro y saludable como principio y derecho fundamental en el trabajo, el Sexto Informe de Evaluación del IPCC y los debates normativos recientes de la OIT sobre trabajo decente en la economía de plataformas.

Introducción: dos tiempos, una misma disputa

El título “Entre urgencias y horizontes” contiene, casi sin decirlo, una teoría del tiempo sindical. Las urgencias empujan: crisis climática, reconversión productiva, pérdida de empleo, calor extremo, automatización, plataformas, vigilancia digital, minerales críticos, nuevas cadenas de valor. El horizonte, en cambio, exige levantar la mirada: qué modelo productivo se construye, quién lo gobierna, qué derechos lo limitan, quién captura los beneficios y quién paga los costos.

Esa tensión temporal no es un detalle retórico. Es el núcleo del problema. Un sindicalismo encerrado en la urgencia corre detrás de hechos ya consumados. Llega cuando la inversión ya se decidió, cuando el algoritmo ya gobierna, cuando el contrato comercial ya organizó la cadena, cuando el territorio ya fue afectado, cuando el trabajador ya perdió poder de negociación. Pero un sindicalismo que habla solo de horizontes, sin pisar la urgencia concreta, puede terminar refugiado en una bella arquitectura de palabras mientras el mundo real sigue moviéndose por debajo.

La cuestión, entonces, no es elegir entre urgencia y horizonte. Es aprender a actuar en los dos tiempos al mismo tiempo.

La descarbonización y la digitalización obligan a ese doble movimiento. No son fenómenos menores ni laterales. Tampoco son simples actualizaciones técnicas de una economía que permanece igual a sí misma. Son dos formas contemporáneas de reorganización del poder productivo. La primera reorganiza la base material de la economía: energía, minerales, transporte, infraestructura, industria, comercio internacional y territorios. La segunda reorganiza la forma de dirigir, medir, controlar y valorizar el trabajo: datos, algoritmos, plataformas, inteligencia artificial, automatización, vigilancia y fragmentación empresarial.

Desde esta perspectiva, el problema sindical no consiste en “adaptarse” prolijamente a transformaciones definidas por otros. Ese verbo —adaptarse— conviene mirarlo con cuidado. Puede significar inteligencia práctica frente al cambio; pero también puede esconder una renuncia: aceptar como natural una dirección social ya impuesta. La pregunta decisiva no es si habrá descarbonización y digitalización. La pregunta es quién las gobierna, con qué derechos, con qué distribución de costos y beneficios, y con qué capacidad real de intervención de los trabajadores.

1. La doble transición como reorganización del poder

La transición ecológica suele presentarse como una respuesta necesaria a la crisis climática. Y lo es. El diagnóstico científico acumulado muestra que la reducción de emisiones, la adaptación y la transformación de sistemas energéticos, industriales, urbanos y de transporte no pueden postergarse indefinidamente. Pero decir eso no alcanza. El problema no se agota en constatar la necesidad de cambiar tecnologías, porque toda tecnología viene dentro de una organización social: alguien la financia, alguien la produce, alguien la opera, alguien la controla, alguien la regula y alguien soporta sus riesgos.

La descarbonización, por lo tanto, no es solo una sustitución de combustibles. Es una reconfiguración de cadenas productivas, territorios, infraestructura, inversiones, reglas de comercio, formas de empleo y relaciones geopolíticas. Puede abrir oportunidades para reducir emisiones y crear empleo de calidad. Pero también puede reproducir dependencia, profundizar extractivismos, precarizar nuevas ocupaciones y trasladar costos ambientales y laborales hacia regiones con menor capacidad de negociación.

Algo similar ocurre con la digitalización. Se la suele presentar como innovación, eficiencia, modernización o flexibilidad. A veces efectivamente mejora procesos, reduce esfuerzos físicos, amplía capacidades de gestión o permite nuevas formas de cooperación. Pero en el mundo del trabajo también puede intensificar la subordinación: control permanente, evaluación continua, asignación algorítmica de tareas, sanciones invisibles, desconexiones unilaterales, opacidad decisoria y debilitamiento de la organización colectiva.

La novedad técnica no elimina la vieja pregunta del derecho del trabajo. La desplaza. Antes preguntábamos quién manda dentro del establecimiento, bajo qué límites y con qué derechos. Ahora debemos preguntar también quién manda dentro de la cadena, dentro del software, dentro del contrato de suministro, dentro de la plataforma, dentro del sistema de datos y dentro de la infraestructura climática.

La modernización puede cambiar el decorado del poder. No necesariamente lo democratiza.

2. Lo digital pesa; lo verde también puede ensuciar

Una de las grandes ficciones contemporáneas consiste en imaginar que lo digital es inmaterial. La palabra “nube” ayudó bastante a ese equívoco. Parece liviana, flotante, casi limpia por definición. Pero la digitalización necesita una materialidad intensa: centros de datos, energía, litio, cobre, tierras raras, agua, cables submarinos, puertos, logística, mantenimiento, seguridad, trabajo técnico y trabajo precarizado alrededor de sus bordes.

La transición verde tiene una ficción parecida. Se la imagina limpia porque su finalidad declarada es reducir emisiones. Sin embargo, una cadena productiva puede estar asociada a una tecnología baja en carbono y al mismo tiempo organizar explotación laboral, afectación territorial, presión sobre el agua, tercerización abusiva o exclusión de comunidades. El adjetivo “verde” no absuelve por sí mismo. Necesita prueba institucional: condiciones de trabajo, participación, información, consulta, protección ambiental, reparto de beneficios, fiscalización y control democrático.

Este es un punto crítico para la acción sindical. Si los sindicatos aceptan sin discusión que todo lo verde es justo y que todo lo digital es progreso, quedan atrapados en el lenguaje de la innovación sin poder interrogar sus relaciones de poder. En cambio, si rechazan todo cambio por principio, corren el riesgo de quedar fuera de las decisiones estratégicas. La salida no está en la celebración ingenua ni en la resistencia abstracta. Está en disputar las condiciones de posibilidad de la transición.

Dicho de otro modo: no se trata de negar la descarbonización ni de negar la digitalización. Se trata de impedir que ambas se conviertan en dispositivos de transferencia de costos hacia trabajadores y territorios con menor poder de defensa.

3. El litio como escena concreta de la transición

El litio permite bajar a tierra una discusión que, de otro modo, podría quedar demasiado general. La transición energética no ocurre en una nube verde flotando sobre la economía. Ocurre en salares, rutas, camiones, puertos, plantas, permisos ambientales, contratos de inversión, acuerdos comerciales, comunidades, trabajadores, proveedores, consultoras, bancos de desarrollo, empresas transnacionales y Estados con capacidades desiguales.

Desde América Latina, el riesgo es conocido. La región puede quedar ubicada como proveedora de naturaleza barata, energía barata, agua barata y trabajo subordinado, mientras otros segmentos de la cadena capturan conocimiento, patentes, financiamiento, baterías, vehículos eléctricos, renta industrial y poder tecnológico. Si eso ocurre, la transición energética no superará la vieja división internacional del trabajo. La actualizará con vocabulario climático.

Por eso el litio no debe ser leído solamente como oportunidad económica. Debe ser leído como prueba institucional. La pregunta no es solo cuántas toneladas se extraen ni cuántos dólares ingresan. La pregunta es qué tipo de empleo se crea, qué valor queda en el territorio, qué capacidades industriales se desarrollan, qué protección ambiental se garantiza, qué participación tienen comunidades y sindicatos, qué responsabilidad asumen las empresas principales y qué instrumentos públicos ordenan la cadena.

Si la transición se limita a cambiar petróleo por litio sin cambiar las relaciones de dependencia, no estamos ante una transición justa. Estamos ante una modernización verde del viejo extractivismo.

4. Derecho crítico del trabajo: del contrato a la gobernanza de la producción

El derecho del trabajo nació de una constatación sencilla y radical: la relación laboral no es una relación entre iguales. Bajo la apariencia formal del contrato, existe una relación social atravesada por poder, dependencia económica, subordinación jurídica y asimetría material. Esa fue su intuición fundante. Allí está su grandeza y también su desafío actual.

Durante buena parte del siglo XX, el derecho del trabajo pudo ordenar su intervención alrededor de figuras relativamente visibles: empleador, trabajador, establecimiento, jornada, salario, convenio colectivo, inspección. Esa arquitectura sigue siendo imprescindible, pero ya no alcanza para explicar todo el poder que organiza el trabajo. Hoy una decisión laboral puede estar escrita en un algoritmo, en un contrato comercial global, en una cadena de subcontratación, en una política de datos, en una cláusula de inversión, en un proveedor tecnológico o en una plataforma que niega ser empleadora mientras dirige buena parte de la actividad.

De allí surge la necesidad de ampliar la mirada. No se trata de abandonar el contrato de trabajo, sino de inscribirlo en una teoría más amplia de la gobernanza de la producción. El trabajador no solo queda subordinado a una orden directa; también puede quedar subordinado a arquitecturas empresariales, tecnológicas y financieras que organizan la actividad sin aparecer siempre como empleador formal.

Una teoría crítica del derecho del trabajo debe, entonces, formular nuevas preguntas: qué poderes habilita una tecnología; qué riesgos externaliza una cadena; qué responsabilidades se diluyen en la tercerización; qué derechos quedan debilitados por la opacidad algorítmica; qué capacidad de intervención pierde el sindicato cuando la decisión se desplaza fuera del establecimiento; qué instituciones necesitamos para volver jurídicamente visible ese poder.

El derecho del trabajo nació para civilizar el poder privado dentro de la fábrica. Hoy tiene que aprender a civilizar el poder privado dentro de la cadena global, dentro del algoritmo, dentro del territorio extractivo y dentro de la infraestructura climática.

5. Víctimas, vehículos y vectores: una categoría sindical para la doble transición

En muchos debates sobre transición justa, los trabajadores aparecen como víctimas. Y esa dimensión no puede minimizarse. Son víctimas cuando pierden empleo por cierres o reconversiones mal gestionadas; cuando soportan calor extremo, inundaciones, sustancias peligrosas o riesgos biológicos; cuando son desplazados por automatización sin formación ni protección; cuando ingresan a plataformas sin seguridad social suficiente; cuando la vigilancia digital erosiona su salud mental y su autonomía.

Pero esa lectura, aunque necesaria, queda corta. Los trabajadores también son vehículos materiales de la transición. Sin trabajo no hay energías renovables, transporte público, gestión de residuos, infraestructura, cuidados, salud pública, redes eléctricas, mantenimiento digital, adaptación climática, electromovilidad ni producción limpia. La transición no la hace la nube, no la hace el mercado por generación espontánea y no la hace la tecnología sola. La hacen personas que trabajan.

El tercer paso es el decisivo: los trabajadores deben ser vectores. Es decir, sujetos capaces de orientar, controlar, corregir y disputar el rumbo de las transformaciones. No solo soportar daños. No solo ejecutar decisiones ajenas. Participar en el diseño, la evaluación, la negociación y el control de la transición.

La tríada permite ordenar el debate: víctimas cuando soportan los daños; vehículos cuando hacen materialmente posible la transformación; vectores cuando participan en su orientación democrática. Las urgencias nos muestran al trabajador como víctima. Los horizontes nos obligan a pensarlo como vector.

6. Instituciones para una transición gobernada desde el trabajo

6.1. Información previa: ver antes de que el daño se vuelva irreversible

La primera herramienta es el derecho a la información. Sin información, la participación se vuelve decorativa. El sindicato necesita conocer inversiones, cambios tecnológicos, impactos laborales, mapas de riesgo, estructuras de contratación, datos ambientales, modificaciones de procesos, criterios de automatización y decisiones de reconversión antes de que se conviertan en hechos consumados.

Esto exige salir de una idea estrecha de información laboral. Ya no basta con recibir datos salariales o de plantilla cuando la decisión real está en otro lugar. La información relevante puede estar en el plan de inversión, en el contrato con el proveedor tecnológico, en la matriz de riesgos ambientales, en el estudio de impacto, en el software de asignación de tareas o en la cadena de suministros.

6.2. Participación temprana: no llegar cuando la política ya fue escrita

La participación sindical debe ocurrir en la etapa de diseño. Participar al final, cuando todo está decidido, es una forma elegante de legitimar decisiones ajenas. La transición justa exige intervención temprana: antes de cerrar plantas, antes de introducir tecnologías de vigilancia, antes de reorganizar turnos, antes de contratar plataformas, antes de automatizar procesos, antes de abrir nuevas cadenas extractivas y antes de prometer empleo verde sin discutir sus condiciones.

La participación temprana permite hacer visible lo que la decisión tecnocrática suele dejar afuera: experiencia laboral, riesgos concretos, conocimiento del proceso, impactos sobre la salud, desigualdades internas, problemas de género, contratistas invisibles, tareas tercerizadas, fallas de mantenimiento y efectos territoriales.

6.3. Negociación colectiva ampliada: la mesa debe entrar en la cadena, el algoritmo y el territorio

La negociación colectiva tradicional sigue siendo central, pero necesita ampliar su radio de acción. Si la economía funciona por cadenas de valor, contratistas, plataformas, datos, logística, financiamiento y territorios, la negociación no puede quedar encerrada dentro de las paredes del establecimiento mientras las decisiones relevantes se toman afuera.

Una agenda colectiva para la doble transición debería incorporar cláusulas sobre transición justa, información previa, evaluación de impacto laboral, consulta sindical, formación profesional, reconversión, salud y seguridad climática, gestión algorítmica, protección de datos laborales, desconexión digital, vigilancia tecnológica, responsabilidad de empresas principales, debida diligencia, salvaguardas ambientales y participación comunitaria.

Esto no significa agregar temas por acumulación. Significa reconocer que el salario, la salud, el empleo, la jornada, la formación y la libertad sindical ya están atravesados por esas decisiones. La negociación colectiva no se “ambientaliza” ni se “digitaliza” por moda. Lo hace porque el poder que organiza el trabajo se ha ambientalizado y digitalizado.

6.4. Salud y seguridad en el trabajo como gobernanza del riesgo

El reconocimiento del derecho a un entorno de trabajo seguro y saludable como principio y derecho fundamental en el trabajo cambia el piso de la discusión. La salud laboral frente a la doble transición no puede quedar reducida a elementos de protección personal. Casco, guante y matafuego importan, claro. Pero no alcanzan cuando el riesgo está en el diseño del proceso, en el calor extremo, en la intensificación del ritmo, en la exposición química, en la vigilancia permanente, en la fatiga digital, en los riesgos psicosociales o en la pérdida de control sobre la organización del trabajo.

Por eso conviene hablar de gobernanza del riesgo. Esto implica evaluación previa, información, consulta, participación sindical, jerarquía de controles, formación, registro, trazabilidad, fiscalización, canales de denuncia, protección frente a represalias y derecho a interrumpir tareas peligrosas. En un mundo de transición climática y tecnológica, la salud laboral no es un anexo técnico. Es una forma de democracia industrial.

6.5. Control democrático de algoritmos

Si un algoritmo organiza el trabajo, asigna tareas, mide rendimientos, define reputaciones, sanciona conductas o desconecta trabajadores, no puede quedar fuera del derecho del trabajo. No alcanza con decir que se trata de una herramienta técnica. Una herramienta que decide sobre la vida laboral no es neutral. Es una forma de dirección empresarial.

De allí surge una agenda mínima: transparencia sobre los criterios utilizados, explicación comprensible de decisiones automatizadas, revisión humana efectiva, auditoría sindical o independiente, protección de datos laborales, prohibición de vigilancia desproporcionada, límites al uso disciplinario de métricas opacas y negociación colectiva sobre sistemas de gestión algorítmica.

7. Transición justa: no compensación tardía, sino democracia económica

La transición justa suele ser reducida a una política de compensación: si se cierra una actividad contaminante, se asiste a los trabajadores afectados. Esa dimensión es necesaria, pero insuficiente. Una transición justa no puede limitarse a administrar daños después de la decisión productiva. Debe intervenir antes, en el diseño del modelo.

Por eso, la transición justa debe discutir qué se produce, cómo se produce, para quién se produce, con qué energía, con qué tecnología, bajo qué propiedad, con qué trabajo, con qué participación y con qué distribución de beneficios. No es una ambulancia social al final del camino. Es una política de reorganización democrática de la economía.

Esta afirmación tiene consecuencias concretas. La política industrial no puede ser neutral frente al trabajo. La política climática no puede ignorar empleo, salud, formación y protección social. La política digital no puede tratar a los datos laborales como una propiedad exclusiva de la empresa. La política comercial no puede promover cadenas “verdes” sin exigir derechos. Y la política sindical no puede limitarse a defender lo existente si lo existente también produce daño ambiental o precarización.

El desafío es más exigente: construir una alianza entre trabajo decente, justicia social y protección ambiental. No como consigna amable, sino como criterio de diseño institucional.

8. Objeciones necesarias

Objeción 1: ¿no es demasiado amplio para la agenda sindical?

La primera objeción diría que esta agenda es demasiado amplia. Que el sindicato ya tiene suficientes problemas con salario, empleo y condiciones de trabajo como para sumar litio, algoritmos, clima, datos, cadenas de valor y geopolítica. La objeción parece razonable, pero parte de una premisa equivocada: supone que esos temas están afuera del trabajo. No lo están.

El cambio climático afecta la salud laboral, la jornada, la productividad, la seguridad, la continuidad del empleo y los territorios donde viven los trabajadores. La digitalización afecta la subordinación, la vigilancia, la negociación, la formación, la estabilidad y la distribución del poder dentro de la empresa. Las cadenas de valor afectan contratistas, tercerización, responsabilidad empresaria y salarios. Por lo tanto, no se trata de ampliar artificialmente la agenda sindical. Se trata de reconocer dónde se está desplazando el poder que ya organiza el trabajo.

Objeción 2: ¿no puede la tecnología resolver parte de los problemas?

Sí, puede. Y conviene decirlo para no caer en una crítica automática. La tecnología puede reducir tareas peligrosas, mejorar diagnósticos, ahorrar energía, monitorear emisiones, prevenir accidentes, aumentar productividad y facilitar formación. El problema no es la tecnología en sí. El problema es su gobierno social.

Una misma herramienta puede servir para prevenir riesgos o para intensificar ritmos; para transparentar procesos o para vigilar trabajadores; para democratizar información o para concentrar poder; para mejorar empleos o para fragmentarlos. Por eso, la pregunta sindical no es tecnología sí o tecnología no. La pregunta es tecnología bajo qué reglas, con qué participación, con qué límites, con qué derechos y con qué reparto de beneficios.

Objeción 3: ¿no corre el sindicato el riesgo de quedar atrapado entre empleo y ambiente?

Ese riesgo existe si el debate se plantea como una falsa oposición: de un lado, empleo; del otro, ambiente. Esa oposición puede ser funcional a empresas que degradan ambos: prometen empleo para evitar controles ambientales, o prometen transición verde para precarizar trabajo. El enfoque sindical debería romper esa trampa.

No hay justicia ambiental si se construye contra los trabajadores. Pero tampoco hay defensa seria del trabajo si se ignora que la degradación ambiental también destruye condiciones de vida, salud, territorios y empleos futuros. La tarea consiste en unir lo que el discurso dominante separa: protección del trabajo, protección de la salud, protección del ambiente y democratización del poder económico.

9. Agenda de acción: del diagnóstico a la herramienta

Para que este documento no quede en una formulación general, conviene cerrar con un cajón de herramientas. No como lista decorativa, sino como orientación práctica para abrir discusiones sindicales, normativas y de negociación.

Herramienta Uso estratégico

Información previa Exigir datos sobre inversiones, tecnologías, impactos laborales, riesgos climáticos, contratistas, algoritmos y cadenas de valor antes de que las decisiones sean irreversibles.

Participación temprana Intervenir en el diseño de políticas de reconversión, incorporación tecnológica, automatización, transición energética y reorganización productiva.

Negociación colectiva ampliada Incorporar cláusulas sobre transición justa, gestión algorítmica, datos laborales, formación, reconversión, salud climática, contratistas y debida diligencia.

Salud y seguridad como gobernanza del riesgo Pasar de una prevención limitada al equipo de protección personal a una estrategia de evaluación, control, participación, trazabilidad y derecho a interrumpir tareas peligrosas.

Control sindical de tecnologías Exigir transparencia, explicabilidad, auditoría, revisión humana y límites a la vigilancia digital y a las decisiones automatizadas.

Política industrial con trabajo decente Discutir agregación de valor, empleo local, formación técnica, compras públicas, encadenamientos productivos y distribución territorial de beneficios.

Alianzas con comunidades Construir estrategias que unan trabajo, ambiente, salud pública, derechos territoriales y participación democrática.

Conclusión: que el futuro no se diseñe sin trabajadores

La doble transición nos coloca ante una disputa de época. No se trata de elegir entre pasado y futuro. Esa es una forma pobre de presentar el debate. La verdadera disputa es entre un futuro organizado por el mercado, la tecnología y la geopolítica sin control democrático, y un futuro construido con trabajo decente, justicia social, protección ambiental y poder colectivo.

Los sindicatos no están para frenar la historia. Tampoco para aplaudir cualquier cambio que venga envuelto en lenguaje de innovación. Están para impedir que la historia vuelva a escribirse sobre la espalda de los trabajadores y de los territorios. Esa es su función democrática más profunda: introducir conflicto organizado allí donde el poder económico quiere presentar sus decisiones como inevitables.

La descarbonización puede ser una oportunidad civilizatoria o una nueva fase del extractivismo. La digitalización puede ampliar capacidades humanas o perfeccionar la subordinación. El resultado no está escrito en la tecnología. Se escribirá en las instituciones, en las relaciones de fuerza, en la negociación colectiva, en la política pública, en la acción sindical y en la capacidad de hacer visible lo que suele quedar oculto.

Entre las urgencias y los horizontes, la tarea sindical es clara: llegar a tiempo, disputar el sentido y construir herramientas para que la transición no sea una nueva administración de la desigualdad, sino una democratización profunda de la producción y de la vida social.

Bibliografía de referencia

• Intergovernmental Panel on Climate Change. (2023). Climate Change 2023: Synthesis Report. IPCC.

• Organización Internacional del Trabajo. (2015). Directrices de política para una transición justa hacia economías y sociedades ambientalmente sostenibles para todos. OIT.

• Organización Internacional del Trabajo. (2022). Resolución sobre la inclusión de un entorno de trabajo seguro y saludable en el marco de la OIT relativo a los principios y derechos fundamentales en el trabajo. OIT.

• Organización Internacional del Trabajo. (2025). Trabajo decente en la economía de plataformas. Documentos de la Conferencia Internacional del Trabajo, 113.ª y 114.ª reuniones. OIT.

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• Supiot, A. (1996). Crítica del derecho del trabajo. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

• Supiot, A. (2015). La gobernanza por los números. Fayard.

• Srnicek, N. (2018). Capitalismo de plataformas. Caja Negra.

• Standing, G. (2013). El precariado. Una nueva clase social. Pasado & Presente.