martes, 13 de mayo de 2025

Crónica Día 5 – Las palabras también pesan

.... y sobre la hora, directrices!

 

El amanecer de la duda

 

Comienza nuestra reunión de equipo. Día cinco y la sala sigue llena de siglas, papeles, miradas tensas y  ya extraño el café tibio de la mañana. Nos lanzamos de lleno a la Sección 5, pero no tardamos en notar que el lenguaje es un campo de batalla. Me piden que explique la “garantía de información” incluida en nuestra enmienda. Lo intento, con cautela. Cada palabra parece un equilibrio entre lo técnico y lo político, entre lo aspiracional y lo aceptable. Como queremos la información? La queremos suficiente, fundada, en términos que puedan ser atendidos y entendidos por quien la recibe,  con todo lo necesario para tomar una decisión responsable.


 

El lenguaje importa, pero el silencio también. Estamos atascados en el artículo 148. No podemos mencionar “trabajo precario”, una realidad que todos conocen pero nadie quiere nombrar. Así que buscamos un disfraz: “déficit de trabajo decente”. Suena más suave, más diplomático, pero también más ambiguo. ¿Nos traicionamos al suavizar la verdad? ¿O ganamos espacio para avanzar?

Hago aquí otras digresión: creo que estas batallas son parte de otras. Uno de las otras y que la precede es la de la construcción del concepto hasta transformarlo en sentido común o al menos, sentido “aceptado”. Lo hablaba ayer con Federico Parra, de WIEGO.  Se discutía en la plenaria un adjetivo para el sustantivo “precio”. En algún recodo de la discusión “adecuado” tuvo su oportunidad aunque finalmente no hizo honor a su razón de ser y ser transformó en su antónimo, pero lo importante a esta altura de mi cuento es que hablábamos de la tarea de construir el sentido de los adjetivos, y como mejor decía el compañero Parra, llenar ese cuenco vacío con nuestras aspiraciones, hacerlo un instrumento de nuestra narrativa. 

 

Construyendo sobre la historia (y la táctica)

 

Con la revisión completada, nos volcamos al apéndice. Lene de la oficina de Actrav, propone sumar resoluciones sobre salario mínimo y transición justa para fortalecerlo. ACTRAV es el nombre de la oficina de la OIT que se encarga de las Actividades de los TRAbajadores y asiste a las organizaciones sindicales en estos encuentros. Hay movimiento, pero también preguntas: ¿Estamos siendo estratégicos? Si el apéndice menciona, “entre otras…” por qué no dejar a la imaginación jurídica de los que vendrán después llenar ese “entre otras”? resolvemos que no, porque nadie puede afirmar que exista algo así como “la imaginación jurídica” y porque quienes dicen que se han topado con ella, se trata en verdad de una entidad maligna, nacida para causar daño… 

 

Me quedo rumiando una inquietud de la noche anterior. ¿Hemos fallado en nuestra estrategia argumentativa? Tratamos de justificar nuestras enmiendas apelando a la precedencia normativa. Pero si lo que buscamos es sostener una posición ética, ¿por qué no partir desde la pregunta clave?: ¿Está usted de acuerdo con remover este obstáculo que impide este resultado deseado? Si está de acuerdo con el objetivo, entonces su desacuerdo es con el instrumento o con la oportunidad? Si es con el instrumento, cual imagina que sería más eficaz? Si es con la oportunidad, cuando lo haríamos? 

 

Tal vez debimos ser más frontales. Si alguien no está de acuerdo con mi propuesta, pero sí con el objetivo que persigo, entonces ¿cómo propone alcanzarlo? Las preguntas simples revelan verdades complejas.

 

Volver al origen (cuando todo se enreda)

 

Ahora si en el plenario del último día.  Volvemos al párrafo 1.3. Queremos restituir el texto original.  Nos resistimos a aceptar la idea de que la población sea la causa del residuo. Ese tipo de culpabilización no tiene sustento ni justicia. 

En el 1.6., los empleadores se oponen al término “desguace”. Kan nos cuenta que en Pakistán hay más de un millón de trabajadores en ese sector. Lo que para algunos es un tecnicismo, para otros es pan de cada día, vida o muerte.

 

En el párrafo 11, Kan propone aceptar el texto como está. This document provides guidance on policy measures and actions that governments, employers,

workers and other key actors can implement to address decent work opportunities and challenges in recycling operations and other sectors in which recycling takes place.” Todos asentimos.

 

Choques ideológicos: lo mínimo que no es tan mínimo

 

Llegamos al 15.b. sobre la responsabilidad de la empresas de ajustarse a ciertos compromiso normativos Los empleadores se oponen a incluir las Directrices de la OCDE. El argumento? No  es un documento tripartito. Insistimos en que tampoco en un documento normativo, y estamos invitados a proponer buenas prácticas, y en “la casa” (ya le decimos la casa a la OIT como si fuéramos de toda la vida!) ya hay documentos que lo utilizan de referencia … pero no. red line para los empresarios.

Pero no estamos dispuestos a retroceder. Están en la Declaración de Empresas Multinacionales, tienen peso. Lo defenderemos. Y lo ganamos. Bueno. eso creemos.

 

Luego, presentamos un nuevo párrafo que parece de sentido común: que los gobiernos garanticen la aplicación efectiva de la legislación, que fomenten empresas sostenibles, que promuevan un marco estable… Queremos moverlo a otra sección. Por ahora, queda flotando.

Spoiler Alert! Lo que dejamos para después en estas negociaciones, si no significa que para nuestro jefe/sindicato/ socio/ gurú/ amor de la vida (elija usted) es red line tambien, quedara en el mismo saco de las frases tipo “el mes próximo empiezo la dieta” . Regla de las negociaciones: cuando anotes en un borrador “lo dejamos para después” estate preparado para tachar “después” al término de la jornada.

 

Sostenibilidad, diálogo y tecnología: una trinidad frágil

 

Volemos a reunión de grupo de trabajadores.

En el 21.i), Alex (prometo hacer ua sección contando los personajes)  propone mantener el texto entre corchetes. Tres nuevos subpárrafos son discutidos. Todos apuntan a lo mismo: crear un entorno favorable para las empresas sostenibles, invertir en tecnologías que mejoren las condiciones laborales, y diseñar políticas de formación y reconversión profesional con enfoque de justicia social.

 

Son textos tomados directamente de documentos oficiales, como el de la OIT de febrero, una discusión tripartita sobre salarios mínimos, que al parecer tuvo una problema serio: los sindicatos pensábamos que “mínimo” se refería a  algo así como @no me podes pagar menos de ….” Y del otro lado de la mesa “intentaremos pagarte lo mínimo….” , asi que, nuevamente, sustantivo correcto, adjetivo discutido. Aunque suenan impecables, no todos están convencidos. Aprobamos los tres. A veces hay que aprovechar las rendijas que deja la técnica para avanzar políticamente.

 

En el 21.vi, se sugiere reforzar la colaboración en los lugares de trabajo. Pero aquí hay algo extraño. La regla de colaboración de los trabajadores con los empleadores en los lugares de trabajo es una obligación por encima de la ya propia de la subordinación de la prestación laboral contratada y de las propias de la buena fe. Es una regla expresa que nace con la obligación patronal de garantizar un entorno de trabajo seguro, para lo cual ellos supeditan a que los trabajadores, beneficiarios de ese entorno, no la caguen -mi latín es esplendido! Es un regla que si bien molesta a la autoestima obrera ya que significa algo así como “no seas tan estúpido como para matarte con toda la plata que estoy gastando para cuidarte como si seas el Messi de la línea de montaje cuando no sos ni el 4 suplente del club de futbol del barrio” tiene su lógica. Nunca esta demás prestar atención. Todos hemos visto a Homero Simpson trabajando al lado nuestro. 

 

Pero la regla se ha sentido cómoda y ha empezado a expandirse a otros lugares de la empresa y pretende ahora engordar, ponerse bonita y mandona en el espacio que le deje todo aquello que admita los adjetivos “sustentable” y “productivo” . en todo el borrador de este documento y en el nuevo paisaje literario de “la casa” alguna pluma de los empleadores, el Banksy del capitalismo viene pintando grafittis de colaboración obrera activa YA con la empresa. 

 

Otro Spoiler Alert: soy un viejo mal llevado y todo lo que sea “hacer la amistad” como dicen las barras, me suena mal. Pero imagino que la vere seguir engordando y esta reglita que nació para cuidar a los trabajadores me saludara como regla protectora del “in dubio pro empresa”

 

Riesgos invisibles: una lucha por nombrar lo evidente

 

Llegamos al párrafo 102. Aquí se tensa todo. El texto original de la OIT reconoce que la industria del reciclaje, junto a la minería, la construcción, y el desguace de buques, es de las más peligrosas. Habla de riesgos biológicos, químicos, ergonómicos, psicosociales… Todo lo que ya sabemos.

 

Pero los empleadores no quieren que el reciclaje sea considerado riesgoso. Menos aún que se mencione la minería o el desguace. ¿Qué estamos discutiendo entonces? ¿La realidad o la narrativa?

 

Michel defiende el inciso q), que exige mínima exposición al riesgo, especialmente cuando no hay información suficiente. “mínima exposición al riesgo” es una regla que deberíamos incorporar en todos nuestros convenios, se desprende del nuevo derecho fundamental y es fácil de explicar. Los gobiernos aceptan. Los empleadores quieren rebajar todo a una “evaluación de riesgos”. Citamos directrices técnicas, apelamos a precedentes. Queda en corchetes, pero con dignidad.

 

Agregamos nuestros propios párrafos a la sección 103 (dedicado al quinto fundamental, derecho a un entorno seguro y saludable) . En el 104, se aprueba el inciso C, y el inciso J también pasa sin mayores sobresaltos.

 

Pero en el inciso K, se genera otro choque. Nuestra propuesta: asegurar acceso a sombra, agua potable, atención médica, instalaciones de lactancia. Los empleadores no quieren asegurar, quieren promover. Nos cuesta aceptar esa dilución. Pero terminamos acordando un texto intermedio.

 

Сlaro, les estoy hablando en chino, ni es asi? Major retrocedo y explico. 

La practica es que estos documento se dividen en la menos unidad de sentido posible. Por ejemplo este tiene secciones, estas a su vez subsecciones, y todo el documento esta dividido en parrafos.la discusión se hace parrafo por parrafo. Cada sector puede proponer modificaciones (enmiendas): agregar, quitar, cambiar. Las otras parte pueden aceptar, rechazar o proponer modificar el original e incluso la enmienda hecho por otro. Se les llama subenmiendas. Como se lee eso?  Asi:

 

Entre sombras, corchetes y esperanzas

 

A medida que el día avanza, volvemos a enfrentar esa tensión constante: hasta dónde ceder para avanzar, hasta dónde insistir aunque nos dejen en corchetes. A veces ganamos terreno con pequeños cambios. Otras veces perdemos todo al elegir una palabra.

 

Pero seguimos…. Pero antes…

Учздшсфтвщ уд срштщ (explicando el chino)

 

Сlaro, les estoy hablando en chino, no es así? Mejor retrocedo y explico. 

La práctica es que estos documento se dividen en la menos unidad de sentido posible. Por ejemplo este tiene secciones, estas a su vez subsecciones, y todo el documento está dividido en párrafos. la discusión se hace párrafo por párrafo. Cada sector puede proponer modificaciones (enmiendas): agregar, quitar, cambiar. Las otras parte pueden aceptar, rechazar o proponer modificar el original e incluso la enmienda hecho por otro. Se les llama subenmiendas. Como se lee eso?  Asi:

 

 

Y mientras cae la noche, se forman nuevos equipos, se redactan nuevas versiones, y se preparan los discursos que mañana intentarán mover montañas con comas y conectores.

El precio del trabajo y la dignidad de nombrarlo

Entramos en la segunda plenaria del día. Comienza la sección 4 destinada a la protección social. En el párrafo 107,  hay acuerdo. Un raro momento de paz, rara ya que el 107 dice:

Sobre esa media de informalidad, en el sector del reciclaje vinculado a la gestión de residuos, suele pasar del ochenta por ciento. 

En el 109b, relative a las obligaciones de los gobiernos respecto del acceso a la proteccion social  (analyse and identify the specific barriers faced by recycling workers in accessing social protection, bearing in mind the conditions of precarity in the sector heterogeneous nature of the workforce and the specific contexts and value chains of recycling;) los empleadores piden cambiar  la precariedad por la “deficiencia de trabajo decente”. Volvemos al problema del lenguaje: nombrar una carencia como déficit ofende menos que como precariedad, pero también la esconde.

En el 109c hay una enmienda que no entiendo. Por suerte, los empleadores la retiran porque no todo conflicto necesita una batalla. En el 109 inciso e) se elimina nuestra enmienda que contenía el pedido del reconocimiento y reparación histórica, es decir, reconocer a los trabajadores informales los años trabajados en esa situación a los fines de acceder a los beneficios de la protección social. Los gobiernos no están muy convencidos y nadie quiere forzar la discusión. Se hace constan en actas que se sobreentiende que se brindara protección social en los términos de la propuesta general de esta sección. En el 109h, los gobiernos aceptan reforzar a los inspectores, algo fundamental, aunque la idea original era brindarles más facultades, terminamos acordando en mejor entrenamiento y más capacitación.. El 109j, donde incluimos una batería de medidas de financiamiento público para sostener la transición hacia el trabajo decente en linea con la directrices de transición justa,  lo retiramos por la fuerte oposición de los empleadores. Ganar espacio a veces requiere saber cuándo dejar ir.

Transición justa: ¿promover o asegurar?

En la sección 4.2, las condiciones de trabajo toman el centro del debate. En el párrafo 112 proponemos asegurar una transición justa, pero los empleadores quieren “promover”, “fomentar”, “avanzar”. Nos remitimos al documento del 2023, donde ambas formas conviven. En la versión en español dice “promover”, en la inglesa dice “ensure”. Pedimos revisar. Palabras que parecen sinónimos se convierten en trincheras pero se acuerda un parrafo final.

Retiramos la 115 donde proponíamos en las descripciones de las formas de empleo algunas de difícil caracterización, y creo que ganamos con la simplificación,  También la 117 a)  intentamos involucrar las las cadenas globales pero los empleadores se niegan porque …. No son sus representados…. En 117 c) establecemos obligaciones para los gobiernos para garantizar la igualdad y la protección de los migrantes. Hay un nuevo párrafo de los empleadores. Parece inocente, pero suena a condicionamiento .

Reunión de último minuto: el grupo de trabajadores se reorganiza

Probablemente esta sea la última reunión del grupo. Revisamos el 119, el 128. 

Los traductores llegan tarde así que quizás hallamos acordado una estrategia solida o comprar una isla en el mediterráneo, aun no lo sabemos. Entre no estar seguros de si la versión multienmendada que tenemos en nuestras computadoras es la última, la anteúltima, o la próxima,  y las dificultades del lenguaje técnico de los documentos de la OIT, avanzamos a fuerza de actitud.

Volvemos a plenaria sabiendo que nada más importa. Los empleadores sugieren que los trabajadores participen en la fijación del salario mínimo según legislación nacional. A primera vista suena bien. Pero el “según” nos preocupa. ¿Qué pasa si en un país no hay legislación? ¿Y si está diseñada para excluir? Ese pequeño adverbio relativiza un derecho.

Quieren insertar párrafos sobre promover el diálogo social, las conclusiones de la OIT en materia de salarios, y la igualdad de remuneración. Los textos no molestan, pero su intención parece diluir más que empoderar.

 

Horas de trabajo: género, exposición y omisiones

 

En el 118 logramos un reconocimiento clave: la vulnerabilidad de género por alta exposición a riesgos en el reciclaje. Aceptada con correcciones. En el 120 también hay acuerdo sobre las horas nocturnas. El nuevo párrafo 123 nos retrasa, pero es vital: propone monitorear las horas de trabajo, denunciar violaciones y colaborar con autoridades laborales. Suena obvio, pero no es menor y también, una debate que ha sido recurrente en esta semana: incluir a la negociación colectiva como una especie del género “dialogo social” no se enuncia de ese modo, nadie lo dice así, pero es uno de los elefantes que pasean por la habitación.

En el 127 reaparece el viejo debate: ¿precio justo o precio adecuado? Parece semántico, pero es profundamente político. El precio justo implica una revalorización estructural. El adecuado es más relativo, más negociable. Una forma de controlarlo sin cuestionarlo. Para los empleadores el “precio” es innegociable, intratable, esta reunión no tiene competencia para tratar el tema y otros etcétera. Una pena, porque las externalidades negativas son el jinete que pasea arriba de los elefantes. 

Negociación de precios: un derecho esquivo.

En el 128, los empleadores insisten en que el derecho a participar en la fijación de salarios debe ajustarse a la legislación nacional. Un recorte encubierto. Proponen “promover el comercio justo”, pero se niegan a mencionar “precio justo”. Rechazan incluso que se hable de campañas de sensibilización. Todo lo que implique empoderamiento fuera del salario directo les resulta sospechoso.

En el 129, (Welfare and well-being facilities comprise feeding facilities, rest facilities, recreation facilities excluding holiday facilities, and transportation facilities to and from work where ordinary public transport is inadequate or impracticable. The Welfare Facilities Recommendation, 1956 (No. 102) defines key principles and standards for workplace facilities as part of OSH considerations. The Workers' Housing Recommendation, 1961 (No. 115) provides guidance for the housing of workers in the recycling sector, including those who are self-employed and aged, retired or physically handicapped persons. Measures to improve workers’ welfare and well-being facilities should complement OSH measures in order to ensure that workers are safe, healthy, satisfied and engaged at work and be part of an integrated approach to occupational and community health in recycling areas, considering that housing precariousness and the lack of basic services are also structural risk factors for health.) intentamos introducir el Convenio 177 sobre trabajo a domicilio, pero no hay forma. También se oponen a incluir medidas para apoyar campañas. No quieren ver al trabajador fuera del marco patronal. La mediación de los gobiernos a favor del derecho de peticionar parece torcer la balanza a nuestro favor.

 

Violencia, alojamiento y silencios necesarios

 

En el 134 aceptan nuestro subpárrafo y logramos un sistema de reporte anónimo y seguimiento de la violencia, así como garantías para los representantes sindicales cuando viajen para inspección o campanas. Ellos hablan de cooperación del trabajador para garantizar su propia seguridad. Un equilibrio incómodo entre derecho y responsabilidad. En el 135, Fidji, cuyo gobierno será durante toda la reunión un aliado sereno de las posiciones mas protectoras,  insiste con apoyar las campañas sindicales de sensibilización, ofrecer  alojamiento y mejoras, pero no conmueve a la parte empleadora en principio a la parte empleadora  y nos ganamos otro corchete. El 135, en el que se reconoce que el reciclaje es una parte de la gestión de los residuos y es esencialmente público,  se aprueba, pero sin florituras.

Una pausa. Son las cinco. Quedan aún corchetes por resolver.

 

El peso de los corchetes. La diplomacia de última hora

Aclaración 2: “los corchetes”  son eso, el signo tipográfico, que se usa para englobar aquellas frases en las que no nos ponemos de acuerdo en aprobar, rechazar, modificar o lo que fuere, y la dejamos para después. El documento, que como ya conté está dividido en párrafos, (155) se ganó más de 30 corchetes, nos quedan 20 párrafos por ver, y los treinta corchetes más los que se le sumen.

La plenaria se reanuda a las 19:34. Un pequeño equipo se encarga de resolver los corchetes. Nuestro vicepresidente informa con detalle el procedimiento. Arrancamos con el párrafo 30. Volvemos al texto original, pero eliminamos “sensible al género”. Una pequeña derrota disfrazada de consenso, donde pedimos que los servicios para el desarrollo de las empresas sustentables presten atención a ciertas condiciones de vulnerabilidad queda una clausula genérica..

El párrafo 35, sobre acceso a los mercados, queda limpio: retiramos nuestra propuesta y los empleadores hacen lo mismo. En el 37E no hay mayor conflicto. El 103k también se acuerda. Finalmente, se acepta incluir el desguace de buques. Pequeñas victorias en medio del desgaste.

En el párrafo 3 y el 11 todos queremos el texto original. En el 15b, las Directrices de la OCDE finalmente ingresan, aunque con una redacción más ligera. Se diluye el contenido, pero permanece la intención.

Sin embargo, la mañana del miércoles todo lo que parecía razonable comienza a parecer, según la presidencia, “impertinente”. Muchas propuestas van cayendo de los corchetes como hojas secas. La subjetividad de lo “pertinente” se convierte en filtro de lo posible.

Las ESS y el lugar en la mesa

El 46 - donde se habla de lo que los empleadores deberían hacer- incorpora en su inciso c) a las entidades de la economía social, lo que  justificaría el ingreso de las mismas a la categoría de empleadores. Esta ambigüedad atraviesa todo el proceso: ¿estamos del lado de los trabajadores o del lado del mercado? Esta pregunta vuelve con fuerza en el 64d, donde el tema del “precio justo” se enfrenta a una nueva propuesta: “garantizar competencia leal”.

¿Pero la competencia leal es compatible con los principios de la economía solidaria? Logramos el milagro de poner en corchete lo que ya estaba, un doble corchete y la ronda de revisión continúa

 

Libertad de asociación: una trinchera ideológica

El párrafo 73 reabre un viejo conflicto. Los empleadores rechazan que la libertad de asociación se trate como un “derecho habilitante”. Argumentan que la democracia es la base de la libertad sindical, no al revés. Nosotros respondemos con la Declaración del Centenario de la OIT. No aceptan. Retiramos la enmienda. Volvemos al texto original, que también rechazan. Queda en corchetes.

La presidencia sugiere un texto alternativo basado en la discusión del año anterior. Se acepta. Los empleadores también retiran su enmienda del 74, que subordinaba la negociación colectiva al diálogo social como género-especie.

En el 77, eliminan la enmienda que limitaba el acceso sindical a los lugares de trabajo. Una victoria silenciosa.

Contradicciones estructurales

En el párrafo 83, nos enfrentamos a un problema recurrente: los encabezados hablan de “empleadores y sus organizaciones”, pero la redacción no queda clara. En el 89, los empleadores no pueden aceptar parte del texto. Se proponen medidas para aumentar productividad, formalización e ingresos como vía para eliminar el trabajo infantil. Lo aceptan, pero eliminan el tramo que proponía la trazabilidad de la cadena.

Hemos colocado dos líneas rojas en un solo párrafo: el comercio justo y la erradicación del trabajo infantil. Aceptan uno, rechazan el otro. Resultado: se queda la mención al comercio justo, pero sin trazabilidad. ¿Se puede hablar de justicia sin saber de dónde viene lo que compramos?

Los límites del diálogo

En el 90 discutimos si se debe hablar de “precio justo” o “comercio justo”. Ni a los empleadores ni a muchos trabajadores les convence. Los sindicatos tradicionales negocian salarios, pero las ESS negocian precios. A los empleadores les preocupa que hablar de “precio justo” implique fijación estatal de precios, lo que, según ellos, sería ilegal.

Federico Parra lo defiende: el “precio justo” es buscar el mejor precio posible sin explotar ni ser explotado. Pero el concepto les resulta amenazante. La presidenta lo manda a corchetes (de corchetes).

En el 90d, la oficina propone salario decente, pero nosotros pedimos salario mínimo. Argumentamos que no se puede llegar al decente sin haber alcanzado antes el mínimo. Suena obvio, pero hay que explicarlo todo. Otra lucha de significados.

Las últimas palabras del reciclaje

 

En el 102, la oficina presenta una versión mejorada. Incluye al reciclaje como parte integral de la industria del residuo. El texto nuevo es más claro y contundente. Lo aceptamos.

En la 104, nuestra enmienda sobre seguridad e higiene se debilita. Pasamos al 125. En la 115, corregimos: ya no hablamos de “autoempleados”, sino de “arreglos contractuales”. Más neutro, menos ideológico.

 

En la 128, seguimos con el problema de los precios: muchos sindicatos de trabajadores independientes negocian precios, pero las empresas no lo aceptan. No reconocen el derecho a negociar más allá del salario.

 

En el 133a, los empleadores quieren eliminar un inciso completo que les impone obligaciones. Finalmente, ceden. El 134b se resuelve con un texto sobre alojamiento propuesto por la oficina. Lo aceptamos. Son ya las últimas líneas.El final no escrito

 

Sábado: el silencio de los traductores

 

Ya es sábado. La jornada se extiende, pero los traductores se han marchado. Un detalle que marca el clima: estamos llegando al final, pero no del todo. Seguimos redactando, ajustando, discutiendo.

 

En el 27, la empresa finalmente concede y el entorno de desarrollo empresario se llena del respeto a las normas fundamerntalers del trbajo y los estanmdares internacionales.. En el 64d no se alcanza ningún resultado. En el 90 volvemos a discutir sobre “workers and their organizations”. El 94d habla de “salarios dignos”. En el 128, aún persiste el dilema sobre negociación de precios: un derecho negado a los trabajadores independientes por parte de quienes niegan su existencia como interlocutores válidos.

 

Antes del fin: Los actores.

 

Esta fue la delegacion sindical. Los expertos propuestos por la Confederacion sindical internacional estuvo integrada por: 

1)Mr James Joseph Towers (Trade Union National Convenor, Unite the Union, United Kingdom)

2) Ms Rashim Bedi Senior Coordinator – Policy Intervention, Self Employment

Women’s Association (SEWA), India,

3) Mr Shinya Iwai Chief Assistant Director, International Affairs Bureau, Japan

4) Mr Mohammad Shariful Islam, Council of Metalworkers’ Unions National Coordinator, IndustriALL Global Union, Bangladesh

5) Ms Jennifer Kruschel TCF National Secretary, CFMEU Manufacturing Division,

Australia

6) Sr. Gerardo Gabriel Juara Secretario de ambiente, Asociación Gremial de Obreros y

Empleados de la Conservación Ambiental (AGOEC), Argentina

7) Mr Tumaini Peter Nyamhokya, National Chairman, Tanzania Local Government Workers Union (TALGWU), Tanzania

8) Mr Michel Buitenhuis Senior process engineer, Attero, The Netherlands

 

Este grupo de expertos contó con la colaboración y la guía de un equipo de asesoras de las global unions, integrada por:

1)        Mr Kan Matsuzaki Assistant General Secretary, IndustriALL, que se hizo cargo de la vicepresidencia de la reunión en un momento difícil de nuestra negociación.

2)        Miss Daria Cibrario, Local and Regional Government Officer, Public Services international (PSI)

3)        Ms Niti Pankaj Sheth, Self Employment Women’s Association (SEWA), India

4)        Mr. Federico Parra, Latin America Coordinator of the Waste Prickers Programme, Women in Informal Employment: Globalizing and Organizing

5)        Ms. Taylor Cass Tslbott, Advocacy Coordinator, International Alliance of Waste Pickers (IAWP)

 

Y tuvimos al frente en representacion de la CSI a:

1)        Mr Alex Praça Workers’ Sécretariat des travailleurs, Deputy Director, International Trade Union Confederation (ITUC)

2)        Ms Diana Junquera Curiel Director for Energy and Transition, IndustriALL Global Union

 

 

Para quienes conocen estas reuniones, saben que la voz cantante de cada grupo es llevada por un líder designado. En nuestro caso, ya les conté la inicial designación de James Towers y su sustitución por Kan matsusaki.

Pero tengo que nombrar que el equipo no hubiera estado completo sin Daria Cibrario en representación de la Internacional de Servicios Públicos y su increíble capacidad de trabajo en equipo, Diana Junquera por IndustriALL y su experiencia en negociación internacional en las agencias de Naciones Unidas, y el coordinador de todos nosotros, Alex Praca, de la Confederacion Sindical Internacional, la “CGT” mundial que tuvo la confianza en invitarse a ser parte de este equipo.

 

Entre los expertos quiero señalar a mi compañero de PSI Michel Buitenhuis , del poderoso sindicato holandés FNV un experto en normas de seguridad e higiene y un excelente negociador y  también, un sujeto cálido y sereno que aun en los momentos de mayor tensión tuvo palabras para intentar mejorar las enmiendas.

 

Por el lado de los gobiernos, la paciencia, conocimiento y ductilidad, la mirada de las políticas inclusivas que siempre quisiéramos ver en los documentos, vino de las intervenciones de la jefa de esa delegación, Mme Ann Coenen  Attaché, Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale del gobierno de Belgica, y de  Mr Jone Maritino Nemani Permanent Secretary, Ministry of Employment, Productivity and

Workplace Relations , de Islas Fidji, quien aportó siempre palabras de aliento en cada break de la reunión.

 

Finalmente, no quiero dejar de mencionar a las malvadas de la película. Villanas asi uno quisiera encontrar siempre. Jugadoras del mejor juego que jóvenes pero talentosas y con un manejo de los tiempos de la negociación que hacia rato no veía.

Ms Marianela Suarez Jefa, Departamento de Ambiente y Desarrollo Sustentable,

Union Industrial Argentina, subia la vara de las representaciones empresarias que he visto en los últimos anos en la OIT y en otras lados. Mis respetos a su capacidad de debate y a su resistencia para sostener sus líneas rojas. Junto con ella, Ms Natalia Privee Boudeguer,   adviser, International Organization of Employers (IOE), presente en la estrategia y en el respaldo. Cuando piense en “empoderadas” serán ellas.

 

 

AHORA SI! Final.A las 00:50 del sábado se adopta la directriz.

 

Un silencio raro se instala. No es de victoria. Tampoco es de derrota. Es ese tipo de silencio que solo aparece cuando el cuerpo ya no resiste más palabras. alcanzamos un acuerdo sobre el total del texto, ya no quedan corchetes.

 

La línea final: entre lo que se logró y lo que se calló

 

El documento se adopta, sí. Pero no sin tachones, sin paréntesis, sin corchetes pendientes. Muchas de nuestras propuestas se diluyeron en la niebla técnica del “consenso posible”. Otras sobrevivieron, a veces disfrazadas, otras veces más fuertes por haber resistido tanto.

 

En los pasillos, nadie se siente completamente satisfecho. Pero todos entienden que, en este tipo de reuniones, eso ya es una forma de victoria.

 

Quedan muchas preguntas flotando:

¿Para qué sirve un documento si la realidad aún lo contradice?

¿A quién protege cada palabra?

¿Dónde quedan quienes no fueron escuchados, ni mencionados?

 

Conclusión: crónica de un texto con alma

 

Las directrices tiene alma técnica o alma ética, o a veces ambas. Esta es de las que tienen alma ética. Ética humana y ética ecológica. Esta no fue solo una reunión técnica. Fue una discusión ética, política y profundamente humana. Cada coma fue un campo de disputa. Cada término acordado, un espejo de nuestras prioridades. Cada texto tachado, un muestrario de nuestros valores .

 

La lucha por “precio justo”, por condiciones dignas, por reconocimiento a las trabajadoras y trabajadores informales, por justicia ambiental y social, no terminó con esta directriz. Solo encontró un nuevo capítulo. Un texto adoptado puede ser un punto de partida, pero también un techo si no se sigue presionando.

 

Nos vamos con la idea de que el lenguaje importa, pero también importa quién lo dice, desde dónde, y para quién.

 

 

1. ¿Qué son los “corchetes” en estas negociaciones?

Los corchetes indican que un texto no ha sido acordado por todos los actores involucrados. Marcan desacuerdos que deben resolverse antes de la adopción final.

 

2. ¿Por qué es tan importante el lenguaje técnico en estos documentos?

Porque define compromisos, derechos y obligaciones. Una palabra como “asegurar” implica obligación, mientras que “promover” solo sugiere intención.

 

3. ¿Qué significa que se reconozca el reciclaje como parte de la industria del residuo?

Significa visibilizar a quienes trabajan en condiciones peligrosas y muchas veces informales. Reconocerlo permite aplicar estándares laborales específicos.

 

4. ¿Cuál fue el mayor punto de tensión entre empleadores y trabajadores?

Probablemente la discusión sobre precios justos, condiciones habilitantes, y el reconocimiento del rol de las economías sociales y solidarias.

 

5. ¿Cuál es el próximo paso tras la adopción del documento?

Difundirlo, monitorear su implementación y seguir presionando para que no se quede en el papel. La lucha continúa fuera de la sala.

 en estas negociaciones?

Los corchetes indican que un texto no ha sido acordado por todos los actores involucrados. Marcan desacuerdos que deben resolverse antes de la adopción final.


2. ¿Por qué es tan importante el lenguaje técnico en estos documentos?

Porque define compromisos, derechos y obligaciones. Una palabra como “asegurar” implica obligación, mientras que “promover” solo sugiere intención.


3. ¿Qué significa que se reconozca el reciclaje como parte de la industria del residuo?

Significa visibilizar a quienes trabajan en condiciones peligrosas y muchas veces informales. Reconocerlo permite aplicar estándares laborales específicos.


4. ¿Cuál fue el mayor punto de tensión entre empleadores y trabajadores?

Probablemente la discusión sobre precios justos, condiciones habilitantes, y el reconocimiento del rol de las economías sociales y solidarias.


5. ¿Cuál es el próximo paso tras la adopción del documento?

Difundirlo, monitorear su implementación y seguir presionando para que no se quede en el papel. La lucha continúa fuera de la sala.


jueves, 8 de mayo de 2025

DIA 4. LA CONTNUIDAD Y SUS FISURAS



El cuarto día de deliberaciones comenzó con un gesto simbólico cargado de significado político: nuestro  vice presidente obrero de la comisión James Towers, de UNITE UNION anunció que daría un paso al costado en la conducción del proceso sin abandonar el trabajo en común . Lo hizo invocando la necesidad de “mantener el flujo de trabajo”, pero sus palabras también dejaron entrever la fatiga acumulada en una negociación que exige tanto técnica como templanza. Su salida fue saludada con un aplauso breve, casi ceremonial, que marcó el fin de una etapa y el comienzo de otra. A partir de ese momento, la coordinación quedó en manos de Kan MATSUZAKI, de la secretaria general de IndustriALL, quien asumió la conducción con un llamado explícito al consenso unánime —un ideal que, como veríamos más adelante, seguiría siendo eso: un ideal.

El clima en la sala oscilaba entre la ansiedad acumulada y una forma particular de cansancio estructural, esa mezcla de urgencia y repetición que se respira en los procesos multilaterales prolongados. A esta altura, las delegaciones sabían que no estaban discutiendo solo palabras: estaban delineando contornos de sentido, decidiendo qué quedará nombrado y qué permanecerá en el margen, qué prácticas serán legitimadas y cuáles seguirán existiendo solo como notas al pie de la economía global.

Las discusiones retomaron desde la Sección 2 del borrador, centrada en empresas sostenibles y entidades de la economía social y solidaria. Una sección compleja, no solo por su densidad temática, sino porque expone de manera brutal las tensiones no resueltas entre modelos productivos, imaginarios del desarrollo y relaciones de poder. El reloj institucional presionaba para avanzar hacia la Sección 3, pero la realidad política nos mantenía atascados. Como señaló Alex, uno de los voceros sindicales: no se puede construir consenso corriendo sobre las líneas rojas. Hay que mirarlas, discutirlas, reconocer que existen.

Ese fue el telón de fondo del día: un documento que avanza entre zonas de acuerdo frágiles, donde cada adjetivo puede torcer el sentido y cada verbo es una disputa entre lo declarativo y lo operativo. Un documento que, aunque se presente como técnico, está atravesado por decisiones profundamente políticas: ¿qué se entiende por trabajo decente?, ¿quiénes son los sujetos reconocidos en la transición ecológica?, ¿qué tipo de economía se está imaginando cuando se habla de circularidad?

A lo largo de la jornada, se sucedieron los debates sobre capacitación, juventud, salario, formalización, transición justa y derechos laborales. A veces avanzamos con fluidez. Otras veces nos detuvimos durante horas a discutir la diferencia entre “equidad” e “igualdad”, o si era razonable pedir que las condiciones de trabajo mejoren en el sector informal sin que eso sea visto como una amenaza a la competitividad.

Pero si algo quedó claro en este cuarto día es que no hay neutralidad posible en este proceso. Cada coma refleja una correlación de fuerzas. Cada palabra aceptada o rechazada deja huella. No estamos escribiendo un texto: estamos dejando constancia de nuestras disputas, nuestros límites… y, en ocasiones, de nuestras pequeñas conquistas.

2. Empresas sostenibles y economía social y solidaria: el modelo en disputa

 

Volvimos a la Sección 2 con la sensación ambigua de estar discutiendo lo accesorio y, al mismo tiempo, lo esencial. Aunque formalmente seguíamos dentro del eje sobre empresas sostenibles y entidades de la economía social y solidaria (ESS), lo que estaba en juego era mucho más profundo: quién protagoniza la transición ecológica, bajo qué reglas, con qué legitimidad.

Alex —uno de los interlocutores más atentos al reloj político— recordó que estábamos lejos de los núcleos duros de la Sección 3, e instó a concentrarnos en las enmiendas ya presentadas y las líneas rojas que aún nos separaban. La propuesta sonaba razonable, pero rápidamente quedó claro que la discusión no se movería solo en el plano técnico. La mera mención a las entidades de la ESS como sujetos distintos de sindicatos o empresas abrió una serie de preguntas ontológicas: ¿son empleadores? ¿son otra cosa? ¿tienen una naturaleza jurídica híbrida que el documento no sabe cómo nombrar?

 

Estas preguntas no eran solo terminológicas. Señalaban un vacío conceptual: el marco actual no está preparado para reconocer a la ESS más allá de la tolerancia simbólica. Su inclusión real exigiría repensar las categorías tradicionales del derecho del trabajo, que sigue atrapado entre el binomio empresa–trabajador, como si no existieran otras formas organizativas ni otras racionalidades económicas.

En paralelo, se volvió a poner en discusión el concepto de “trabajo decente”. Ya habíamos acordado su formulación general, sin necesidad de adjetivarlo como “verde”. Sin embargo, la tensión persiste: ¿es posible pensar un trabajo verdaderamente decente que no esté alineado con criterios de sostenibilidad ambiental? ¿O estamos aceptando una disociación cómoda que facilita el consenso a costa de vaciar el concepto?

 

Más adelante, el debate sobre el enfoque humanocéntrico (reintroducido en el punto 2.6) reavivó la conexión con las tesis sobre el desarrollo de capacidades, el aprendizaje a lo largo de la vida y el lugar del trabajo como espacio de formación social. En ese contexto, surgió un nuevo concepto: seguridad y salud en el trabajo con formación medioambiental. Su aparición marcó una inflexión interesante: por fin se hablaba de sostenibilidad no solo en términos de eficiencia productiva, sino como condición para proteger la vida en el trabajo. Pero el lenguaje seguía siendo campo de disputa. Un “promover” podía ser reemplazado por un “alentar”, y con ello se desdibujaba la exigibilidad. Un “garantizar” convertido en “intentar” podía diluir una obligación en un gesto diplomático. La semántica como frontera del poder.

La sensación general era que estábamos avanzando, sí, pero sobre una coreografía frágil. No había consenso sobre el modelo. Las empresas pedían un entorno favorable a la competitividad. Nosotros —sindicatos, recicladores, actores de la ESS— insistíamos en que la sostenibilidad no se mide en balances, sino en condiciones materiales de existencia. No pedíamos ser reconocidos como un apéndice tolerado, sino como parte estructural de otra economía posible.

 

 

2.7 Juventud, empleo y economía circular: entre la promesa y la omisión

 

El punto 2.7 trajo consigo un desplazamiento del foco: ya no se discutía solo sobre estructuras empresariales o marcos institucionales, sino sobre el futuro generacional del trabajo en la transición ecológica. En teoría, estábamos ante uno de los temas más “fáciles” del documento: ¿quién podría oponerse a crear empleo para jóvenes? ¿Quién se atrevería a decir que no debemos pensar en políticas activas para garantizar su integración productiva?

 

Y sin embargo, la discusión reveló los límites de ese consenso superficial.

El texto de base hacía referencia a la necesidad de “crear empleo pleno y productivo para la juventud”, apoyándose en resoluciones previas como la Declaración del Centenario de la OIT o el Youth Employment Action Plan 2020–2030. Pero incluso ahí, la palabra “productivo” volvió a convertirse en campo de disputa. ¿Qué significa hoy productividad en el contexto de la economía circular? ¿Es el trabajo juvenil “productivo” solo si encaja en cadenas formales de valor o también si emerge desde prácticas comunitarias, territoriales, populares?

 

Los empleadores —no sin una cierta ironía histórica— apelaron a la Declaración Universal de Derechos Humanos para exigir a los Estados educación gratuita y universal, como si su compromiso con ese texto fuera tan firme como reciente. Al mismo tiempo, rechazaron cualquier mención que pudiera condicionar el acceso a oportunidades productivas al respeto por derechos laborales. La idea de que el empleo juvenil en reciclaje debería estar vinculado a condiciones dignas fue considerada “restrictiva”.

 

Desde nuestra posición sindical, subrayamos lo obvio: sin criterios mínimos de trabajo decente, las políticas de empleo para jóvenes corren el riesgo de convertirse en formalizaciones de la explotación. Rechazamos el fetichismo del empleo a cualquier precio. Y lo hicimos proponiendo medidas concretas, como la incorporación del potencial de generación de empleo en reciclaje dentro de las estrategias nacionales de empleo juvenil, adaptadas a cada contexto económico y laboral.

 

Los recicladores, por su parte, aportaron una propuesta valiosa y conceptualmente sólida: incluir la economía social y solidaria como una alternativa real para que los jóvenes desarrollen procesos productivos dentro de la cadena del reciclaje. No como salida de emergencia, sino como horizonte organizativo. No como “plan B”, sino como posibilidad fundante de otro modelo de trabajo, basado en la cooperación, la justicia social y la sustentabilidad.

 

La discusión sobre los salarios, que parecía un asunto cerrado, volvió a emerger con fuerza. Distinguimos entre salario vital (living wage) y salario decente (decent wage), dejando claro que no son sinónimos. El primero responde a las necesidades materiales mínimas de vida; el segundo, al conjunto de condiciones laborales dignas. 

 

Un salario puede ser “mínimo” sin ser vital, y puede ser “vital” sin estar enmarcado en un contexto laboral decente. Por eso insistimos en una lectura integral, que articule remuneración, derechos, condiciones y sostenibilidad.

 

Lo más tenso, sin embargo, fue lo no dicho: el riesgo de que la “inclusión juvenil” se convierta en retórica sin contenido, mientras se consolida una doble exclusión. Por un lado, la exclusión de los jóvenes de los marcos laborales formales. Por otro, la exclusión de nuevas formas de trabajo (como el reciclaje comunitario o cooperativo) de las políticas públicas de empleo.

 

Lo que quedó en evidencia es que hablar de juventud y circularidad sin hablar de redistribución, derechos y poder es, en el mejor de los casos, una declaración bienintencionada. Y en el peor, una forma elegante de precarizar lo que debería transformarse.

 

2.8 Formalización: de la declaración a la disputa material

 

La discusión sobre la formalización, abordada en el punto 2.8, se presentó como un momento de relativa convergencia. En apariencia, todos los actores reconocían la necesidad de “llevar actividades de la economía informal a la economía formal”. Lo decía el texto. Lo repetían los gobiernos. Lo aceptaban incluso los empleadores. Pero como ocurre tantas veces en estos procesos, la convergencia terminológica no garantiza convergencia política.

 

La propuesta de los gobiernos para insertar un nuevo párrafo aclaratorio fue inicialmente aceptada:

 

“Bringing activities from the informal to the formal economy means that they should be fully declared, covered by legislation and give rise to effective protection.”

Una formulación correcta, incluso elegante, pero que omitía el detalle incómodo: ¿quién asume los costos de esa formalización?

 

En este punto, el texto base identificó con precisión varios de los factores que perpetúan la informalidad, especialmente en el sector del reciclaje: bajo gasto público, infraestructura deficiente, acceso desigual a servicios básicos, baja productividad, alta complejidad normativa, y el omnipresente costo de cumplimiento. Todo esto fue listado de manera casi quirúrgica. Pero el diagnóstico técnico se volvió rápidamente político cuando empezamos a discutir las causas profundasde esa informalidad y, sobre todo, las responsabilidades para revertirla.

Insistimos en introducir la noción de equidad en lugar de simple “igualdad de acceso”, argumentando que ofrecer lo mismo a quienes parten de condiciones radicalmente distintas no genera justicia, sino reproducción de la desigualdad. La resistencia fue inmediata. “Equidad” fue vista por los empleadores como un concepto ambiguo, potencialmente redistributivo (horror), y por tanto, inaceptable. 

 

Propusieron mantener “igualdad” como forma de garantizar una falsa neutralidad, mientras los gobiernos intentaban una tercera vía semántica: “acceso heterogéneo”, una fórmula que suena a sociología cansada.

 

Otro eje de debate fue el famoso coste de cumplimiento (compliance cost), esa criatura gris que siempre aparece cuando se discuten estándares. Como explicamos, estos costes no se refieren al contenido de las normas, sino a lo que cuesta cumplirlas: desde llenar formularios hasta comprar equipos, contratar asesoría legal o someterse a inspecciones. En el caso del reciclaje, formalizar no solo implica registrarse ante una entidad estatal; implica transformar prácticas, invertir en mejoras, acceder a crédito, y, en muchos casos, profesionalizar un trabajo históricamente precarizado.

 

Propusimos entonces que el documento reconociera explícitamente que el Estado tiene un rol fundamental en compensar o asumir parte de estos costos —mediante subsidios, capacitación gratuita, financiamiento accesible o incentivos fiscales— para que la formalización no sea una trampa que termine excluyendo aún más a quienes ya están en el margen. Los empleadores, previsiblemente, se opusieron a cualquier mención que implicara una redistribución activa de recursos o responsabilidades.

 

La discusión se enriqueció con la introducción de una distinción clave entre factores estructurales y factores críticos que perpetúan la informalidad. Los estructurales —como la desigualdad de acceso a servicios, la invisibilidad del reciclaje o la falta de políticas públicas estables— requieren transformaciones profundas y de largo plazo. Los críticos —como la ausencia de registro laboral simplificado o la falta de capacitación— pueden y deben abordarse con medidas inmediatas.

 

Entender esta diferencia no es un ejercicio teórico. Es una brújula para la acción. Mientras algunos actores reclaman cambios estructurales, otros se escudan en su complejidad para no hacer nada en lo inmediato. La clave está en atender ambos niveles de intervención. Porque una política que no ataca los factores estructurales es superficial, y una que ignora los críticos es ineficaz.

 

En resumen, la formalización no es un acto administrativo. Es un proceso político, económico y cultural que exige redistribuir recursos, repensar marcos jurídicos y, sobre todo, reconocer al trabajo informal como trabajo real. De lo contrario, corremos el riesgo de escribir un documento que formaliza las palabras, pero no las condiciones de vida de quienes trabajan en los márgenes.

 

2.9 Transición justa: el consenso que se deshace al tocarlo

 

En teoría, la transición justa hacia economías ambientalmente sostenibles es el punto de mayor consenso declarativo del documento. En la práctica, es el que más fácilmente revela el cortocircuito entre los discursos y los intereses. Todos los actores se dicen a favor —gobiernos, empleadores, sindicatos— pero basta mencionar la creación intensiva de empleo, el rol del Estado o la redistribución de beneficios para que el acuerdo se desvanezca como un bosque quemado en PowerPoint.

 

El debate partió de una formulación general que, con cierta ambigüedad, hablaba de una “economía circular rica en empleo” (job-rich circular economy). Pero esa expresión activó todas las alarmas en el sector empleador. Su reacción fue inmediata: se opusieron a cualquier formulación que hiciera referencia a un modelo económico explícitamente orientado a la generación intensiva de empleo. Para ellos, la transición debe ocurrir, sí, pero sin alterar los fundamentos del modelo. Es decir, debe ser justa… pero solo si no incomoda a nadie con poder.

 

Esta posición vacía de contenido la noción misma de “justicia” en la transición. Porque si no hay compromiso con la creación de empleo decente, ni con la corrección de desigualdades preexistentes, ni con la inclusión activa de los sectores más vulnerados, ¿qué queda del concepto? ¿Una etiqueta para adornar informes? ¿Un hashtag institucional?

 

El punto de inflexión llegó al discutir el párrafo 18 de la Declaración de Transición Justa, que reconoce explícitamente que la transición ecológica puede ser una oportunidad para crear nuevos empleos decentes. No una amenaza, sino una palanca de inclusión y transformación. Desde el campo sindical, defendimos esa interpretación: no estamos pidiendo una compensación simbólica por los impactos de la transición, estamos reclamando que la transición sea —en sí misma— un proceso generador de justicia laboral, social y ambiental.

 

Los empleadores, por su parte, propusieron reformular varias frases clave para diluir sus efectos normativos. En algunos casos, sugerían sustituir “creación de empleo” por “potencial de empleo”. En otros, cambiaban “garantizar” por “promover”, “transformar” por “acompañar”. Parecía una clase magistral de cómo vaciar un texto sin eliminarlo.

 

Pero el debate más sintomático fue el uso del pronombre “todos”. Al defender la frase “transición justa para todos”, los empleadores insistieron en que ese “todos” incluía también a las empresas, como si estuvieran en situación de vulnerabilidad equiparable a los trabajadores expuestos a la informalidad, la contaminación o la pérdida de ingresos. Es decir, el concepto de justicia —originalmente pensado como mecanismo de reparación de desigualdades— se quería convertir en una fórmula de protección corporativa.

 

Frente a eso, reafirmamos una visión de la transición justa anclada en el principio de equidad transformadora: no se trata de que todos salgan igual, sino de que los más afectados por los cambios estructurales reciban más apoyo, más protección y más protagonismo. Porque la neutralidad en contextos desiguales no es justicia, es complicidad.

 

En este sentido, propusimos incorporar cláusulas que vinculen explícitamente la transición con políticas activas de empleo, inversión pública en sectores verdes, protección para trabajadores en reconversión, y apoyo específico a la ESS. Algunas de estas propuestas quedaron aceptadas. Otras, en corchetes. Y muchas, silenciadas.

 

Pero incluso en ese terreno incierto, se plantó una idea que resiste: la transición no es solo tecnológica, es política. Y si no la disputamos, no será justa: será simplemente inevitable.

 

Capítulo 3. Derechos en el trabajo: el centro que se sigue disputando

 

La apertura del capítulo 3 —dedicado a los derechos laborales— debería haber sido el momento más sólido del documento. Aquí, al menos en teoría, entran en juego principios fundacionales de la OIT: libertad sindical, negociación colectiva, eliminación del trabajo forzoso y del trabajo infantil, igualdad y no discriminación. 

 

Derechos que se presentan como “fundamentales” porque no deberían depender de contextos económicos, niveles de desarrollo o ideologías de turno.

Y, sin embargo, lo que se vivió en este tramo fue una especie de guerra de trincheras semánticas, donde lo que está en juego no es solo el lenguaje, sino la posibilidad misma de que estos derechos sean universales, exigibles y operativos.

La discusión arrancó con una maniobra simbólica: los empleadores propusieron cambiar el título del capítulo, eliminando la expresión “derechos laborales” y reemplazándola por “derechos y principios fundamentales en el trabajo”. Una aparente corrección técnica, que en realidad apunta a una despolitización del lenguaje, a una neutralidad estratégica que elimina la palabra “trabajo” como espacio de conflicto y redistribución.

 

El texto original afirmaba con claridad:

 

“La libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva son derechos habilitantes que contribuyen a la democracia, a la gobernanza eficiente del mercado de trabajo y al trabajo decente. Su ejercicio tiene un impacto directo en las condiciones de vida y en el desarrollo económico y social.”

Una formulación que reconocía algo esencial: estos derechos no son un decorado jurídico, sino una herramienta de transformación. Son habilitantes porque permiten que otros derechos existan. Sin organización colectiva, no hay negociación real. Sin sindicalismo, no hay contrapeso al poder económico. Sin derechos reconocidos, la democracia queda atrapada en los márgenes del lugar de trabajo.

 

Frente a esto, los empleadores propusieron eliminar la última frase. Sí, eliminar —literalmente— la parte que decía que el ejercicio de estos derechos mejora las condiciones de vida y favorece el desarrollo económico y social. ¿La razón? Que no están dispuestos a aceptar que exista una relación causal entre la organización sindical y la mejora social. Un rechazo que no es técnico: es profundamente ideológico. Y que, de paso, dinamita décadas de evidencia empírica y doctrinas del propio sistema normativo de la OIT.

 

Desde nuestro lado, defendimos la redacción original. No solo por razones jurídicas, sino también por lo que representa: reconocer que el conflicto colectivo no es una amenaza al orden, sino una condición de su justicia.

 

Más adelante, la discusión sobre el acceso de representantes sindicales a los lugares de trabajo reciclador mostró hasta qué punto el reconocimiento formal de derechos no garantiza su ejercicio efectivo. Los empleadores propusieron una formulación restrictiva, que subordina el derecho a reunión sindical a la protección de la propiedad y la no interferencia con el trabajo. Su versión sonaba razonable —todo suena razonable cuando se escribe con gerundios institucionales— pero implicaba que las reuniones podrían ser limitadas por criterios empresariales discrecionales.

 

Propusimos una redacción alternativa:

“El derecho a realizar reuniones será plenamente garantizado, conforme a los principios de libertad sindical y diálogo social. Su ejercicio deberá realizarse sin interrupciones sustanciales de las tareas en curso y adoptando medidas razonables para la protección de los bienes, sin que ello implique una restricción indebida al derecho reconocido.”

 

Nuestra propuesta no niega el principio de equilibrio, pero impide que los empleadores lo utilicen como excusa para vaciar el derecho. En este punto, citamos experiencias comparadas: desde la legislación francesa que garantiza locales sindicales en empresas grandes, hasta el modelo uruguayo de negociación tripartita que institucionaliza las reuniones sindicales sin afectar la operación. Porque los derechos no se ejercen en abstracto: se ejercen en contextos, con obstáculos, con memorias, con cuerpos.

La discusión continuó en temas más graves: trabajo forzoso, migración, y trabajo infantil. En el artículo 81, los empleadores cuestionaron la existencia de trabajo forzoso en la economía formal y minimizaron el problema en contextos migratorios, pese a la evidencia concreta de abusos en sectores como el reciclaje industrial en Asia. Citamos casos reales. Recordamos estadísticas. Sostuvimos lo obvio: el trabajo forzoso no es un residuo del pasado, sino una estructura funcional de ciertos modelos económicos. Negarlo es participar de su legitimación.

Y finalmente, al abordar el 83 sobre trabajo infantil, propusimos vincular explícitamente la erradicación del trabajo infantil con la mejora de los ingresos familiares y la formalización del reciclaje. No como un gesto retórico, sino como política integral. La respuesta fue clásica: “esto no va aquí, pásenlo a protección social”. Un intento elegante de dispersar responsabilidades en la arquitectura del documento.

 

3.4 Discriminación, debida diligencia y precio justo: las palabras que molestan cuando se vuelven exigencias

 

A medida que avanzábamos hacia el cierre del capítulo 3, la discusión giró hacia temas que, en los papeles, deberían ser indiscutibles: igualdad de trato, no discriminación, y responsabilidad de las empresas en sus cadenas de valor. Pero como ya era costumbre en esta mesa, lo consensual se volvía polémico apenas alguien intentaba operativizarlo.

 

En los artículos 91 a 93, el debate se centró en las medidas para eliminar la discriminación en el empleo y la ocupación. Propusimos una redacción clara y firme: marcos legislativos integrales, definiciones explícitas de discriminación, medidas proactivas y acciones correctivas para atacar desigualdades estructurales. Sin sorpresas, los empleadores rechazaron términos como “framework” (marco jurídico) por considerarlos demasiado normativos, y sugirieron reemplazarlos por “strategies” (estrategias), más suaves, más abiertas… más vacías.

Volvimos entonces al texto original, recordando que sin marco legal, lo que queda es la buena voluntad, y que eso —como ya sabemos— no constituye política pública. La discriminación no se resuelve con recomendaciones optativas, sino con mecanismos vinculantes y acciones afirmativas.

 

Más adelante, en el artículo 89 sobre debida diligencia, se puso en escena un drama conocido: el rechazo empresarial a cualquier redacción que implique obligación directa. La versión inicial hablaba de que los empleadores “deberían llevar a cabo conductas de debida diligencia” (es decir, should conduct due diligence). Los empleadores pidieron reemplazar “conduct” por “promote” —promover, animar, sugerir que otros lo hagan, quizás, si no molesta.

Desde el campo sindical, insistimos en que si los empleadores y sus organizaciones no asumen responsabilidades concretas, la debida diligencia se convierte en una operación estética. No se trata de “fomentar la ética” como si se tratara de una feria de valores corporativos. Se trata de establecer criterios verificables, que garanticen condiciones dignas en toda la cadena de producción, especialmente en sectores donde la informalidad y el subcontrato funcionan como estrategia estructural.

 

La discusión se tensó aún más al abordar el punto sobre el precio justo. Una propuesta sindical pedía explícitamente que los empleadores “garanticen un precio justo”, reconociendo que la sostenibilidad económica de muchas prácticas laborales —especialmente en el reciclaje— depende de precios que cubran los costos reales del trabajo decente. Pero esta exigencia fue bloqueada con el argumento de que “los empleadores no pueden garantizar precios” porque no controlan el mercado. Una verdad parcial convertida en coartada: no pueden controlar los precios, pero sí presionan activamente para que los marcos regulatorios no interfieran en ellos.

 

El punto quedó —como tantos otros— en corchetes. Una pausa entre la voluntad política y el miedo a asumirla.

 

En los artículos 98 y 99, discutimos medidas afirmativas, con especial foco en las mujeres recicladoras. Propusimos inversiones públicas en infraestructura de reciclaje con enfoque de género, programas de formalización diferenciada y apoyo específico a trabajadoras de la ESS. El texto fue valorado… pero cuestionado en su ubicación. “No va aquí”, dijeron. Como si la inclusión fuera un tema de geografía documental, y no de voluntad política.

 

Finalmente, el debate sobre los verbos —“ensure” vs “promote”— cerró el dia -en realidad, la noche, cerca de las 10 - con una imagen perfecta del documento en su conjunto. Todos los actores acordaban que se debían “tomar medidas para la no discriminación y la inclusión”. Pero bastaba elegir el verbo equivocado para que se abriera una batalla conceptual. Porque en este juego, el poder no se ejerce solo con votos: también con adjetivos, adverbios y gerundios.

 

Epílogo. Lo que no se decide también cuenta

 

Al final del cuarto día, más que sensación de avance, lo que quedó fue una conciencia amarga del tiempo que no alcanza. Queda una sola jornada, y aún hay mucho —demasiado— por discutir. No por falta de texto, sino por exceso de subtexto. Las palabras están ahí: circularidad, trabajo decente, equidad, transición, sostenibilidad. Pero cada una viene cargada de sentidos cruzados, de ideologías en disputa, de límites impuestos por actores que se aferran al statu quo como si fuera el único orden posible.

 

Lo que está en juego no es menor. No estamos editando un glosario. Estamos definiendo qué modelos de desarrollo serán legitimados por un documento que, si bien no es vinculante, sí tiene efectos performativos: puede abrir puertas o sellarlas. Puede nombrar sujetos o condenarlos al anonimato institucional. Puede transformar prácticas o dejar todo igual, con lenguaje más amable.

Y esa es la verdadera disputa. Porque el riesgo no es solo que se impongan los intereses más conservadores. El riesgo es que se naturalicen, que se traduzcan al lenguaje técnico y se disfracen de equilibrio, de sensatez, de consenso. Que el documento diga cosas que suenan bien pero que, en la práctica, no obligan a nadie, no incomodan a nadie, y por tanto, no cambian nada.

 

Mañana será el último día. Y lo sabemos: no se va a cerrar todo. Pero tal vez podamos abrir algo. Un principio de ruptura con las formas automáticas de escribir el futuro con las categorías del pasado. Un reconocimiento explícito de que hay otros sujetos, otros modos de producir, otras formas de entender la dignidad en el trabajo. Una grieta, aunque sea mínima, en la narrativa dominante.

 

Lo que nos falta no es capacidad técnica. Es margen político, y algo de espacio para incomodar sin romper. A veces, construir significa aceptar lo posible, sin perder de vista lo necesario. Sabemos que no todo quedará dicho, ni todo lo justo será recogido. Pero también sabemos que, en este tipo de procesos, cada palabra conquistada cuenta. No porque resuelva todo, sino porque deja huella, marca un precedente, abre una rendija por donde otros —más adelante— podrán empujar un poco más.

 

Mañana viernes 9 de mayo será la última jornada. Y sí, probablemente no obtendremos todo lo que buscamos. Pero podemos asegurarnos de que lo que quede no sea un gesto vacío, sino un paso tangible. Que los avances, aunque parciales, tengan dirección. Que el documento no sea solo un consenso de mínimos, sino una plataforma desde la cual seguir disputando sentidos.

 

No se trata de callar ni de rendirse. Se trata de sostener —aun en lo incompleto— una apuesta. Porque a veces, avanzar también es saber elegir qué dejar escrito, qué nombrar, qué abrir… para que otros, después, puedan seguir construyendo..

 

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