SOBRE LAS DIRECTRICES DE POLITICA PARA EL TRABAJO DECENTE EN LA ACVTIVIDAD DEL RECICLADO DE LA OIT, PUBLICADAS EL 31 DE MAYO DEL 2025

El reciclaje, el derecho y la arquitectura de lo posible.

 

En un mundo marcado por la disipación de los vínculos sociales y el desencanto hacia las promesas del progreso, el reciclaje ha emergido no solo como técnica de recuperación material, sino como síntoma de una crisis más profunda: la del modelo mismo de civilización. Allí donde los desechos se acumulan, se manifiesta también el fracaso de una economía sin límites y de un derecho que aún no ha sabido responder a la precariedad que esta genera.

 

Durante la primera semana de mayo de 2025, convocados por la Organización Internacional del Trabajo, convergimos en Ginebra un conjunto plural de representantes de gobiernos, sindicatos y empresas. El propósito no era menor: redactar un conjunto de directrices que, sin fuerza jurídica vinculante, aspiraran a orientar políticas públicas capaces de conjugar sostenibilidad ambiental con justicia social en el ámbito del reciclaje. El 31 de mayo, la versión oficial de este texto fue publicada en inglés bajo el código MEPDWR/2025/5.

 

Agradezco a la Internacional de Servicios Públicos por haberme permitido ser parte de esta experiencia. Agradezco, también, a la OIT por insistir —contra la inercia de lo técnico— en dotar de alma normativa a las herramientas con que intentamos reconstruir un mundo común.

 

En vísperas de la Conferencia Internacional del Trabajo, deseo compartir aquí algunas claves de este esfuerzo colectivo, no como exposición de resultados, sino como invitación a repensar el lugar del trabajo en la arquitectura del porvenir.

 

Del margen a la centralidad: el reciclaje como espejo de nuestras contradicciones

 

Durante décadas, el reciclaje habitó los márgenes de las políticas públicas: una actividad tolerada, a veces apoyada, pero raramente comprendida en su densidad social y ecológica. Sin embargo, la aceleración de la crisis climática y la proliferación de residuos han desplazado las fronteras de lo relevante. Lo que ayer era una práctica de subsistencia hoy es un eje estructurante de la economía circular, ese intento de reconciliar productividad con sostenibilidad.

 

Este desplazamiento no es meramente técnico. Es un cambio de paradigma que interpela al derecho en su función más profunda: regular no solo relaciones entre sujetos, sino relaciones entre humanidad y naturaleza. En esta nueva geografía normativa, el reciclaje ocupa un lugar estratégico. Ayuda a mitigar el saqueo de recursos naturales, a reducir emisiones de carbono, a prolongar el ciclo de vida de los materiales. Pero su dimensión decisiva no es ecológica, sino antropológica: el reciclaje es también trabajo.

 

En los países del Sur Global, millones sobreviven gracias a él, en condiciones marcadas por la informalidad, la vulnerabilidad y la exclusión. En los países industrializados, su práctica se ha tecnificado, burocratizado y, a menudo, invisibilizado. El trabajo en el reciclaje adopta formas múltiples: desde el recolector autónomo que arrastra un carrito en las periferias hasta el operario especializado en plantas de tratamiento robotizadas. Lo que los une es una paradoja: ser indispensables para el funcionamiento de la economía ecológica y, al mismo tiempo, estar desprovistos de garantías mínimas de trabajo decente.

 

De este contraste emerge la pregunta que guía las directrices adoptadas en Ginebra: ¿cómo asegurar condiciones dignas, sostenibles y justas en un sector que, por su propia naturaleza, escapa a los marcos convencionales del empleo? ¿Cómo construir un derecho del trabajo que no sea la simple extensión de modelos forjados en el siglo XX, sino una respuesta creadora ante los desafíos del presente?

 

Más allá del empleo: hacia una arquitectura normativa de la dignidad

 

Hablar de “trabajo decente” no es hablar de empleo en sentido estadístico. Es hablar de humanidad. Es reconocer que toda persona, por el solo hecho de trabajar, debe poder acceder no solo a un salario, sino a un lugar en la sociedad. En este sentido, las normas laborales no son únicamente instrumentos de regulación: son actos de civilización.

 

El enfoque promovido por la Organización Internacional del Trabajo se articula en torno a una visión integradora, donde el trabajo no se reduce a mercancía ni el trabajador a recurso. Sus cuatro pilares —empleo productivo, derechos en el trabajo, protección social y diálogo social— trazan un mapa que va más allá de la economía y se adentra en el terreno de la justicia. No se trata de distribuir oportunidades, sino de construir instituciones donde la libertad tenga forma jurídica y no quede librada al azar del mercado.

 

En la reunión tripartita celebrada en Ginebra entre el 5 y el 9 de mayo de 2025, este enfoque fue reafirmado y traducido en un documento —el MEPDWR/2025/5— que intenta hacer operativa esa visión en un sector particularmente excluido de las garantías normativas: el reciclaje.

 

Este documento no tiene fuerza vinculante. Pero esa debilidad formal es también su potencia política: nace del consenso, no de la imposición; de la cooperación, no del decreto. Y en ese sentido, articula una ética de la responsabilidad compartida entre Estados, empresas y trabajadores, conscientes de que la sostenibilidad no puede construirse sobre la precariedad.

 

Se trata, en definitiva, de restituir el sentido original del derecho del trabajo: no como un dispositivo técnico al servicio de la producción, sino como una institución protectora, que inscribe los límites del poder económico y reconoce el valor del trabajo humano, en todas sus formas, incluso —y sobre todo— aquellas que el sistema ha pretendido relegar al silencio.

 

El derecho como promesa: fundamentos internacionales para una economía del cuidado

 

En el corazón del derecho internacional del trabajo habita una paradoja: sus normas, aunque a menudo no vinculantes, proyectan una fuerza normativa que modela imaginarios, inspira legislaciones y legitima luchas. Son promesas jurídicas. No siempre ejecutables, pero sí exigibles en el terreno de la ética política.

 

Las directrices adoptadas para dignificar el trabajo en el reciclaje se inscriben en esa tradición. Beberán de fuentes como los convenios fundamentales de la OIT sobre libertad sindical, abolición del trabajo forzoso, erradicación del trabajo infantil y no discriminación; así como de declaraciones más recientes —como los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo, actualizados en 2022— que buscan actualizar el pacto social ante las mutaciones del capitalismo global.

 

También dialogan con marcos normativos más amplios: los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, o la Declaración Tripartita de la OIT sobre Empresas Multinacionales. Todos ellos comparten una intuición central: que la empresa no puede ser un enclave extrajurídico; que sus acciones deben inscribirse en una gramática de derechos, y no solo en un cálculo de beneficios.

 

Ahora bien, el carácter “no obligatorio” de estas directrices no debe confundirse con inoperancia. El derecho moderno, recordaba Supiot, no se agota en la coacción: también opera por adhesión, por influencia, por producción de sentido. Las directrices funcionan como brújula normativa: permiten orientar políticas nacionales, fomentar reformas legislativas, guiar estrategias empresariales y anclar la cooperación técnica en principios compartidos.

 

Allí donde los ordenamientos nacionales son aún frágiles o fragmentados, estas referencias internacionales ofrecen un piso mínimo de legitimidad. Son, en cierto modo, los cimientos jurídicos de una nueva economía: no basada en la acumulación sin límites, sino en el cuidado de lo común y en el reconocimiento recíproco entre quienes trabajan, gobiernan y producen.

 

Arquitectura de lo posible: principios rectores y objetivos estratégicos

 

El derecho, cuando pretende transformar, necesita más que reglas: necesita una arquitectura. Las directrices MEPDWR-2025 responden a esta exigencia. No son un inventario de buenas intenciones, sino una tentativa de ordenar normativamente el espacio fragmentado del trabajo en reciclaje, marcando trayectorias, actores, prioridades.

 

Su estructura descansa sobre los cuatro pilares del Programa de Trabajo Decente de la OIT —empleo productivo, derechos en el trabajo, protección social y diálogo social— que no deben leerse como categorías técnicas, sino como principios rectores de un nuevo contrato social.

 

Los objetivos que de ellos derivan son ambiciosos porque son necesarios: promover empleos verdes e inclusivos, asegurar la salud y seguridad en el trabajo, tender puentes hacia la formalización progresiva del sector informal, robustecer la formación profesional, apoyar a cooperativas y formas asociativas de la economía social, e incentivar prácticas empresariales responsables.

 

Pero lo decisivo no es la enumeración, sino el enfoque: cada objetivo se articula desde la interdependencia entre actores, reconociendo que ningún sector —ni público ni privado, ni formal ni informal— podrá por sí solo garantizar una transición justa. Esta es, en el fondo, la gran enseñanza jurídica del siglo XXI: la norma no debe proteger únicamente al individuo frente al Estado, sino tejer relaciones de responsabilidad recíproca entre múltiples centros de poder.

 

Las directrices se dirigen, así, a una pluralidad de destinatarios: gobiernos nacionales y subnacionales, empresas grandes y pequeñas, cooperativas, recicladores organizados, organizaciones internacionales, ONGs y centros de formación. Esta polisemia institucional no es una debilidad, sino una adaptación a la realidad: el reciclaje no es una actividad unívoca, y el derecho que la regula tampoco puede serlo.

 

La flexibilidad que propone este enfoque —al distinguir entre reciclaje formal e informal, y al adaptar estrategias a contextos nacionales y locales— no significa ambigüedad, sino inteligencia normativa. Es una apuesta por un derecho vivo, situado, que reconoce la dignidad del trabajo allí donde el mercado aún no lo hace.

 

Implementar lo justo: roles estratégicos y construcción institucional

 

Las normas no transforman el mundo por sí solas. Requieren instituciones que las encarnen, actores que las hagan operativas, políticas que las traduzcan. La implementación es, en este sentido, la piedra de toque de cualquier aspiración jurídica: allí se decide si la justicia es horizonte o simulacro.

 

Las directrices MEPDWR-2025 no escapan a esta lógica. Identifican, con lucidez, los sujetos estratégicos de su aplicación y el tipo de funciones que a cada uno les corresponde. No se trata de repartir tareas como si de una empresa se tratase. Se trata de definir responsabilidades dentro de una comunidad política del trabajo, donde los vínculos deben sustituir al abandono y la corresponsabilidad a la indiferencia.

 

El papel de los Estados: de reguladores a garantes

 

Los Estados —y dentro de ellos, sus distintos niveles de gobierno— son convocados a un papel central: no solo como legisladores, sino como impulsores de procesos de formalización, promotores de prácticas empresariales responsables y coordinadores interinstitucionales. Las directrices insisten en fortalecer capacidades públicas: financiar, capacitar, asistir técnicamente, pero también empoderar a los gobiernos locales, quienes conocen la materialidad del reciclaje en los barrios, en las calles, en las cooperativas.

 

Se destacan, con razón, las contrataciones públicas como herramienta de transformación: incluir cláusulas laborales en los contratos del Estado no es un acto administrativo, sino un gesto político que puede redefinir las condiciones del trabajo en sectores históricamente precarizados.

 

Empresas: del cumplimiento mínimo a la responsabilidad activa

 

En este esquema, las empresas no son meras receptoras de regulación. Son también coautoras del orden social que contribuyen a construir. Por eso, se espera de ellas no una adhesión superficial a estándares, sino un compromiso estructural con principios como la diligencia debida, la inclusión del trabajo informal, la equidad de género y la seguridad social.

 

La innovación tecnológica y la escala de acción de muchas empresas pueden ser palancas de transformación o vectores de exclusión. Las directrices las invitan —más aún, las interpelan— a optar por lo primero, apostando por tecnologías limpias, alianzas público-privadas y formas de producción que no dejen a nadie atrás.

 

Sindicatos y recicladores organizados: el nervio democrático

 

Por último, las organizaciones de trabajadores y recicladores ocupan un lugar insustituible. No como beneficiarios pasivos, sino como motores de cambio. Su rol no se agota en la defensa sectorial: implica también una función cívica, de construcción de ciudadanía laboral y ambiental.

 

Se les llama a organizar, sensibilizar, incidir en cadenas de valor, participar en espacios tripartitos, integrar la agenda ambiental a sus reivindicaciones históricas. Esta expansión de su campo de acción es una oportunidad para recomponer los lazos rotos entre trabajo, naturaleza y democracia.

 

Implementar el trabajo decente en el reciclaje no es una cuestión de voluntad individual, sino de gobernanza compartida. Y el derecho, en este contexto, debe ser menos un código que una brújula: capaz de orientar acciones diversas hacia un mismo norte, donde dignidad, inclusión y sostenibilidad no sean retórica, sino realidad encarnada.

 

Ginebra, mayo 2025: una escena del derecho vivo

 

En tiempos donde las decisiones globales parecen decantarse en foros técnicos sin rostro, la reunión celebrada en Ginebra entre el 5 y el 9 de mayo de 2025 ofrece una imagen distinta: la del derecho en su forma más viva, deliberativa y plural. Convocada por la Organización Internacional del Trabajo, la cita reunió a representantes de 36 países y una heterogeneidad de voces que pocas veces dialogan en igualdad de condiciones.

 

La naturaleza tripartita del encuentro —gobiernos, empleadores y trabajadores— no fue un mero requisito procedimental. Fue el núcleo mismo del método. En ese espacio de deliberación compartida, las tensiones no se disolvieron, pero se hicieron fecundas. Lo que estaba en juego no era solo un texto, sino la posibilidad de construir consenso en un mundo atravesado por desigualdades persistentes y modelos de desarrollo contradictorios.

 

Un mosaico de realidades, una búsqueda común

 

La diversidad geográfica fue notable. Delegaciones de países del Norte global —España, Noruega, Bélgica— compartieron mesa con representantes del Sur —Bangladesh, Ghana, El Salvador, Tanzania—, en una arquitectura de diálogo que escapó al paternalismo y propició el reconocimiento mutuo. Empresas multinacionales como Microsoft coexistieron con gremios industriales, sindicatos locales, cooperativas y movimientos de recicladores informales. Cada actor trajo consigo una visión situada del reciclaje: como política, como sustento, como horizonte.

 

La presencia activa de mujeres recicladoras no fue anecdótica. Fue, en muchos casos, el anclaje más real del encuentro. Su palabra, marcada por la experiencia directa de exclusión y resiliencia, dotó al proceso de una profundidad ética difícil de alcanzar desde la abstracción técnica.

 

De la palabra al acuerdo

 

El resultado no fue unánime, pero sí consensuado. Entre los acuerdos más significativos destaca el reconocimiento legal del reciclaje informal como forma legítima de trabajo, así como la adopción de estrategias de formalización inclusiva, adaptadas a contextos nacionales. El documento MEPDWR/2025/5 fue aprobado para su revisión final por el Consejo de Administración de la OIT en noviembre del mismo año, consolidando así su tránsito de propuesta a instrumento de orientación internacional.

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Ginebra no fue solo el lugar donde se redactó un texto. Fue el escenario donde se ensayó una forma distinta de construir normas: no desde la imposición técnica, sino desde el reconocimiento recíproco de quienes, desde posiciones distintas, comparten una preocupación común. En ese sentido, lo ocurrido allí fue menos una reunión que una escena del derecho como promesa colectiva: imperfecta, sí, pero profundamente necesaria.

 

Cooperativas y economía social: reconstruir el lazo social desde el trabajo

 

El reciclaje, cuando no es relegado a la informalidad, revela algo más profundo que una función ambiental o económica. Es una forma de habitar el mundo, de reparar lo roto —material y socialmente— a través del trabajo colectivo. En este paisaje, las cooperativas de recicladores no son una solución técnica, sino una respuesta institucional a la fragmentación del vínculo social.

 

La cooperativa como sujeto político

 

Durante décadas, las cooperativas han operado como escudos frente a la exclusión. En contextos donde ni el mercado ni el Estado han garantizado condiciones dignas, la autogestión organizada ha permitido a miles de recicladores negociar mejores precios, acceder a servicios básicos, participar en licitaciones públicas e incluso formar parte de procesos de alfabetización digital.

 

Estas estructuras no deben ser vistas como formas marginales de empresa, sino como instituciones del cuidado mutuo. Son espacios donde el derecho —entendido no solo como norma sino como vínculo— se reconstruye desde abajo. Las directrices recomiendan, con razón, que los Estados reconozcan jurídicamente a estas formas organizativas, simplifiquen sus procesos de formalización e integren sus actividades a las cadenas de valor y compras públicas.

 

Al brindar financiamiento y asistencia técnica sostenida, los gobiernos no hacen un favor: cumplen con su función esencial de proteger formas de vida que, sin apoyo institucional, corren el riesgo de ser capturadas o desplazadas por lógicas extractivas disfrazadas de “cooperativismo”.

 

Más allá de la cooperativa: el ecosistema de la economía solidaria

 

Pero la dimensión social del reciclaje no se agota en las cooperativas. A su alrededor florece un entramado de asociaciones, mutuales, fundaciones y emprendimientos comunitarios que constituyen la economía social y solidaria. Estas entidades habitan zonas donde el mercado no llega y donde el Estado se muestra insuficiente. Allí donde falla la rentabilidad, emerge la reciprocidad.

 

Las directrices exigen que estas formas organizativas reciban trato equitativo frente a las empresas convencionales, sin caer en un modelo que premie solo la eficiencia de mercado. Apoyarlas técnica y financieramente, protegerlas frente a pseudo-cooperativas que reproducen la explotación bajo otra fachada, es una forma concreta de institucionalizar la justicia.

 

Lo que está en juego es más que inclusión económica: es la posibilidad de edificar una economía del reciclaje que sea también una economía del reconocimiento. Una economía que no reproduzca la marginalidad, sino que la revierta mediante estructuras colectivas donde los trabajadores sean, al mismo tiempo, productores y sujetos de derecho.

 

Juventud, género y vulnerabilidad: el derecho como lugar de inclusión

 

Un sistema jurídico no se define solo por sus normas, sino por las vidas que incluye o deja al margen. Las directrices sobre trabajo decente en el reciclaje reconocen esta verdad incómoda: que los sujetos más invisibilizados del trabajo —los jóvenes sin empleo, las mujeres relegadas, los grupos estigmatizados— no están fuera del derecho porque no trabajen, sino porque su trabajo ha sido históricamente despojado de valor jurídico.

 

Juventud: trabajo como promesa truncada

 

En muchas regiones, el desempleo juvenil no es una estadística: es una herida. Es la ruptura entre educación y trabajo, entre esfuerzo y futuro. Las directrices intentan revertir esta fractura proponiendo que el reciclaje —y más ampliamente, la economía circular— se transforme en un campo fértil para la participación juvenil: no solo como fuerza laboral barata, sino como actores del cambio.

 

Se proponen programas de formación técnica, pasantías remuneradas, estímulos al emprendimiento verde y liderazgo joven en estructuras cooperativas. No se trata de adaptar jóvenes a un sistema precario, sino de permitirles rehacerlo desde otras lógicas: ecológicas, solidarias, democráticas.

 

Género: desmontar las jerarquías del reciclaje

 

El trabajo informal en reciclaje está profundamente feminizado. Las mujeres, especialmente en contextos empobrecidos, cargan con la doble exclusión: dentro del sistema económico y dentro de sus propias comunidades. Brechas salariales, violencia, acceso limitado a espacios de decisión y sobrecarga doméstica configuran una matriz de desigualdad que el derecho no puede seguir ignorando.

 

Las directrices proponen medidas concretas: participación femenina en todos los niveles, provisión de servicios de cuidado, espacios seguros de trabajo, indicadores de impacto de género y políticas públicas con enfoque transversal. Pero más allá de las herramientas, lo que se reclama es un cambio de paradigma: visibilizar el conocimiento, la resiliencia y el liderazgo que estas mujeres ya ejercen —aunque sin reconocimiento institucional— desde hace décadas.

 

Grupos vulnerables: repensar lo normal desde los márgenes

 

Las personas que integran pueblos indígenas, migrantes, personas con discapacidad o históricamente discriminadas encuentran en el reciclaje una forma de supervivencia, pero también de autoorganización. El reto jurídico no es incluirlos bajo la lógica dominante, sino reformular esa lógica a partir de sus experiencias.

 

La inclusión real exige normas adaptadas, mecanismos participativos, representación efectiva y políticas que no instrumentalicen la vulnerabilidad, sino que la transformen en fuerza normativa: en derecho a existir, a decidir y a construir comunidad.

 

No hay justicia ambiental sin justicia social. Y no hay justicia social sin reconocimiento jurídico de quienes han sido sistemáticamente excluidos de los beneficios del desarrollo. El reciclaje, si se piensa desde estos márgenes, deja de ser un asunto técnico y se convierte en una pregunta radical: ¿quién tiene derecho a participar en el futuro?

 

La formalización como reconocimiento: de la precariedad al derecho

 

Formalizar el trabajo no es solo registrar una actividad ante el Estado. Es, en términos más profundos, dotarla de reconocimiento jurídico, económico y simbólico. Es inscribir a quienes trabajan —con o sin papeles, con o sin contratos— dentro del campo de lo común. En el caso del reciclaje, esta formalización no puede ser una exigencia burocrática impuesta desde arriba, sino una construcción institucional paciente, adaptada y compartida.

 

El reciclaje informal: trabajo sin nombre, economía sin rostro

 

Millones de personas en el mundo extraen su sustento de actividades informales de reciclaje. No figuran en estadísticas laborales, no acceden a seguridad social, no tienen interlocutores ante el poder. Sin embargo, sostienen con su trabajo la parte más real —y más olvidada— de la economía circular. En sus manos, los residuos recuperan valor. Pero su trabajo permanece invisible, como si la economía sólo comenzara cuando se activa la factura.

 

Las directrices reconocen esta contradicción y proponen un camino de transición. No para absorber al reciclador en una lógica ajena, sino para construir con él —y no sobre él— un marco de derechos.

 

Estrategias habilitantes, no punitivas

 

La formalización que se propone no responde a un modelo único. Se plantea como un proceso gradual, con registros simplificados, incentivos fiscales, acceso a financiamiento y servicios públicos. Se trata de abrir puertas, no de establecer barreras. La informalidad, en muchos casos, no es una elección, sino una estrategia de supervivencia frente a un sistema que excluye por diseño.

 

Por eso, se destacan medidas como:

• Espacios de negociación colectiva que incluyan a trabajadores no reconocidos formalmente.
• Acceso a formación profesional, salud, protección social.
• Participación efectiva en el diseño de políticas que los afectan.

 

El objetivo no es encuadrar la realidad en una norma prefijada, sino permitir que la norma se construya a partir de la realidad.

 

Obstáculos estructurales: reconocer para transformar

 

No basta con ofrecer mecanismos de formalización si no se abordan las causas que perpetúan la precariedad: falta de reconocimiento legal, baja rentabilidad, fragmentación organizativa, desconfianza institucional. El reciclaje informal ha sobrevivido gracias a redes sociales, conocimiento territorial y autoorganización. Ignorar estos factores es repetir el error de imponer formas jurídicas que destruyen lo que buscan proteger.

 

Las directrices proponen, en cambio, políticas basadas en el diálogo social, la participación multiactor y la creación de mecanismos de monitoreo conjunto. Porque formalizar no es encorsetar. Es crear condiciones para que los derechos se hagan posibles allí donde hoy son apenas una aspiración.

 

La formalización, entendida así, no es un punto de llegada, sino un camino hacia la justicia social. Un camino donde el derecho no borra la informalidad, sino que la reconoce como síntoma de exclusión y trabaja para superarla desde la inclusión activa. Es, en definitiva, una forma de hacer visible el trabajo allí donde el sistema ha preferido mirar para otro lado.

 

Tecnología, medioambiente y gobernanza: una transición con rostro humano

 

Hablar de transición ecológica sin hablar de trabajo es repetir los errores de un progreso sin sujeto. Automatizar el reciclaje, digitalizar la trazabilidad de residuos, robotizar la clasificación: todo eso es posible. Pero la pregunta esencial persiste —¿quién queda afuera cuando avanza la tecnología?—. Si el progreso técnico no va acompañado de justicia social, la innovación deviene exclusión.

 

Tecnología con inclusión: la dignidad no se automatiza

 

Las directrices lo entienden así: la tecnología debe ser accesible, socialmente distribuida y acompañada de formación continua. No puede ser excusa para expulsar trabajadores, sino oportunidad para mejorar condiciones y crear nuevas competencias. Plataformas móviles, clasificación automática, comercio electrónico de materiales reciclados: todo eso es deseable, pero sólo si se integra bajo un principio rector de empleabilidad y equidad.

 

El desarrollo tecnológico, en este enfoque, debe responder a criterios de sostenibilidad ampliada: no solo ecológica, sino humana. Porque el reciclaje no puede convertirse en otro capítulo del despojo digital.

 

Medioambiente y trabajo: indivisibles por principio

 

No existe economía verde que se construya sobre cuerpos enfermos. Algunas prácticas de reciclaje informal, lejos de ser ecológicas, son profundamente contaminantes, peligrosas y dañinas. Las directrices abordan esta tensión con claridad: exigen evaluaciones de impacto ambiental y laboral, incentivos a prácticas limpias, cláusulas verdes en compras públicas, y participación efectiva de trabajadores en la planificación ambiental.

 

Aquí el derecho ambiental y el laboral se encuentran no por yuxtaposición, sino por necesidad. Cuidar la tierra sin cuidar a quienes la limpian es una forma más de hipocresía institucional.

 

Gobernanza participativa: democratizar la transición

 

La piedra angular de todo este entramado es el diálogo social. Sin él, las normas se vacían; las reformas, se imponen; y las políticas, fracasan. Por eso las directrices insisten en institucionalizar el diálogo tripartito, fortalecer a los interlocutores sociales, e incluir explícitamente a los recicladores informales en las mesas de decisión.

 

El derecho, en este sentido, no es una técnica neutral. Es un instrumento para democratizar el futuro. Y la gobernanza participativa es su forma política más legítima.

 

Reforzar capacidades institucionales —inspección laboral, marcos normativos claros, sistemas de monitoreo, formación de funcionarios— no es solo una cuestión de eficiencia. Es, sobre todo, una cuestión de confianza pública: de reconstruir el vínculo entre quienes legislan y quienes obedecen.

 

Conclusión: reciclar el mundo, restaurar el derecho

 

Las directrices MEPDWR-2025 no son una solución mágica, ni un manual cerrado. Son una hoja de ruta para algo mucho más ambicioso: transformar el reciclaje en un espacio donde la dignidad y la sostenibilidad no sean privilegios, sino condiciones de base.

 

Se requiere compromiso político, inversión sostenida y, sobre todo, voluntad de escuchar a quienes llevan décadas sosteniendo con sus manos lo que el sistema desechó. Reciclar, entonces, no es solo una técnica. Es una ética. Es una forma de rehacer el mundo a partir de sus fragmentos, de tejer nuevamente lo común desde el trabajo invisible, desde la periferia, desde lo informal.

 

Y en ese gesto, el derecho recupera su función más profunda: no simplemente regular lo existente, sino abrir camino a lo posible.

 

CRÓNICA HACIA GINEBRA: UNA MIRADA A LA 113.ª CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO

YA SE VAN...

Cada junio, Ginebra se convierte en el epicentro del derecho laboral internacional. Delegaciones de 187 países —formadas por gobiernos, empleadores y trabajadores— se reúnen durante dos intensas semanas para debatir, aprobar normas y evaluar el rumbo de la política laboral global. Se trata de la Conferencia Internacional del Trabajo (CIT), el principal órgano deliberativo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), un verdadero foro tripartito donde conviven diplomacia, conflicto, técnica y estrategia.

La edición número 113, que se celebra este año, presenta un menú normativo cargado de tensiones y expectativas. No es un evento ceremonial ni un congreso académico: es, ante todo, un espacio de producción normativa supranacional que incide directamente en la vida de millones de personas trabajadoras en todo el mundo.

Una logística con reglas propias

Participar de la CIT requiere cumplir ciertos rituales logísticos. La acreditación es el primer paso, y se realiza en el edificio de la OIT, aunque muchas de las sesiones se desarrollan en el Palacio de las Naciones Unidas. Una vez acreditado, se accede a un sistema de transporte público gratuito y servicios institucionales diseñados para facilitar la experiencia de las delegaciones: interpretación en seis idiomas, cafeterías, salas de oración, espacios de descanso, wifi y atención médica.

¿Qué se discute en la Conferencia?

La agenda de esta edición incluye temas que van desde el monitoreo del cumplimiento de normas ya vigentes hasta la discusión de nuevos convenios internacionales. Se destacan los siguientes ejes:

Informe del Consejo de Administración y Memoria del Director General: Bajo el lema “Empleo, derechos y crecimiento: fortalecer el nexo”, el informe presenta un diagnóstico institucional y una hoja de ruta estratégica.

Programa y Presupuesto 2026–2027: Aunque con bajo perfil político, este documento define recursos y prioridades que habilitan —o limitan— la acción futura de la OIT.

Aplicación de normas internacionales del trabajo: Un espacio clave para el movimiento sindical. Allí se evalúan los avances y retrocesos en la implementación de normas internacionales, en base a informes enviados por los tres actores (gobiernos, empleadores y trabajadores). Este año, la discusión se enfoca en salud y seguridad en el trabajo.

Norma sobre peligros biológicos: Segunda y última ronda de negociación de un instrumento clave que busca establecer obligaciones claras frente a riesgos biológicos. Por primera vez, se reconoce en una norma de la OIT al personal que gestiona residuos como colectivo expuesto y protegido, lo cual tiene implicancias jurídicas significativas.

 Trabajo en plataformas digitales: Tema candente. La discusión aborda cómo regular relaciones laborales mediadas por algoritmos, evitar zonas grises contractuales, garantizar derechos a trabajadores de apps, y frenar una deriva hacia la desprotección legal masiva.

Transición a la formalidad: Aunque no terminará en un convenio este año, la discusión busca acordar estrategias para formalizar a millones de personas que hoy trabajan sin derechos ni seguridad social. Se abordan causas estructurales, medidas fiscales, y el rol del Estado como garante.

Cómo funciona la maquinaria interna

La CIT se organiza en espacios diferenciados:

Plenaria: Ceremonial y política, marca la apertura y clausura. Allí se presentan discursos y se aprueban formalmente los informes.

Comisiones: Son el corazón de la Conferencia. Técnicas o permanentes, allí se discuten en detalle los temas del orden del día. Trabajan con documentos oficiales, enmiendas, sesiones formales e instancias informales de negociación.

Actividades paralelas: Desde el Foro de la Coalición Mundial por la Justicia Social hasta reuniones regionales y sectoriales. Son espacios para articular estrategias, visibilizar agendas y construir alianzas.

Una experiencia humana y política

Participar de la CIT no es simplemente asistir a un evento. Es insertarse en un universo con códigos propios, donde la técnica jurídica convive con la diplomacia sindical, y donde cada palabra pronunciada busca incidir en un texto que puede convertirse en norma internacional.

Un consejo final

No todo es negociación. También hay que caminar mucho, comer cuando se pueda, mantenerse hidratado y registrar lo vivido. Cada día en la CIT puede ser una pequeña clase magistral de derecho internacional, una batalla política o una conversación que abre puertas.

La Conferencia, como todo foro vivo, cambia un poco cada año. Pero si algo permanece, es la certeza de que las decisiones que allí se toman —o las que se postergan— configuran, en tiempo real, el horizonte del trabajo decente a escala global.

Claro. Acá tenés una versión reformulada, integrada con el tono y el nivel del resto del texto en el que venís trabajando:

Posdata – Reflexiones en tránsito

Esta Conferencia, a mi juicio, tiene el potencial de marcar un punto de inflexión tan relevante —o incluso más— que la emblemática cita del Centenario, que nos legó la Declaración sobre el Futuro del Trabajo y el Convenio 190. No por el simbolismo de las fechas, sino por el cruce entre desafíos inéditos y respuestas institucionales incipientes.

La adopción de una norma vinculante sobre riesgos biológicos, como primera expresión normativa del reconocimiento del entorno laboral saludable y seguro como derecho fundamental, no es menor. Puede constituir un umbral para repensar el derecho del trabajo desde una perspectiva ecosistémica, reconciliada con los límites biofísicos del planeta. A su vez, la apertura del proceso sobre trabajo en plataformas obliga a enfrentar —con rigor y sin nostalgias— los contornos difusos de las nuevas formas de organización productiva. Ambiente y plataformas: dos fronteras donde el andamiaje tradicional del derecho laboral exhibe signos de agotamiento y exige reformulación.

Sobre la primera, en la que he tenido la posibilidad de trabajar estos años, intentaré escribir en los próximos días, si el curso de la Conferencia ofrece razones para creer que estamos ante un instrumento que valga su esfuerzo normativo. Sobre la segunda, confío en que las compañeras y compañeros que hoy pisan Ginebra me proveerán las claves para comprender hacia dónde se orienta este nuevo ciclo de disputa regulatoria.

Hasta entonces.

“Crónicas desde la distancia: Una mirada a la Conferencia Internacional del Trabajo”

 

Introducción: Un año diferente, una pasión intacta

Desde 2015, la Conferencia Internacional del Trabajo (CIT) se convirtió en una cita obligada en mi calendario profesional. Solo la pandemia logró impedir mi asistencia una vez. El resto de los años, ahí estuve, testigo en  debates vibrantes, en luchas sindicales apasionantes, y en la evolución constante del Derecho del Trabajo. Este año, sin embargo, me toca vivirla desde lejos. No porque falten ganas o compromiso, sino por circunstancias que a veces simplemente se imponen. Pero la distancia no me aleja. Al contrario, me reta a estar más presente, aunque sea desde otra trinchera.

 

La magia de Ginebra: más que una conferencia

Participar en la CIT es una experiencia única. Desde la primera vez, la Comisión de Aplicación de Normas me dejó boquiabierto. Para quienes amamos el Derecho del Trabajo, estar ahí es como entrar en Las Vegas de lo jurídico. Debates con contenido real, choques de ideas, análisis de casos concretos… una verdadera fiesta para los que disfrutamos del intercambio intenso.

Cada año trae su cuota de emociones: la celebración del centenario de la OIT, la irrupción de temas ambientales en la agenda laboral, el reconocimiento de sectores antes invisibilizados, como la gestión de residuos. Ver cómo el mundo del trabajo se transforma en tiempo real, mientras se discuten políticas globales, es tan fascinante como imprescindible.

 

Temas que marcan época: transición justa y justicia climática

Lo que más me entusiasmó en los últimos años fue ver cómo la OIT asumía con seriedad el desafío ambiental. No se trata solo de hablar de cambio climático, sino de hacerlo desde una óptica de justicia social. Los trabajadores y trabajadoras empiezan a ser parte activa de esa transformación, proponiendo un enfoque laboral a problemas globales. Conceptos como “transición justa”, “riesgos biológicos”, y “trabajo esencial” cobraron una nueva dimensión, sobre todo después de la pandemia.

 

Reconocimiento y comunidad: lo que deja la militancia sindical

Uno de los regalos más grandes de estos años ha sido el trabajo colaborativo con mis pares. La Internacional de Servicios Públicos valoró mis aportes, y eso potenció aún más mi deseo de investigar, leer, pensar, discutir, escribir. Participar no es solo sentarse en una sala; es también construir ideas, influir en decisiones, ser parte del cambio. Poder decir “ese punto, esa coma, ese artículo fue obra nuestra” tiene un valor incalculable. Como dice la colega Silvia Torrisi: eso vale oro.

 

Una nueva forma de participar: la Conferencia desde casa

Este año no estaré en Ginebra. Al principio, la bronca fue inevitable. Pero después entendí que también se puede aportar desde otro lugar. Me levanto a las 5 de la mañana, a veces a las 4, para seguir los debates por YouTube. Leo documentos, reviso informes, y cuando puedo, envío ideas por WhatsApp a quienes están allá. No es lo mismo, pero también es militancia. También es trabajo. Y, sobre todo, también es compromiso.

Lo que no se ve: el trabajo invisible que sostiene los debates

Participar en la CIT no es solo una cuestión de presencias físicas. Hay una enorme cantidad de trabajo que se hace por fuera de las cámaras, de las salas y de los micrófonos. Leer informes técnicos, discutir borradores, pensar estrategias con compañerxs de todo el mundo. Ese trabajo, aunque menos visible, es igual de fundamental. Este año me toca hacerlo desde mi escritorio en casa, con el mate al lado, pero con el mismo nivel de intensidad.

Esas horas invertidas no se ven, pero hacen la diferencia cuando llega el momento de tomar la palabra, de sugerir una redacción o de frenar una propuesta que puede afectar derechos laborales. La política sindical internacional también se construye desde lo cotidiano, desde lo micro, desde ese mensaje enviado a tiempo o esa lectura crítica compartida en un grupo de trabajo.

 

Un ojo en el pasado, otro en el futuro: el Derecho del Trabajo en transformación

Sigo pensando —y sintiendo— que estamos en un momento bisagra del Derecho del Trabajo. Hay una especie de niebla en el aire: por un lado, nuevas realidades como el teletrabajo, las plataformas digitales, la inteligencia artificial. Por otro, los viejos dilemas de siempre: la libertad sindical, los salarios dignos, las condiciones de trabajo.

A veces siento que el Derecho del Trabajo se me escapa de las manos, que no sé muy bien hacia dónde va. Pero eso, lejos de desanimarme, me motiva más. Es justamente en los momentos de incertidumbre cuando más hay que involucrarse. Cuando más vale leer, pensar, escribir. Porque las reglas que se definan hoy van a marcar el mundo laboral de mañana.

 

La importancia de la memoria colectiva: aprendizajes y continuidad

Uno de los valores más grandes de participar en la CIT es el aprendizaje continuo. No solo de expertos y expertas, sino también de colegas que enfrentan realidades laborales muy distintas. Escuchar una intervención de un sindicato africano sobre derechos laborales en zonas rurales, o de una organización asiática sobre seguridad en fábricas textiles, te abre la cabeza. Te saca de tu burbuja y te obliga a pensar globalmente.

Y al mismo tiempo, te ancla en lo local. Te hace volver a tu país, a tu sector, con nuevas herramientas, con otras preguntas. La conferencia no termina cuando se cierra la última sesión. Sigue en cada taller, en cada curso, en cada reunión donde esas ideas se vuelven políticas concretas.

 

Participación remota: limitaciones, desafíos y oportunidades

Claro que no es lo mismo seguir la conferencia desde casa. Falta el cuerpo a cuerpo, las charlas en los pasillos, los encuentros improvisados que muchas veces valen más que un discurso oficial. Pero también tiene su lado positivo: el acceso a la información se ha democratizado mucho. Hoy podés ver en vivo los debates, leer los documentos casi en tiempo real, intercambiar ideas por redes sociales.

Eso obliga a repensar los modos de participación sindical internacional. ¿Qué pasa si alguien no puede viajar, pero tiene mucho que aportar? ¿Cómo incluimos esas voces? Este año me siento como un experimento viviente de esa nueva forma de estar: sin estar.

 

Anticipando la agenda: qué se discute y por qué importa

Este año, los temas que están sobre la mesa son fuertes. Transición justa, salud y seguridad en el trabajo, inclusión social, impacto de las tecnologías… cada uno de ellos plantea desafíos enormes. Y detrás de cada tema, hay millones de trabajadores y trabajadoras cuya vida puede cambiar dependiendo de cómo se redacte una norma, de qué palabras se usen en un convenio.

Por eso importa tanto estar presentes, incluso desde la distancia. Porque cada coma puede ser una conquista o una pérdida. Y porque, aunque no estemos en Ginebra, seguimos estando en la lucha.

 

Los rostros detrás de la lucha: agradecimientos y reconocimientos

No se llega a estos espacios solo. Cada palabra que pude decir, cada informe que pude analizar, fue posible gracias a una red de compañerxs que me sostuvieron y empujaron. Quiero agradece a la CGT, y en particular a Marta Pujadas, por confiar y abrirme las puertas. También a Daria Cibrario de la Internacional de Servicios Públicos, por su escucha atenta y su fe constante en que lo que uno tiene para decir puede aportar algo real. A enrique Lorenzo y a Carlos Frigerio, por su aporte constante, a Ariel Pringles y Angel Riguet, compañeros de debate, y a Marcelo Di Stefano, una guía imprescindible para quien quiera aprender de que va esta conferencia.

Estos agradecimientos no son meros formalismos. En el sindicalismo, como en la vida, los lazos humanos hacen la diferencia. Saber que alguien cree en vos te da fuerza cuando el cansancio pesa. Y saber que uno forma parte de algo más grande da sentido incluso en los momentos de incertidumbre.

 

Crónicas en tiempo real: vivir la CIT a la distancia y en diferido

En estos días, mientras escribo desde casa, me llegan correos para completar el proceso de acreditación. Ironías de la vida. A un clic de estar oficialmente adentro, pero sin subirme a un avión. Así y todo, no quiero quedarme afuera. Por eso arranqué estas crónicas: para seguir el evento desde lejos, pero con la misma pasión.

Las escribo al amanecer, cuando todavía no empieza el ruido del día. Las escribo con la pantalla dividida: de un lado, YouTube con las sesiones; del otro, un procesador de texto que se llena de ideas, citas, comentarios. También WhatsApp, claro, porque a veces una sugerencia enviada a tiempo puede cambiar una intervención.

 

Una comunidad de ideas: el poder de compartir la experiencia

Estas crónicas no tienen más pretensión que acompañar. A quienes están allá, para que sientan que no están solos. A quienes están acá, para que se acerquen un poco más a este mundo fascinante del sindicalismo internacional. Y a mí mismo, para no perder el hilo, para seguir sintiendo que formo parte.

Escribir es, en cierto sentido, una forma de militancia. Y compartir lo que uno piensa es una forma de invitar a otros a pensar también. Por eso agradezco cada comentario, cada mensaje, cada lectura. Son el combustible para seguir escribiendo, incluso cuando el sueño pesa o la motivación flaquea.

 

Humor, dudas y certezas: lo que se habla en los márgenes

En la CIT, no todo son discursos y resoluciones. Hay charlas de café, cenas improvisadas, confesiones de pasillo. Este año, esas charlas me llegaran por audios, por fotos desde Les Brasseurs, ese barcito frente a la Gare de Cornavin que ya es casi parte oficial de la conferencia. Ahí se dice lo que no entra en los documentos: las dudas, las estrategias, las internas. Todo eso también es política sindical.

Y es ahí donde aparecen las frases que más resuenan. Como esa que alguien dijo entre cerveza y cansancio: “No sé si alguna vez leí tanto para una conferencia. Y tampoco sé si alguna vez estuve tan perdido sobre hacia dónde va el Derecho del Trabajo”. Me quedé pensando. ¿Será que estamos ante una crisis del derecho? ¿O es solo confusión mía? Vaya uno a saber.

 

Entre el mate y el Zoom: lo cotidiano también es resistencia

Estos días, los viviré como si estuviera allá. Me levantaré temprano, me preparé como si tuviera que entrar a la sala de reuniones, sentado frente a la compu con el mate al lado. No hay credencial colgada, pero hay compromiso. No hay saludo en el hall, pero hay ideas que circulan. Y eso, en definitiva, también es formar parte.

La pandemia nos enseñó que se puede estar presente de muchas maneras. Esta es una más. No menos valiosa. Solo distinta. Quizás más solitaria, pero también más introspectiva. Y, si se comparte, también más poderosa.

Cierre con mirada al futuro: más allá de estos quince días

Lo que va a pasar del 2 al 13 de junio es solo una parte de un proceso más grande. La CIT no es un evento aislado. Es un nodo en una red global de luchas, debates y conquistas. Estos quince días son un momento de concentración, pero la pelea por un mundo laboral más justo se da todos los días, en todos los rincones del planeta.

Me gusta pensar que estar escribiendo estas crónicas, con o sin jet lag, con o sin pase de acreditación, también es una forma de estar ahí. De sostener la memoria, de anticipar el futuro, de no dejar caer la energía que nos lleva a pelear por derechos. Porque, al final del día, eso es lo que está en juego: cómo queremos vivir y trabajar en este mundo que cambia a una velocidad vertiginosa.

 

Conclusión: con la cabeza allá y los pies acá

Tal vez este sea el año en que más trabajé para una conferencia… sin llegar a  pisar las salas de la ONU o de la OIT . Tal vez también sea el año en que más dudas tengo sobre el rumbo del Derecho del Trabajo. Pero si algo tengo claro, es que las certezas no se construyen en soledad. Se tejen entre personas que piensan, sienten y luchan juntas. Esté donde esté, yo quiero seguir siendo parte de esa trama.

Así que estos quince días me los tomo en serio. Como si estuviera allá. Porque, en cierto modo, lo estoy. Y si llegaste hasta acá, gracias por acompañarme. Seguiré escribiendo. Y vos, si tenés ganas, podés seguir leyendo, comentando, discutiendo. Porque de eso se trata: de construir juntos.

 

Preguntas frecuentes (FAQs):

1. ¿Qué es la Conferencia Internacional del Trabajo (CIT)?

Es el evento anual más importante de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), donde se reúnen representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores para discutir normas y políticas laborales globales.

2. ¿Por qué es relevante para los sindicatos?

La CIT es una oportunidad para influir en decisiones que afectan directamente las condiciones laborales en todo el mundo. Es un espacio clave para la acción sindical internacional.

3. ¿Se puede participar de forma remota?

Sí. Aunque estar físicamente presente tiene ventajas, hoy existen muchas herramientas digitales que permiten seguir los debates y participar de forma activa a la distancia.

4. ¿Qué temas están marcando la agenda actual del Derecho del Trabajo?

Algunos de los más importantes son la transición justa, el impacto del cambio climático, el trabajo en plataformas digitales, la salud y seguridad laboral, y la igualdad de género.

5. ¿Cómo puedo seguir las crónicas y aportar a la conversación?

Podés seguir estas crónicas en el blog personal del autor o en redes sociales. Tus comentarios, preguntas y sugerencias son bienvenidos y ayudan a enriquecer el debate.

SE APROBO EL TRATADO ESPECIAL CONTRA LAS PANDEMIAS EN LA OMS.

 Un tratado histórico contra las pandemias: logros, límites y próximos pasos

En mayo de 2025, tras más de tres años de intensas negociaciones, la Asamblea Mundial de la Salud aprobó por unanimidad un acuerdo internacional con el objetivo de prevenir, prepararse y responder mejor ante futuras pandemias. Este tratado, aunque menos ambicioso que la propuesta inicial, marca un hito en la historia del multilateralismo sanitario global y en la búsqueda de justicia en el acceso a recursos de salud.

¿Por qué un tratado sobre pandemias?

La pandemia de COVID-19 dejó un saldo devastador: más de 29 millones de muertes estimadas, una drástica caída en la esperanza de vida global, y enormes desigualdades en el acceso a vacunas, tratamientos y equipos de protección . El tratado nace de la urgencia por evitar que semejante tragedia se repita, apostando a una arquitectura sanitaria internacional más robusta, equitativa y cooperativa.

Claves del acuerdo

El texto aprobado establece como principios rectores la equidad, la solidaridad, la transparencia y los derechos humanos. Entre sus principales disposiciones, se destacan:

• Sistema multilateral de acceso a patógenos y reparto de beneficios (PABS en su sigla en inglés): los países deberán compartir información genética de virus con potencial pandémico y, a cambio, recibirán al menos un 10% de los productos resultantes (vacunas, diagnósticos, tratamientos) de forma gratuita, y otro 10% a precios accesibles .

• Condicionalidad del financiamiento público: por primera vez en un tratado sanitario se plantea que la financiación estatal a la investigación en salud debe ir acompañada de cláusulas de acceso asequible, transferencia de tecnología y licencias abiertas .

• Red Global de Logística y Suministros: busca evitar los cuellos de botella logísticos que impidieron una distribución equitativa de insumos médicos durante la pandemia de COVID-19 .

Limitaciones y riesgos

El tratado no es vinculante en su totalidad y carece de mecanismos coercitivos para asegurar el cumplimiento de sus disposiciones. La transferencia de tecnología sigue siendo voluntaria y el sistema PABS dependerá de futuras negociaciones previstas para 2026 . Organizaciones como Médicos Sin Fronteras y DNDi han advertido que sin voluntad política, el acuerdo corre el riesgo de quedarse en el papel .

Además, la desinformación y el nacionalismo sanitario fueron obstáculos constantes durante la negociación. Desde sectores políticos se difundieron teorías conspirativas que acusaban a la OMS de querer imponer decisiones soberanas sobre los Estados, lo cual fue desmentido: el tratado respeta la autonomía nacional en la implementación de medidas sanitarias .

¿Qué sigue?

El tratado entrará en vigor 30 días después de que 60 países depositen sus instrumentos de ratificación. Su éxito dependerá de que los Estados lo implementen con compromiso y de que el anexo sobre acceso a patógenos y beneficios se negocie con mayor ambición y participación de los países del Sur Global .

¿Qué falta?

En junio de este año la conferencia internacional del trabajo debería aprobar un convenio de protección de los trabajadores contra riesgos biológicos en el entorno de trabajo.

Que debería aportar ese convenio a este otro para darle a la población mundial la mejor protección posible?

Uno de los puntos más sensibles que todavía quedan por resolver en las negociaciones del futuro convenio de la OIT sobre protección frente a los peligros biológicos es el alcance mismo del instrumento. El borrador del informe azul propone una definición restrictiva que se limita a microorganismos y enfermedades infecciosas, dejando por fuera una amplia gama de afecciones profesionales reconocidas, como las alergias ocupacionales, la dermatitis por contacto, los envenenamientos por plantas o las mordeduras de animales. Esta visión estrecha no solo es incompatible con la experiencia concreta de millones de trabajadores en todo el mundo, sino que representa un retroceso en relación con los estándares ya adoptados por la propia OIT. Por eso, desde el sindicalismo internacional se insiste en recuperar una definición amplia y exhaustiva, en consonancia con el Convenio 155, los convenios sectoriales y las directrices técnicas previas. Defender este enfoque no es solo una cuestión de coherencia técnica, sino también de respeto al principio de no regresión, piedra angular de la evolución normativa en materia de salud y seguridad.

En paralelo, se ha abierto un debate crucial sobre las obligaciones que deben asumir los empleadores. Algunos sectores patronales han propuesto limitar esas obligaciones únicamente a los factores “bajo su control directo”, lo cual dejaría en manos de los Estados muchas de las medidas preventivas frente a pandemias u otros eventos de origen biológico. Esta postura desconoce que, aun cuando ciertos peligros excedan el control inmediato de las empresas, estas siguen teniendo la responsabilidad de prever, preparar y proteger: esto incluye desde la provisión de equipos de protección personal hasta la elaboración de planes de contingencia y protocolos de actuación frente a brotes epidémicos. Los sindicatos deberán estar atentos a las formulaciones concretas del informe azul para evitar cualquier intento de diluir la responsabilidad empresarial en contextos de riesgo.

Otra dimensión pendiente es la de los sectores y ocupaciones de alto riesgo, así como los grupos que requieren protección especial. El texto actual de la Recomendación incluye listas que resultan claramente incompletas: se omiten sectores tan sensibles como la minería, la hostelería, el transporte, la educación o el trabajo en plataformas digitales. Ante este panorama, el movimiento sindical enfrenta un dilema estratégico. Una posibilidad es insistir en ampliar la lista, aunque esto podría generar resistencias insalvables. Otra opción es suprimir la lista cerrada y apostar por una formulación abierta, basada en evaluaciones caso por caso y acompañada de orientaciones técnicas de la OIT. En cualquier escenario, resulta fundamental reclamar la inclusión de los trabajadores informales, temporales y estacionales, cuya exclusión refuerza las brechas estructurales en materia de protección.

El texto del convenio también incluye una sección titulada “Derechos y deberes de los trabajadores y sus representantes”, una formulación que ha generado especial preocupación. En efecto, hablar de “deberes” impone una carga inapropiada a quienes ocupan la posición más vulnerable en la relación laboral. Los convenios fundamentales, como el C155, hablan de “responsabilidades”, siempre condicionadas a que el empleador haya adoptado previamente las disposiciones necesarias para que los trabajadores puedan actuar en forma segura. Exigir deberes sin asegurar condiciones previas como formación, recursos o supervisión es tanto jurídicamente improcedente como políticamente inaceptable. Por eso, desde el sindicalismo se sostiene que esta redacción debe modificarse, reafirmando el principio de que ningún nuevo instrumento puede significar una merma respecto de los derechos ya consagrados.

El tema de la confidencialidad y la protección de los denunciantes también requiere una revisión profunda. En el texto actual, se privilegia la protección de la información comercial de las empresas, mientras que las salvaguardas para quienes denuncian situaciones de riesgo son débiles y demasiado restringidas. Solo se contempla la denuncia frente a incumplimientos legales, lo cual deja sin cobertura a quienes advierten peligros inminentes en ausencia de legislación específica. Además, se limita la protección a las represalias directas, omitiendo las consecuencias injustificadas o indirectas, que también pueden tener un efecto disuasorio sobre los trabajadores. Desde una perspectiva sindical, es imprescindible garantizar un marco amplio y efectivo de protección a los denunciantes, reconociendo su rol como actores clave en la defensa de la salud colectiva.

Finalmente, aunque en 2024 no se discutió formalmente la Recomendación, se espera que en 2025 ese debate sea intenso, ya que los tres grupos enviaron enmiendas significativas. El movimiento sindical debe prepararse a fondo para ese tramo final, defendiendo las propuestas presentadas y buscando que la Recomendación complemente, amplíe y refuerce el contenido del Convenio.

Reflexión final

Este tratado no es el punto de llegada, sino el punto de partida. Como ha señalado Michelle Childs (DNDi): “Es un suelo, no un techo”. La próxima pandemia no es una hipótesis, es una certeza epidemiológica. Lo que aún está en disputa es si responderemos a ella con más cooperación o con más inequidad.

Frente a un mundo fragmentado y desigual, el tratado antipandémico es un modesto triunfo del multilateralismo, pero necesita vigilancia ciudadana, presión social y protagonismo de los trabajadores y trabajadoras de la salud para que sus promesas se conviertan en derechos efectivos.

🧾 

FAQ – Preguntas frecuentes sobre el tratado

¿Qué es el tratado de pandemias?

Es un acuerdo internacional aprobado por la OMS en mayo de 2025 para mejorar la prevención, preparación y respuesta ante futuras pandemias.

¿Qué compromisos incluye?

• Compartir información genética sobre virus emergentes

• Reparto justo de vacunas y medicamentos

• Condiciones para el financiamiento público de la investigación

• Red global de logística sanitaria

¿Es obligatorio?

No en su totalidad. Algunos elementos son jurídicamente vinculantes, otros dependen de la voluntad política de los Estados.

¿Se afecta la soberanía de los países?

No. Cada país mantiene la potestad de decidir sus medidas nacionales. El tratado establece principios y cooperación, no obligaciones impuestas.

¿Qué falta para que entre en vigor?

Que al menos 60 países lo ratifiquen en sus parlamentos. Luego, el tratado entrará en vigor 30 días después.

¿Qué queda pendiente?

La negociación de un anexo clave sobre el sistema de acceso y reparto de beneficios (PABS), prevista para 2026.

EFECTOS EN EL EMPLEO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL GENERATIVA: DESAFIOS PARA EL MUNDO DEL TRABAJO TRAS EL INFORME CON EL "INDICE REFINADO" PUBLICADO POR LA OIT

Analisis del documento “Generative AI and Jobs: A Refined Global Index of Occupational Exposure” publicado por la Organización Internacional del Trabajo.

Resumen

A pocos días del comienzo de la 113 conferencia internacional del trabajo la OIT publica el informe “Generative AI and Jobs: A Refined Global Index of Occupational Exposure” (OIT, 2025)  constituye una contribución metodológica significativa al estudio del impacto potencial de la inteligencia artificial generativa (GenAI) sobre el empleo a escala global, un documento útil a las puertas de una primera discusión sobre una norma que establezca reglas de trabajo decente en la economía de plataformas (punto V en el orden del día de la reunión). 

el informe aqui: (https://www.ilo.org/publications/generative-ai-and-jobs-refined-global-index-occupational-exposure)

A diferencia de otros estudios que evalúan el impacto de la inteligencia artificial sobre ocupaciones completas, este informe realiza un análisis centrado en las tareas concretas que integran cada empleo, lo cual permite una evaluación más precisa del riesgo de automatización que enfrenta cada componente del trabajo humano.

El documento permite una comprensión más precisa de las formas en que la automatización inducida por GenAI puede transformar el trabajo humano. 

En este artículo abordaré críticamente los principales hallazgos del informe, así como sus limitaciones conceptuales, geográficas y normativas. Analizaré las desigualdades de género, ingreso y tipo de ocupación que emergen del estudio y se propone una agenda de acción para orientar una transición justa frente al avance de esta nueva tecnología, sosteniendo que la gobernanza democrática del cambio tecnológico debe incorporar mecanismos de participación de los trabajadores, criterios de justicia social y una regulación internacional robusta.

1. Introducción: tecnología, trabajo y gobernanza

El avance exponencial de las tecnologías de inteligencia artificial generativa , particularmente a partir de 2022, ha modificado sustancialmente los términos del debate sobre el futuro del trabajo. 

Herramientas como ChatGPT, DALL-E, Bard o Copilot han demostrado capacidad no solo para automatizar tareas repetitivas, sino también para intervenir en áreas cognitivas, creativas y comunicativas, tradicionalmente consideradas como poco susceptibles a la sustitución tecnológica.

Ante este nuevo escenario, la OIT decidió desarrollar un índice global que permitiera cuantificar la exposición de las tareas laborales a las capacidades de la GenAI. 

El primer esfuerzo en esa línea se concretó en 2023; pero fue en 2025 cuando, a partir de una colaboración con el Instituto Nacional de Investigación (NASK) y el Ministerio de Trabajo de Polonia, se publicó un índice revisado y ampliado. Este segundo informe —objeto de análisis en este trabajo— mejora la precisión metodológica del índice original, al integrar modelos de lenguaje de última generación, una encuesta masiva a trabajadores y validación experta.

Sin embargo, a pesar de la riqueza técnica del informe, el mismo presenta vacíos relevantes en cuanto a sus implicaciones políticas y jurídicas. No articula sus hallazgos con los convenios laborales internacionales vigentes ni con los principios rectores de la OIT. Tampoco incorpora adecuadamente las realidades laborales del Sur Global, ni ofrece propuestas regulatorias para canalizar los efectos que la GenAI podría tener sobre los derechos laborales. Esta brecha entre la precisión técnica del análisis y la ausencia de respuestas normativas es uno de los ejes principales de esta reflexión crítica.

2. El enfoque metodológico del informe

El informe adopta un enfoque innovador al analizar la exposición a GenAI no desde las ocupaciones, sino desde las tareas concretas que componen cada puesto de trabajo, siguiendo el enfoque propuesto por Autor (2015) . 

Para ello se utilizó el sistema de clasificación ocupacional polaco a seis dígitos, compuesto por 2.541 ocupaciones y casi 30.000 tareas.

A estas tareas se les asignó un puntaje de automatización en tres etapas: 

a) primero, mediante la predicción de modelos de lenguaje (GPT-4o, Gemini Flash); 

b) luego, a través de una encuesta a 1.640 trabajadores que evaluaron el potencial de automatización de 2.861 tareas representativas; y 

c) finalmente, mediante una revisión por parte de un panel de expertos internacionales. 

Esta combinación permitió entrenar un modelo de predicción basado en juicios humanos, capaz de estimar la exposición a GenAI en el conjunto de tareas y mapearlas con la clasificación internacional ISCO-08.

La clasificación internacional ISCO-08 (siglas de International Standard Classification of Occupations 2008) es un sistema desarrollado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para organizar y categorizar los distintos tipos de ocupaciones laborales a nivel mundial, de forma estandarizada y comparable entre países.

Su objetivo principal es permitir que gobiernos, instituciones, investigadores y organismos internacionales recopilen y comparen estadísticas de empleo entre países, diseñen políticas laborales, evalúen la distribución del trabajo, y analicen fenómenos como la automatización, la informalidad o la desigualdad.

La ISCO-08 clasifica las ocupaciones en una jerarquía de 4 niveles: 

Nivel 1 (1 dígito): 10 grandes grupos ocupacionales (como directivos, profesionales, técnicos, trabajadores manuales, etc.) 

Nivel 2 (2 dígitos): subgrupos más específicos dentro de esos grandes grupos. 

Nivel 3 (3 dígitos): grupos detallados. 

Nivel 4 (4 dígitos): unidades ocupacionales específicas (por ejemplo, “enfermera de cuidados generales” o “operador de maquinaria textil”).

Esto permite, por ejemplo, agrupar y comparar a todos los trabajadores de oficina, pero también diferenciar entre los que hacen tareas administrativas generales y quienes procesan datos financieros.

El informe “Generative AI and Jobs” aplica su índice de exposición a GenAI sobre las ocupaciones definidas por ISCO-08. De este modo, puede estimar, por ejemplo, qué nivel de automatización enfrentan las tareas que realizan los trabajadores del grupo “4. Personal de apoyo administrativo” o “2 (Profesionales científicos e intelectuales”.)

3. Principales hallazgos

El resultado principal es un nuevo índice de exposición global que distribuye las ocupaciones en cuatro niveles o “gradientes” de susceptibilidad a la automatización. 

Los datos más relevantes son:

a) Alrededor del 25% del empleo global se encuentra en ocupaciones con alguna exposición significativa a GenAI.

b) El 3,3% del empleo mundial está en el gradiente más alto, es decir, con tareas de alta automatización potencial.

c) Las mujeres están más expuestas que los varones: 4,7% de los empleos femeninos se ubican en el nivel más alto frente a 2,4% de los masculinos.

d) La exposición aumenta con el ingreso del país: en los países de altos ingresos, el 34% de los empleos tienen algún nivel de exposición, frente al 11% en países de bajos ingresos.

e) Las ocupaciones más afectadas son las de soporte administrativo, servicios digitales, procesamiento de texto, entrada de datos, atención al cliente y tareas repetitivas de oficina.

Un punto clave del informe es la afirmación de que la GenAI, como efecto general, no eliminará empleos en bloque, sino que transformará profundamente su composición interna. Que quiere decir resto?  Que las tareas serán reconfiguradas, reemplazadas o intensificadas,  lo cual generará impactos complejos en múltiples dimensiones: 

desde la salud mental y física de los trabajadores hasta el control del tiempo y la carga de trabajo. 

Este proceso tiene como principales efectos la erosión el valor atribuido al trabajo humano, desactualiza competencias previamente adquiridas, exige nuevas habilidades tecnológicas y provoca un creciente desacople entre las descripciones de puestos laborales y las categorías previstas en los convenios colectivos, desafiando así los marcos clásicos de representación, formación y negociación sindical, fragmentando aún más la identidad de los trabajadores.

4. Brechas y sesgos detectados

Sesgo de género:

El estudio pone en evidencia múltiples formas de desigualdad vinculadas al impacto de la GenAI. Una de las más destacadas es la desigualdad de género. Las mujeres, que históricamente se han concentrado en ocupaciones como las administrativas, de oficina o de procesamiento de datos, están más expuestas a tareas susceptibles de automatización. Al mismo tiempo, enfrentan mayores barreras de acceso a la formación tecnológica y a las herramientas de inteligencia artificial, ya sea por limitaciones estructurales, estereotipos de género o sobrecarga de trabajo no remunerado. Esta combinación de alta exposición y bajo acceso genera una situación de vulnerabilidad específica que debe ser considerada en toda política de transición tecnológica justa.

Sesgo geográfico:

Por otro lado, los países del Sur Global están claramente subrepresentados tanto en la muestra empírica como en el modelo predictivo utilizado para construir el índice global de exposición a GenAI. 

Si bien el informe se presenta como una herramienta de alcance mundial, su núcleo metodológico se basa enteramente en datos provenientes de Polonia: un país europeo con una economía formalizada, alta digitalización y una estructura ocupacional relativamente estable. Las tareas utilizadas como base para entrenar el modelo reflejan, por lo tanto, las condiciones de un mercado de trabajo muy distinto al de regiones como América Latina, África o Asia meridional.

Esta asimetría plantea serias dudas sobre la validez y aplicabilidad del índice en contextos caracterizados por altos niveles de informalidad, subempleo, trabajo no registrado, empleo por cuenta propia o en plataformas, y déficits estructurales de infraestructura tecnológica. En muchos países del Sur, las ocupaciones no se ajustan a las categorías de clasificación utilizadas, y las tareas están menos estandarizadas o formalmente descritas. Además, la fragmentación institucional, la precariedad normativa y la exclusión digital pueden amplificar los efectos negativos de la automatización, sin que el índice los capte adecuadamente.

En consecuencia, aplicar sin mediaciones un modelo construido con base en un país del Norte global puede conducir a diagnósticos incompletos, mal direccionamiento de políticas o subestimación de riesgos sociales. Se vuelve urgente, por tanto, que futuras versiones del índice incorporen muestras representativas de distintos contextos sociolaborales y se desarrollen con participación activa de actores del Sur Global para obtener una herramienta que sea eficaz.

Sesgo educativo:

Además, el informe revela asimetrías significativas según el nivel educativo de los trabajadores y el tipo de tareas que desempeñan, lo que configura un nuevo eje de desigualdad dentro del mundo del trabajo. Los profesionales con alta calificación —especialmente en sectores vinculados a la tecnología, las finanzas, la investigación o la comunicación— tienden a tener mayor exposición previa a herramientas de inteligencia artificial generativa, las utilizan con más frecuencia en su trabajo cotidiano y, por tanto, son capaces de evaluar su potencial y sus límites de manera más precisa. Estas personas también suelen tener acceso a formación continua, entornos laborales digitalizados y redes de aprendizaje profesional.

En cambio, los trabajadores que desempeñan tareas manuales, técnicas o repetitivas, como operarios, auxiliares, técnicos medios o personal de mantenimiento, reportan en general una menor familiaridad con las herramientas GenAI, tanto por falta de acceso como por carencia de instancias de capacitación adaptadas a sus necesidades. Esta brecha tecnológica se traduce en una mayor incertidumbre sobre el impacto de la GenAI en sus tareas, lo que incrementa el estrés laboral, la sensación de vulnerabilidad y la percepción de desprotección. Además, la falta de información puede derivar en la adopción acrítica o impuesta de tecnologías en sus lugares de trabajo, sin consulta ni acompañamiento.

Estas asimetrías no solo refuerzan las desigualdades ya existentes en el acceso al conocimiento y al poder de decisión en el trabajo, sino que también generan riesgos concretos de exclusión tecnológica, segmentación del empleo y nuevas formas de refuerzo de la relación de subordinación. 

Abordar las desigualdades derivadas de una aplicación acrítica de estas tecnologías requiere políticas activas de formación, gobernanza participativa del cambio tecnológico y rediseño de los sistemas de cualificaciones con perspectiva inclusiva.

5. Límites del enfoque de la OIT

Aunque metodológicamente sólido, el informe presenta limitaciones conceptuales y políticas:

a) Enfoque limitado geográficamente:

Una de las principales debilidades metodológicas del informe radica en que su modelo de exposición a GenAI se construye a partir de una base de datos ocupacional y de tareas desarrollada íntegramente en Polonia. Si bien este país cuenta con una estructura laboral formalizada y con altos niveles de alfabetización digital, sus condiciones sociolaborales no reflejan la diversidad de realidades que existen a nivel global. La selección de Polonia como caso único de modelización no fue compensada con mecanismos de ajuste o validación cruzada con datos provenientes de otras regiones, lo que limita la aplicabilidad general de los resultados.\n\nEste sesgo geográfico es particularmente problemático cuando se pretende utilizar el índice con vocación global, como herramienta para orientar políticas en contextos profundamente distintos, como los de América Latina, África subsahariana o el sudeste asiático. En esos contextos, las estructuras ocupacionales son más heterogéneas, con niveles de informalidad superiores al 50%, múltiples formas de trabajo no estándar, baja cobertura de protección social y acceso desigual a la infraestructura digital. Aplicar sin mediaciones un modelo construido sobre realidades europeas puede derivar en diagnósticos inexactos o en políticas mal dirigidas, que ignoren los riesgos específicos de automatización o los desafíos de adaptación tecnológica en el Sur Global.

Ejemplo: El caso de los trabajadores de residuos urbanos en América Latina

En muchos países europeos, como Polonia, la recolección y gestión de residuos urbanos es una actividad formalizada, con trabajadores contratados directamente por municipios o empresas concesionarias, jornadas reguladas, acceso a tecnología y maquinaria moderna, y tareas relativamente estandarizadas.

Si se aplica el índice de exposición a GenAI desarrollado sobre esa base, es probable que estas ocupaciones aparezcan como poco expuestas a la automatización, dado que incluyen una alta proporción de tareas manuales o físicas —como el vaciado de contenedores o la conducción de camiones— que la GenAI no puede realizar por sí sola.

Sin embargo, en países del Sur Global, como Argentina, Brasil, Colombia o India, una parte importante de la gestión de residuos la realizan trabajadores informales o precarizados, como recicladores urbanos, carreros, clasificadores manuales o cooperativas autogestionadas, con tareas muy distintas a las que reconoce la clasificación ISCO-08. Allí:

1) No existe una descripción formal de las tareas.

2) Muchas labores son simultáneamente físicas, cognitivas y contextuales (por ejemplo, decidir in situ qué materiales clasificar, negociar con vecinos, adaptarse a condiciones urbanas cambiantes).

3) El acceso a tecnologías de GenAI es prácticamente nulo.

Aplicar sin ajustes el índice de exposición de la OIT podría llevar a la falsa conclusión de que estos trabajadores no están en riesgo de automatización o transformación de sus tareas, cuando en realidad están altamente expuestos a procesos como:

1) digitalización de cadenas de reciclaje,

2) incorporación de sensores e inteligencia artificial en plantas de clasificación,

3) sustitución por empresas privadas con tecnología avanzada,

4) o desplazamiento por nuevas plataformas de trazabilidad de residuos.

Ejemplo: Comercio minorista y plataformas de automatización

En países como Polonia u otros del norte global, el sector del comercio minorista formal está compuesto en gran medida por trabajadores empleados en grandes cadenas de supermercados, tiendas automatizadas o centros logísticos digitalizados. Estos trabajadores suelen desempeñar tareas específicas como escaneo de productos, cobro en caja, control de stock mediante sistemas digitales o reposición en base a algoritmos de gestión.

En ese contexto, el índice de la OIT podría concluir que muchas de estas tareas están moderadamente expuestas a la automatización por GenAI, por ejemplo mediante:

• cajas de autoservicio con interfaces inteligentes,

• sistemas de atención virtual al cliente,

• algoritmos predictivos para gestión de inventarios,

• o asistentes de ventas digitales.

Pero si se aplica ese mismo índice al comercio minorista en países del Sur Global —por ejemplo, en Argentina, Perú, Bolivia, India o Ghana— sin ajustar por contexto, el resultado será inexacto o engañoso. En estos países, una parte sustancial del comercio minorista se realiza en:

• kioscos y pequeños negocios familiares,

• ferias, mercados populares y comercio callejero,

• ventas ambulantes y “puerta a puerta”,

• plataformas informales de entrega o comercio online no regulado.

Estas actividades:

• combinan tareas múltiples, desde la compra de mercadería hasta la atención personalizada del cliente;

• no cuentan con tecnologías de gestión automatizada;

• y están profundamente arraigadas en prácticas comunitarias, redes familiares o estrategias de subsistencia.

Al no estar reflejadas en la clasificación ISCO-08 ni en las tareas polacas, el índice puede clasificarlas erróneamente como no expuestas o de bajo riesgo, cuando en realidad enfrentan un riesgo significativo de desplazamiento competitivo por formas automatizadas como:

• supermercados sin cajeros impulsados por IA,

• plataformas digitales con algoritmos de precios y segmentación,

• comercio electrónico con inteligencia artificial para atención al cliente.

Esto puede conducir a políticas públicas que prioricen la reconversión de los trabajadores formales del retail, pero ignoren completamente a millones de trabajadoras y trabajadores informales del comercio popular que no están representados en el modelo.

Esto invisibiliza los riesgos reales que enfrentan estos trabajadores, impide diseñar políticas públicas adecuadas de protección y reconversión, y contribuye a reproducir el sesgo del modelo.

Esta limitación también tiene consecuencias profundas tanto en términos de legitimidad política como de legitimidad epistemológica. Desde la perspectiva política, resulta problemático que una herramienta presentada como global haya sido desarrollada sin participación directa de los países del Sur Global. Esto implica que las decisiones sobre cómo definir, medir y clasificar el impacto de la GenAI en el trabajo fueron tomadas unilateralmente, lo que debilita la apropiación regional del instrumento y su potencial uso como insumo para el diseño de políticas públicas. 

Más aún, al no considerar las voces y experiencias de sindicatos, gobiernos, organizaciones de trabajadores o centros de investigación del Sur, se pierde la posibilidad de construir un diagnóstico inclusivo, legítimo y situado.

Desde el punto de vista epistemológico, la exclusión de estos países en la producción del conocimiento reproduce una lógica de asimetría histórica en la cual los saberes válidos se generan en el Norte global y luego se proyectan como universales. En este marco, los países del Sur son tratados como receptores pasivos, objetos de intervención técnica más que sujetos productores de conocimiento. Esta forma de desigualdad epistémica ha sido ampliamente discutida en la literatura crítica sobre desarrollo, poscolonialismo y sociología del conocimiento, y se expresa aquí en la imposibilidad de incorporar otras configuraciones laborales, otras formas de informalidad, y otras maneras de entender la relación entre trabajo y tecnología.

Superar esta desigualdad requiere no sólo la ampliación de la muestra empírica o la inclusión de variables contextuales, sino un cambio en la forma en que se diseñan los instrumentos de medición global. Es necesario promover metodologías colaborativas, construir indicadores en diálogo con actores locales, y reconocer que la producción de conocimiento también debe estar guiada por principios de justicia cognitiva y pluralismo epistémico.

Superar esta brecha exige ampliar el universo de estudio, incorporar datos multisituados, y diseñar futuros índices a partir de metodologías colaborativas, con participación activa de gobiernos, sindicatos y centros de investigación del Sur Global.

b) Falta de articulación normativa: 

El documento no relaciona sus hallazgos con los convenios fundamentales de la OIT, como el derecho a un entorno laboral seguro o la negociación colectiva.

Uno de los principales vacíos del informe es que no vincula sus hallazgos con los convenios internacionales fundamentales y otros instrumentos normativos adoptados por la OIT. Por ejemplo, no se analiza cómo la reconfiguración de tareas o la posible automatización masiva podría afectar el derecho a un entorno laboral seguro y saludable, consagrado como derecho fundamental desde la 110.ª Conferencia Internacional del Trabajo (2022). Tampoco se considera si la introducción de tecnologías basadas en GenAI puede alterar las condiciones de empleo sin consulta ni consentimiento, vulnerando así el derecho a la negociación colectiva y al diálogo social efectivo (Convenios N.º 98 y N.º 154).

Además, el informe omite referencias explícitas a principios esenciales como el de igualdad de oportunidades y trato, el derecho a la formación profesional, o el principio de no discriminación, a pesar de que los datos del estudio revelan importantes asimetrías por género, nivel educativo y región. La ausencia de estas vinculaciones impide que los resultados se traduzcan en obligaciones claras para los gobiernos y empleadores, o en demandas programáticas para las organizaciones de trabajadores.

En términos prácticos, no se orienta sobre cómo debería gobernarse la introducción de GenAI en el lugar de trabajo: no se proponen cláusulas tipo para convenios colectivos, ni se establecen marcos de evaluación de impacto tecnológico desde la perspectiva de los derechos fundamentales. El informe, en este sentido, se mantiene en un plano tecnocrático y descriptivo, dejando en manos de los actores sociales la difícil tarea de extraer implicancias normativas que, idealmente, deberían haber sido parte del propio documento.

Esta desconexión entre evidencia empírica y estándares jurídicos limita la capacidad del informe para fortalecer los procesos de regulación, incidencia y negociación en torno al trabajo en la era de la inteligencia artificial.

C ) Ausencia de directrices de gobernanza: 

no se proponen mecanismos de consulta, evaluación o participación de los trabajadores ante la introducción de GenAI en el trabajo.

Una de las omisiones más importantes del informe es que, pese a describir los riesgos y transformaciones que la inteligencia artificial generativa puede generar sobre el empleo, no propone mecanismos específicos para regular su introducción ni garantizar la participación efectiva de los trabajadores. No se plantea, por ejemplo, la necesidad de establecer procesos de consulta previa, evaluación de impacto tecnológico, o negociación colectiva frente a la implementación de herramientas de GenAI en las organizaciones laborales.

Esta omisión es especialmente preocupante si se considera que la OIT promueve desde hace décadas el diálogo social tripartito como principio rector de la gobernanza laboral, y que reconoce a la participación de los trabajadores como un componente clave de la democracia en el trabajo. Sin embargo, en este informe, no se hace mención a comités paritarios, protocolos sectoriales, cláusulas colectivas ni marcos institucionales que permitan a sindicatos o representantes del personal intervenir en la evaluación, desarrollo, selección o monitoreo del uso de GenAI.

En un contexto en el que las decisiones sobre automatización y digitalización son tomadas, en muchos casos, de forma unilateral por las empresas o sus proveedores tecnológicos, la falta de directrices sobre cómo garantizar transparencia, consentimiento, protección de datos y derechos de intervención sindical deja a los trabajadores en una posición de extrema vulnerabilidad.

La ausencia de propuestas de gobernanza impide también anticipar escenarios de conflicto, negociar transiciones o prevenir daños laborales, y perpetúa una lógica tecnocrática donde la innovación se presenta como inevitable y políticamente neutral. Para que el uso de GenAI en el trabajo sea justo, sostenible y socialmente aceptable, es indispensable que esté sujeto a reglas claras, construidas con participación de quienes se verán directamente afectados por sus impactos.

D)  Ceguera ante la informalidad y el trabajo de plataformas: 

No se considera el impacto de estas tecnologías en sectores no tradicionales ni en los márgenes del empleo formal.

El informe presenta una limitación importante al no considerar el impacto de las tecnologías de inteligencia artificial generativa en formas de trabajo que se desarrollan fuera del empleo formal tradicional. La informalidad laboral —que en muchas regiones del Sur Global representa más del 50% del empleo total— no está contemplada en el modelo ni en la muestra utilizada para construir el índice de exposición. Esto implica que millones de trabajadores por cuenta propia, no registrados, de la economía popular o en condiciones precarias quedan invisibilizados en el análisis, a pesar de que muchos de ellos podrían verse desplazados, subordinados o transformados por procesos de digitalización y automatización.

Del mismo modo, el informe no incluye una evaluación específica del impacto de GenAI en el trabajo de plataformas digitales, como repartidores, conductores de apps, freelancers virtuales o trabajadores en tareas fragmentadas (gig economy). Estas ocupaciones están gestionadas por algoritmos, expuestas a vigilancia automatizada y marcadas por la ausencia de derechos laborales básicos, lo que las vuelve especialmente vulnerables a los efectos desregulados de la automatización. 

Sin embargo, el documento no problematiza cómo la incorporación de GenAI podría intensificar estas condiciones, reemplazar tareas humanas por agentes automáticos, o reforzar modelos extractivos en entornos laborales ya profundamente desprotegidos.

La omisión de estos sectores impide construir una mirada integral sobre el impacto real de la inteligencia artificial en el mundo del trabajo, y reproduce una visión limitada que equipara “trabajo” con empleo asalariado formal. Para abordar con justicia el futuro del trabajo, es indispensable incorporar el análisis de estas formas laborales, sus especificidades y sus demandas, desarrollando marcos normativos que reconozcan y protejan los derechos de quienes ya hoy sostienen gran parte de la economía desde sus márgenes.

Propuesta sindical: hacia una gobernanza democrática del cambio tecnológico

A la luz de los hallazgos del informe de la OIT y sus limitaciones normativas, geográficas y políticas, se vuelve necesario avanzar hacia un enfoque jurídico y sindical  propositivo que no solo critique, sino que también oriente alternativas de acción. Me permito esbozar algunas líneas de investigación posibles para una gobernanza del cambio tecnológico centrada en los derechos de los trabajadores y la justicia social:

1. Adopción de una norma internacional sobre tecnologías digitales en el trabajo

Es línea con la actividad normativa que  la OIT propone en esta conferencia, seria útil que en la elaboración de un nuevo instrumento normativo se regule de manera específica el uso de tecnologías digitales, especialmente la inteligencia artificial generativa, en los lugares de trabajo. Este instrumento debe garantizar:

1) El principio de consulta previa y participación sindical ante cualquier proceso de automatización;

2) la incorporación del principio de precaución frente a tecnologías con efectos inciertos o disruptivos;

3) y la exigencia de evaluaciones de impacto tecnológico, social y ambiental antes de su implementación.

Una norma internacional daría respaldo jurídico a las negociaciones colectivas en esta materia y permitiría establecer estándares mínimos globales, como ya existen en salud y seguridad o en condiciones laborales.

2. Creación de comités paritarios de evaluación de tecnologías

En cada sector económico y en cada empresa que implemente GenAI u otras formas de automatización, deben constituirse espacios paritarios entre empleadores y representantes de los trabajadores, con apoyo técnico y participación del Estado. Estos comités deberían tener competencias para:

1) evaluar los impactos de las nuevas tecnologías sobre el empleo, las condiciones de trabajo y la organización laboral;

2) emitir dictámenes vinculantes o recomendaciones antes de su adopción;

3) y garantizar la transparencia y trazabilidad de las decisiones tecnológicas que afecten derechos colectivos.

Este tipo de comités ya existe en materia de SST (Seguridad y Salud en el Trabajo), y su ampliación al campo tecnológico es una extensión lógica del principio de derecho a un entorno de trabajo saludable y seguro.

3. Protección diferenciada para ocupaciones expuestas

Los trabajadores cuyas tareas hayan sido clasificadas como de alta exposición a GenAI deben recibir una protección reforzada por parte del Estado y del empleador. Las medidas específicas pueden incluir:

1) reconversión profesional con acceso gratuito a formación en nuevas competencias;

2) reducción de jornada laboral sin pérdida salarial, como forma de repartir el tiempo de trabajo frente al aumento de productividad;

3) descanso compensatorio o licencias formativas;

4) y monitoreo de la salud psicosocial, ya que la incertidumbre, la intensificación del trabajo o la pérdida de sentido pueden impactar negativamente sobre la salud mental.

Este enfoque reconoce que la equidad requiere tratar de forma desigual a quienes se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad.

4. Regulación algorítmica basada en derechos

La introducción de algoritmos y GenAI en el ámbito laboral debe estar regulada por principios jurídicos claros, centrados en la protección de los derechos fundamentales. Entre ellos, destacan:

1) el derecho a la transparencia: los trabajadores deben saber cuándo están siendo evaluados o gestionados por un sistema automatizado;

2) el derecho a la explicabilidad: el algoritmo debe poder ser comprendido por una persona humana y auditable por terceros;

3) el derecho a la intervención humana significativa, evitando decisiones automatizadas sin supervisión;

4) y la responsabilidad empresarial por los efectos de las decisiones automatizadas, incluyendo el acceso a mecanismos de reparación.

Esto implica legislar en materia de inteligencia artificial con enfoque laboral, no solo de protección de datos.

5. Redistribución del excedente digital

La automatización generada por GenAI puede aumentar la productividad y reducir costos empresariales. Sin embargo, si esos beneficios no se redistribuyen, el proceso ampliará las desigualdades existentes. Por eso, proponemos la creación de fondos públicos o mixtos financiados con contribuciones tecnológicas, que se destinen a:

1) financiar políticas de formación y reconversión;

2) apoyar proyectos de innovación tecnológica inclusiva;

3) promover la digitalización con derechos en pequeñas y medianas empresas;

4) y sostener ingresos mínimos en períodos de transición laboral.

Este principio de solidaridad digital se fundamenta en el hecho de que la tecnología no es neutral: se construye socialmente y debe servir al bienestar colectivo, no solo a la rentabilidad.

6. Observatorios públicos y sindicales sobre automatización y trabajo

Por último, proponemos la creación de observatorios nacionales y sectoriales sobre el impacto de la automatización y la inteligencia artificial en el trabajo, con enfoque de género, justicia social y transición justa. Estos espacios deben:

• recopilar y difundir datos abiertos y desagregados;

• identificar sectores y perfiles ocupacionales en riesgo;

• generar alertas tempranas y mapas de reconversión productiva;

• y articular políticas de Estado con la experiencia de los trabajadores.

Además, los sindicatos deben desarrollar sus propios observatorios, fortaleciendo su capacidad técnica y estratégica para negociar en escenarios de cambio tecnológico. La anticipación informada es una de las claves para transformar el miedo a la automatización en poder colectivo de intervención.

Conclusión.

La inteligencia artificial generativa no es solo una innovación tecnológica: constituye un factor de reconfiguración estructural del trabajo que interpela directamente al Derecho del Trabajo. Su impacto no dependerá únicamente de su capacidad técnica, sino de la respuesta institucional y normativa que se logre construir. 

El informe de la OIT ofrece una herramienta analítica valiosa, pero su utilidad efectiva reside en la capacidad de los trabajadores, los sindicatos, los gobiernos y la sociedad civil para transformar ese conocimiento en regulación y acción concreta. 

En este sentido, la transición digital debe ser también una transición justa, guiada por normas claras, participación activa y una nueva institucionalidad que garantice el control democrático sobre el uso de tecnologías en los lugares de trabajo. 

Esta tarea exige extender los principios clásicos del Derecho del Trabajo y formular principios emergentes adaptados al nuevo escenario. 

Entre los primeros, destacan: el principio de protección, que justifica medidas diferenciales ante el poder tecnológico unilateral del empleador; el principio de participación colectiva, que respalda la creación de comités paritarios y observatorios sindicales; el principio de prevención, cuya lógica preventiva debe aplicarse también al impacto de tecnologías inciertas; el principio de estabilidad en el empleo, que exige medidas como reconversión y reducción de jornada; el principio de no discriminación, que fundamenta protecciones diferenciadas para ocupaciones expuestas; y el principio de función social del trabajo, que impone que la tecnología esté al servicio del bienestar colectivo. 

A estos se suman principios emergentes indispensables para una regulación actualizada: el de la gobernanza democrática del cambio tecnológico, basada en participación, transparencia y control público; el de soberanía digital del trabajo, que reconoce el derecho a acceder, comprender y auditar los algoritmos; el de solidaridad digital, que promueve la redistribución del excedente tecnológico mediante fondos de formación e inclusión; el de trazabilidad y transparencia tecnológica, que exige explicabilidad e intervención humana significativa en las decisiones automatizadas; y el de equidad en la transición digital, que impone integrar la justicia social y el enfoque de género en toda política de innovación. 

Estos principios —clásicos y emergentes— constituyen un marco imprescindible para orientar una regulación del cambio tecnológico que refuerce los derechos laborales, promueva el trabajo decente y garantice que la inteligencia artificial esté al servicio de las personas y no a su costa.

Normas y referencias que respaldan esta evolución

• Convenios OIT 87, 98, 135, 154, 155, 187 y 122

• Recomendación 205 sobre reconstrucción poscrisis y resiliencia laboral

• Declaración del Centenario de la OIT (2019)

• Declaración de Filadelfia (1944)

• Informe OIT “El trabajo en un futuro más prometedor” (2019)

• Guía de la OIT “El uso de algoritmos en el trabajo” (2021)

• Carta de Derechos Digitales de la UE (2022)

Bibliografía

• Gmyrek, P., Berg, J., Kamiński, K., Konopczyński, F., Ładna, A., Nafradi, B., Rosłaniec, K., Troszyński, M. (2025). Generative AI and Jobs: A Refined Global Index of Occupational Exposure. Geneva: ILO. https://doi.org/10.54394/HETP0387

• Autor, D. (2015). Why Are There Still So Many Jobs? The History and Future of Workplace Automation. Journal of Economic Perspectives, 29(3), 3–30.

• Gmyrek, P., Berg, J., Bescond, D. (2023). Generative AI and Jobs: Global analysis of potential effects on job quantity and quality. ILO Working Paper 96.

• OIT (2022). Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work, as amended in 2022.

• Acemoglu, D., Restrepo, P. (2024). Tasks, Automation and the Future of Work. NBER Working Paper.