La primera semana de la cop29

Caos y tensiones en la primera semana de la COP29 en Bakú

La primera semana de la COP29, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en Bakú, cerró dejando tras de sí un panorama desalentador. En lugar de decisiones concretas, lo que quedó fue una montaña de temas aplazados para junio de 2025 y una sensación creciente de desconfianza entre las partes. Los Órganos Subsidiarios (OS), responsables de allanar el camino para los acuerdos de alto nivel, finalizaron sus sesiones sin lograr consenso en cuestiones fundamentales como la adaptación, las pérdidas y daños, y la tecnología. Incluso temas considerados prioritarios, como el balance mundial (GST), el financiamiento climático y los planes para una transición justa, terminaron atrapados en interminables discusiones.

El clima de frustración fue palpable. Delegados de países en desarrollo acusaron a las naciones industrializadas de bloquear avances en áreas críticas, mientras que los representantes de países desarrollados defendieron la complejidad de los temas y la necesidad de más tiempo para alcanzar acuerdos sólidos. La Presidencia, por su parte, trató de mantener un frágil equilibrio entre ambas posturas, pero sus decisiones, consideradas por muchos como insuficientes, alimentaron el desorden y la tensión que marcaron la semana.

Financiación: un rompecabezas aún sin resolver

Uno de los puntos más controvertidos fue el Nuevo Objetivo Cuantificado Colectivo (NOCC), que busca establecer metas financieras claras para apoyar a los países en desarrollo. Aunque hubo algunos avances, como el compromiso de discutir el acceso y las barreras, las negociaciones se estancaron en temas clave. Países como Canadá y Australia insistieron en no añadir nuevos elementos al texto, mientras que el Grupo Árabe y los Países en Desarrollo Afines (LMDC) reclamaron la incorporación de propuestas omitidas. La duplicación del financiamiento para la adaptación y la transparencia en los flujos financieros también generaron fuertes divisiones.

La falta de consenso evidenció un problema de fondo: el desbalance de poder en las negociaciones. Mientras los países en desarrollo pedían mayor financiamiento y cumplimiento de compromisos previos, las naciones desarrolladas buscaban limitar sus responsabilidades. Las discusiones, que continuaron en sesiones informales, no lograron desbloquear el impasse, dejando el tema como una de las principales tareas para la segunda semana.

Balance Mundial: una oportunidad que parece lejana

El Balance Mundial (GST), diseñado para evaluar los progresos hacia los objetivos del Acuerdo de París, fue otro tema central de la semana. Los debates giraron en torno a cómo implementar los resultados obtenidos, pero las divisiones entre las partes dificultaron cualquier avance significativo. La Unión Europea (UE) defendió incluir cuestiones como la adaptación y las pérdidas y daños, mientras que otros grupos, como los Pequeños Estados Insulares (AOSIS), lamentaron la falta de un enfoque claro y ambicioso.

La tensión alcanzó su punto máximo cuando se discutió si remitir un texto preliminar a la Conferencia de las Partes (CP) para continuar las negociaciones. Aunque finalmente se aceptó enviar el documento, quedó claro que las diferencias de fondo persisten. La AOSIS calificó los avances como insuficientes y advirtió que, sin un progreso tangible, esta COP no puede considerarse un éxito.

Mitigación y transición justa: un diálogo envenenado

El Programa de Trabajo sobre Mitigación (MWP), que aborda los compromisos a largo plazo para reducir emisiones, y el marco para una transición justa, esencial para garantizar que la acción climática sea inclusiva, también quedaron atrapados en el limbo. Países desarrollados, liderados por la UE y el Reino Unido, defendieron un enfoque más ambicioso, mientras que los países en desarrollo acusaron a sus pares de intentar imponer estrategias prescriptivas que no consideran las realidades nacionales.

Las discusiones sobre la transición justa, un tema particularmente sensible, estuvieron marcadas por el rechazo de países como Arabia Saudita y los LMDC a incluir elementos que, según ellos, podrían limitar su soberanía. Estas posturas reflejan una creciente desconfianza entre los bloques, lo que dificulta encontrar puntos en común.

Adaptación: avances que no terminan de concretarse

El Objetivo Mundial de Adaptación y los Planes Nacionales de Adaptación fueron dos de los temas más discutidos de la semana. Aunque se lograron avances en la revisión de textos preliminares, la falta de consenso llevó a que muchas de estas discusiones se pospusieran para 2025. La Presidencia, en un movimiento controvertido, decidió congelar el debate sobre los planes nacionales, lo que desató una inusual rebelión diplomática. Delegados de varios países exigieron retomar el diálogo durante la segunda semana, desafiando las restricciones impuestas.

Los grupos más vulnerables, como los Países Menos Adelantados (PMA) y la AOSIS, expresaron su profunda frustración. Estos países, que enfrentan las peores consecuencias del cambio climático, consideran que la inacción en adaptación pone en peligro millones de vidas. La UE, por su parte, lamentó que, por cuarto año consecutivo, no se hayan alcanzado acuerdos significativos en este ámbito.

Pérdidas y daños: avances en el papel, estancamiento en la práctica

El Mecanismo Internacional de Varsovia (WIM) y la Red de Santiago, dos instrumentos clave para abordar las pérdidas y daños asociados al cambio climático, tampoco lograron avances sustanciales. Aunque se identificaron áreas de posible acuerdo, como el financiamiento y la creación de oficinas regionales, las diferencias sobre la ubicación de la Red de Santiago y otros detalles técnicos impidieron un consenso.

El G-77 y China, respaldados por el Grupo Africano, enfatizaron la necesidad de garantizar una mayor financiación y fortalecer la capacidad de respuesta. Sin embargo, las propuestas quedaron atrapadas en un texto lleno de ambigüedades, lo que refleja la complejidad y la sensibilidad política del tema.

Género y diversidad: retrocesos preocupantes

En el ámbito de género, las discusiones estuvieron marcadas por la controversia. Propuestas para incluir referencias a la violencia contra las mujeres y la reactividad de género en las contribuciones climáticas enfrentaron resistencia. Países como Irán y Arabia Saudita señalaron que algunas de estas propuestas contravienen sus principios y legislación nacional, mientras que grupos como la AOSIS y la UE defendieron un enfoque más inclusivo.

La falta de consenso generó preocupación entre los observadores, quienes advirtieron que estos retrocesos podrían debilitar los avances logrados en años anteriores. “El cambio climático afecta de manera desproporcionada a las mujeres y niñas; no podemos permitir que estas discusiones diluyan su importancia”, declaró un representante de un grupo de género.

Un cierre caótico y cargado de críticas

los sindicatos y las organizaciones sociales llevamos adelante una jornada de protesta, exigiendo un compromiso de financiamiento claro y suficiente.

El caos logístico también marcó la semana. Problemas técnicos, como la caída de una aplicación clave para coordinar las sesiones, y una programación confusa añadieron estrés a los delegados. En los pasillos, el ambiente era de agotamiento y frustración. “Ha sido una de las negociaciones multilaterales más disparatadas que he vivido”, confesó un delegado veterano.

Con una segunda semana aún más cargada de tareas pendientes, la presión sobre la Presidencia y los ministros aumenta. Temas como el financiamiento, las pérdidas y daños, y la transición justa requieren avances significativos para que esta COP sea considerada un éxito. Sin embargo, la falta de confianza entre las partes y las divisiones persistentes hacen que el camino hacia un consenso parezca más difícil que nunca. El mundo espera respuestas concretas, pero en Bakú, estas aún parecen un sueño distante.

MEDIDAS CAUTELARES EN UN CASO DE VIOLENCIA QUE ALCANZA AL TRABAJO.

Casos y Comentarios.

Violencia en el trabajo.

A. C. T. y otro vs. G. L. y otro s. Violencia de género
Juzg. Paz, Lobos, Buenos Aires; 03/04/2020; Rubinzal Online; RC J 2763/20


Contrato de Trabajo - Violencia de género - Violencia sexual y psicológica contra integrantes del grupo familiar del trabajador - Grupo familiar vulnerable - Estabilidad laboral temporal establecida por medida cautelar - Violencia económica - Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
Acreditada la violencia psicológica y sexual que se ha ejercido sobre una mujer y su hija adolescente, quienes componen el grupo familiar del empleado del denunciado, quien ha llevado a cabo también un hostigamiento para evitar la denuncia de la situación y tomándose especialmente en cuenta que los actos de violencia sexual y psicológica de los que han sido víctimas las denunciantes han tenido lugar en un marco de dependencia económica y social del grupo familiar hacia aquél (el agresor era también el que les otorgaba la vivienda), se resuelve ordenar la prohibición de acercamiento del denunciado (perímetro de exclusión de 200 metros) por cualquier medio (personal, telefónico, correo electrónico, mensaje de texto, mensaje de voz, Facebook, Twitter o cualquier otro) hacia las víctimas en cualquier lugar donde se encuentren. Asimismo, se intima al denunciado -bajo apercibimiento de incurrir en caso de incumplimiento en el delito de desobediencia previsto en el art. 239, Código Penal- que se abstenga de efectuar todo acto de perturbación, intimidación u hostilidad en forma directa hacia las víctimas; como así también se le ordena concurrir a terapia psicológica. Por otro lado, se ordena la prohibición de alterar la situación laboral existente entre el denunciado y el padre y pareja, respectivamente, de las víctimas, y por lo tanto de despedirlo, por el plazo de ocho meses desde el dictado de la resolución. Por último, se dispone de un botón anti pánico para las denunciantes, y se hace saber a la autoridad policial de su domicilio las medidas adoptadas y que debe atender con especial enfoque a cualquier llamado y/o alerta, de las denunciantes por reiteración de agresión del denunciado, a los fines de auxiliar de manera urgente y proceder, según corresponda en los términos de la ley (art. 16 e incs. 22 y 23, art. 75, Constitución Nacional; art. 24, Convención Americana sobre Derechos Humanos; arts. 1, 2 y 5, Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer; arts. 1, 2, 3, 4, 6 y 7, Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; arts. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, Ley 26485).
Texto completo de la sentencia
AUTOS Y VISTOS: Las presentes actuaciones caratuladas "A. C. T y C. S. E. c/ G. L. y F., M. s / Violencia de género", que se encuentran en estado de resolver y de las cuales,
RESULTA:
1) A fs. 1/19 obra presentación del SLPPDN.
2) A fs. 20 se ordenan medidas instructorias.
3) A fs. 21 obra declaración de la Sra. E. S. C.
4) A fs. 27/30 obra pericia socio-ambiental.
Y CONSIDERANDO:
PRIMERO: De acuerdo a la estructura del proceso regido por la Ley 12569, recae sobre el juez, como regla, la comprobación en grado de apariencia de los hechos, presuntamente encuadrables en el artículo 1 de la normativa citada, contenidos en la denuncia que da inicio a las actuaciones. En consecuencia, si la denuncia se encuentra desprovista de elementos de prueba tendientes a acreditar los hechos denunciados, el juez debe ordenar la producción de medios probatorios con aquella finalidad (cfr. arts. 7, 8 y 9 de la Ley 12569). En este sentido se ha resuelto: "no es novedoso que diga que las medidas cautelares adoptadas en el marco de una denuncia por violencia familiar requieren, entre los requisitos que le son propios, el recaudo de la verosimilitud en el derecho (ver mi voto, sent. del 25-08-2009, "C., A. c/ P., J.D. s/ Protección contra la violencia familiar (Ley 12569) (522)", L. 40 R.285), por manera que recibida por el juez la sola denuncia sin ningún elemento acreditativo de los hechos, sólo podrán disponerse medidas probatorias; colectadas ellas y luego de su evaluación, corresponderá o no, resolver acerca de la cautelar pedida (arts. 197 2º párr. CPCC, 7, 8 y 9 Ley 12569), a salvo el dictado de medidas precautelares ante un inminente peligro de daño irreparable en la demora, como agregué en esa ocasión (ver Toribio E. Sosa "Medidas Pre o Subcautelares en materia de violencia familiar", L.L., 2005, C, pág. 490)" (Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen, Libro: 42- / Registro: 325, Autos: "D., M. M. C/ V., R. G. S/ VIOLENCIA FAMILIAR", Expte.: 87810).
SEGUNDO: En el caso, las hipótesis que surgen de la presentación del SLPPDN de fs. 1/19 y de la declaración de fs. 21 son las siguientes: 1) presuntos actos de violencia física por parte de E. S. C. y A. A. hacia su hija T. A. C., 2) presuntos actos de violencia sexual por parte de L. G. hacia T. A. C.; y 3) presuntos actos de violencia sexual y psicológica por parte de M. F. hacia T. A. C. y E. S. C.
TERCERO: Abocado a la tarea de evaluar las fuentes de prueba reunidas, entiendo que se encuentran acreditados los hechos vinculados a las hipótesis identificadas en el considerando anterior con los números 1 y 3 con el grado de confirmación que exige la Ley 12569. Por el contrario, entiendo que los hechos vinculados a la hipótesis identificada en el considerando anterior con el número 2 no se encuentran acreditados al menos por ahora (art. 384, CPCCBA y arts. 7, in fine, y 13, Ley 12569 t.o. Ley 14509 y Sosa, Toribio, "Apuntes procesales sobre la nueva ley de violencia familiar en la Provincia de Buenos Aires", LLBA 2001-421 y sgtes.).
En primer lugar, tengo en cuenta la presentación del SLPPDN (fs. 1/19). De dicha presentación surgen con claridad los actos de violencia física de los Sres. S. C. y A hacia su hija, y los actos de violencia sexual y psicológica perpetrados por el Sr. F. En este sentido, el SLPPDN concluyó que la joven T. no sufriría maltrato intrafamiliar, ubicando la situación expuesta en la denuncia (golpes por parte de los padres hacia la joven) como un único episodio aislado relacionado con esta situación de índole adolescente (aparición del despertar sexual en la joven) que los ha desbordado como padres. Además, expresó que "la familia estaría siendo hostigada y amenazada F., M., quien haciendo uso de su situación de poder (es el empleador y el que brinda una vivienda al grupo familiar) busca amedrentarlos para que desistan de la denuncia, presionándolos con el hecho de dejarlos en la calle sin trabajo y vivienda, siendo esta la única fuente de ingreso del grupo familiar". También la presentación relata de forma detallada los actos violencia sexual sufridos por las víctimas de forma prolongada en el tiempo (arts. 5, incisos 2, 3 y 4, Ley 26485 y art. 384, CPCCBA).
En segundo lugar, valoro el testimonio coincidente de la Sra. S. C. (fs. 21). La Sra. S. C. describió de manera fundada y detallada las agresiones físicas infligidas por ella y su marido, el Sr. A., hacia su hija (golpes con un palo) y las agresiones sexuales (violación y abuso) y psicológicas (amenazas y actos de hostigamiento) parte del Sr. F. hacia ella y su hija (art. 384, CPCCBA).
Finalmente, tengo en cuenta la pericia socio-ambiental de fs. 27/30 cuyas conclusiones corroboran la presentación del SLPPDN y la declaración de la víctima. La perito Berrueta concluyó que "sí habrían existido nuevos episodios de violencia con posterioridad a los denunciados. La Sra. C. S. manifiesta sentir temor a represalias por parte del denunciado ya que lo habría observado frecuentando el actual barrio en que habitan, incluso éste la habría interceptado en la vía pública para solicitar que retire la denuncia realizada en su contra". También señaló la perito que "se infiere que hasta el momento de realizar la denuncia predominaba una situación de sumisión de la familia respecto a su empleador, con temor de perder su empleo y la vivienda que este último les cedía. Tal dependencia económica parecía legitimar las actitudes de intimidación y coerción llevadas a cabo por F. Finalmente concluyó la perito que "la actual situación que atraviesa la familia habría afectado su cotidianeidad tanto a nivel económico (debieron alquilar otra vivienda a fin de tomar distancia del conflicto) como organizacional y emocional, por lo que sus miembros se hayan en una situación socioeconómica vulnerable" (arts. 384 y 474, CPCCBA).
En síntesis, considero que las fuentes de prueba evaluadas permiten tener por verificados los hechos denunciados vinculados con las hipótesis descriptas antes con los números 1 y 3 (arts. 384 y 474, CPCCBA).
CUARTO: Según las fuentes de prueba evaluadas (v. presentación del SLPPDN de fs. 1/19, declaración de fs. 21 y pericia socio-ambiental de fs. 27/30), los actos de violencia sexual y psicológica perpetrados por el Sr. F. han tenido lugar en un marco de dependencia económica y social del grupo familiar hacia aquél.
En este sentido, el SLPPDN describió lo que llamó como "una situación de poder (es el empleador y el que brinda una vivienda al grupo familiar)" y que el Sr. F. los amedrenta para que desistan de la denuncia y los presiona con el hecho de dejarlos en la calle "sin trabajo y vivienda", y que esta es la única fuente de ingreso del grupo familiar (v. fs. 1/19).
La pericia socio-ambiental de fs. 27/30, por su parte, da cuenta de que el Sr. A. trabaja bajo relación de dependencia del Sr. F. y que aquél es el único sostén económico del grupo familiar. Y concluyó la perito que "se infiere que hasta el momento de realizar la denuncia predominaba una situación de sumisión de la familia respecto a su empleador, con temor de perder su empleo y la vivienda que este último les cedía. Tal dependencia económica parecía legitimar las actitudes de intimidación y coerción llevadas a cabo por F.". Finalmente señaló la perito que "la actual situación que atraviesa la familia habría afectado su cotidianeidad tanto a nivel económico (debieron alquilar otra vivienda a fin de tomar distancia del conflicto) como organizacional y emocional, por lo que sus miembros se hayan en una situación socioeconómica vulnerable".
Entiendo que la situación descripta sirvió de sustento fundamental para los actos de violencia sexual y psicológica perpetrados por el Sr. F. hacia las víctimas. Además, considero que, dada esa situación, todavía en parte vigente (el Sr. A. trabaja para el Sr. F. y el grupo familiar depende del trabajo de aquél para subsistir), resulta necesario dictar una medida cautelar que pueda prevenir la eventual violencia económica que, aunque indirecta, podría afectar a las víctimas en el supuesto de que el Sr. F decidiera poner fin a la relación laboral. En otros términos, estimo que debo dictar medidas cautelares tendientes no solo a evitar la reiteración de los actos de violencia sexual y psicológica sino también la posible comisión, aunque refleja, de actos de violencia económica, en tanto el posible despido del Sr. A. implicaría para la víctimas una privación de los medios indispensables para su subsistencia (arts. 1, 2, 1708, 1710 y 1713, CCCN y art. 5, inciso 4, Ley 26485).
En este contexto, en el marco de un ejercicio de deconstrucción en la interpretación y aplicación del principio de igualdad, corresponde disponer como medida cautelar el mantenimiento del stato quo con respecto a la situación laboral del Sr. A. y la imposibilidad del Sr. F. de despedirlo durante un plazo determinado (art. 7, inciso n), Ley 12569 t.o. Ley 14509, arts. 16 y 75, incisos 22 y 23, Constitución Nacional, art. 24, Convención Americana sobre Derechos Humanos, arts. 1, 2 y 5, Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, arts. 1, 2, 3, 4, 6 y 7, Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, arts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ss., Ley 26485).
QUINTO: En otro orden de ideas, la actualidad (como surge de la pericia de fs. 27/30) y la gravedad de los hechos de violencia denunciados (que presumiblemente encuadran en un delito de acción pública), me persuaden acerca del riesgo cercano y probable de sufrir T. A. C. y E. S. C. nuevos actos de violencia (Kemelmajer de Carlucci, Aída, Directora, Violencia familiar, pag. 34, editorial Rubinzal-Culzoni).
SEXTO: Finalmente, resta considerar el momento a partir del cual comienza la vigencia de las medidas cautelares dictadas en los procedimientos de violencia familiar o de género (Leyes 12569 y 26485). Entiendo que las medidas cautelares en esta clase de procedimientos tienen vigencia desde la fecha de su dictado. Tal aserto tiene dos fundamentos: a) en la llamada ejecutabilidad inmediata de las medidas cautelares (arg. art. 198, CPCCBA); en este sentido "En el proceso de protección contra la violencia familiar las medidas dispuestas corren desde que fueron dictadas pues por el carácter cautelar debe entenderse que tiene efecto inmediato (doctr. art. 198, CPCC)" (CC0201 LP 123233 RSI 9/18 I 08/02/2018, "L. C. F. C/ L. G. S/ PROTECCION CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR", JUBA); b) en el establecimiento de un plazo de duración único de las medidas cautelares; es decir, "Es que, de entenderse que empieza a computarse el plazo desde el anoticiamiento por cédula a cada una de las partes, generaría que la precautoria comience a regir en distinto día para ellas, a la par que podría vgr. quedar sin anoticimiento por un largo período (días, meses o años), ocasionando que su implementación podría no tener sentido de actualidad, con los consecuentes perjuicios que tal situación pudiere conllevar" (ibídem).
Sin embargo, para la deducción de los recursos y la configuración de la desobediencia será necesaria la notificación de la medida a los involucrados. En este orden de ideas, "Ahora bien, la comunicación a las partes resulta por supuesto necesaria para tener el conocimiento que si se incumple la medida dispuesta, puede acarrear desobediencia, a la par que a partir de dicho acto procesal devienen los plazos para incoar los eventuales recursos contra aquella (doctr. arts. 155, art. 10 de la Ley 12569)." (ibídem).
Por los fundamentos expuestos y lo ordenado por los arts. 1, 2, 6, 7 incisos a, c, m y n, 8 y 11, Ley 12569 t.o. Ley 14509, arts. 1, 2, 3,4, 5, incisos 2 y 3, 19, 20, 21, 22 y 26, Ley 26485, y arts. 1, 2, 3,4, 5, 19, 20, 21, 22 y 26, Ley 26485, arts. 1, 2, 1708, 1710 y 1713 y arts. 1, 2 y 7, Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, art. 75, inciso 22, Constitución Nacional, 
RESUELVO:
1) Ordenar la prohibición de acercamiento de M. F. con domicilio en calle... de la ciudad de Cañuelas, por cualquier medio (personal, telefónico, correo electrónico, mensaje de texto, mensaje de voz, facebook, twitter o cualquier otro) hacia T. A. C. y E. S. C., con domicilio en calle... de la ciudad de Lobos y/o en cualquier lugar donde se encuentren. La prohibición de acercamiento ordenada se extiende a un perímetro de exclusión de 200 metros.
2) Intimar a M. F. -bajo apercibimiento de incurrir en caso de incumplimiento en el delito de desobediencia previsto en el art. 239 del Código Penal- que se abstenga de efectuar todo acto de perturbación, intimidación u hostilidad en forma directa hacia T. A. C. y E. S. C.
3) Intimar a A. A. y E. S. C. -bajo apercibimiento de incurrir en caso de incumplimiento en el delito de desobediencia previsto en el art. 239 del Código Penal- que se abstengan de efectuar todo acto de perturbación, intimidación u hostilidad en forma directa hacia T. A. C.
4) Ordenar al Sr. M. F. la prohibición de alterar la situación laboral existente del Sr. A. A., y por lo tanto de despedirlo, por el plazo de ocho meses desde el dictado de la presente.
5) Hacer saber al Sr. Comisario de la seccional policial local la presente medida; ello a los efectos de alertar a su personal que deben atender con especial enfoque a cualquier llamado y/o alerta, de la denunciante por reiteración de agresión de los denunciados, a los fines de auxiliar de manera urgente y proceder, según corresponda en los términos de la ley.
6) Ordenar a M. F. que concurra a terapia psicológica. A tales deberá concurrir ante el Servicio de Psicología del Hospital de su zona o en forma particular (a su costo); haciéndole saber a los profesionales que intervengan, que aborden los tratamientos bajo las modalidades que considere adecuadas.
7) Ordenar a T. A. C. que concurra a terapia psicológica. A tales deberá concurrir ante el Servicio para el Abordaje de la Violencia Familiar (admisión mujeres, los días martes en el horario de 14 horas a 16 horas, sito en sede del SLPPDN ubicado en Av. Alem N° 95 de Lobos) o en forma particular (a su costo); haciéndole saber a los profesionales que intervengan, que aborden los tratamientos bajo las modalidades que considere adecuadas. 
8) Ordenar a E. S. C. que concurra a terapia psicológica. A tales deberá concurrir ante el Servicio para el Abordaje de la Violencia Familiar (admisión mujeres, los días martes en el horario de 14 hs. a 16 hs., sito en sede del SLPPDN ubicado en Av. Alem N° 95 de Lobos) o en forma particular (a su costo); haciéndole saber a los profesionales que intervengan, que aborden los tratamientos bajo las modalidades que considere adecuadas.
Asimismo deberán los nombrados acreditar una vez al mes, mediante las constancias pertinentes, la concurrencia periódica a dicho tratamiento (art. 14, Ley 12569, t.o. Ley 14509).
9) En los términos del art. 11, Ley 12569 cítese a M. F. el día 11 de mayo de
2020 a las 09.00 horas.
10) En los términos del art. 14, Ley 12569 cítese a E. S. C. el da 11 de junio de 2020 a las 09.00 horas a los fines de controlar la eficacia de las medidas adoptadas y conocer su situación actual.
11) En los términos del art. 13, Ley 12569, líbrese oficio telemático con copia íntegra de la presente resolución al Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño y Adolescente.
12) Dispóngase el botón antipánico para E. S. C. y T. A. C. por el término de duración de las medidas cautelares dispuestas. A tal fin líbrese oficio a Comisaria de la Mujer y la Familia.
13) Las medidas cautelares dispuestas respecto de M. F. estarán sujetas al resultado de la causa penal formada con motivo de los hechos denunciados, con excepción de la dispuesto en el punto 4.
Notifíquese a T. A. C, E. S. C., M. F. y A. A. por intermedio de la Comisaría de la Mujer y la Familia, la que deberá confeccionar cédulas al efecto. A tal fin, líbrese oficio telemático. Líbrese cédula electrónica a efectos de notificar lo resuelto al Asesor de Incapaces ad hoc. Regístrese como interlocutoria.
Laureano Della Schiava.

Normas vinculadas con el documento

Ley 26485 Protección Integral a las Mujeres.

Síntesis: Ley protección integral a las mujeres. Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. Modificada por Ley 27501.

Emisor: Poder Legislativo Nacional

Publicación en el Boletín Oficial: 14/04/2009