LA PRIMERA SEMANA EN BONN DE LAS NEGOCIACIONES CAMINO A LA COP30
¿QUÉ ESTÁ PASANDO EN BONN? UNA GUÍA PARA ENTENDER LAS NEGOCIACIONES CLIMÁTICAS
Cada año, en el mes de junio, representantes de casi 200 países se reúnen en Bonn, Alemania, sede del Secretariado de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). Aunque no se trata de una Conferencia de las Partes (COP) —el gran evento anual que concentra la atención mediática—, estas reuniones de mitad de año son fundamentales.
¿QUÉ SON EL SBI Y EL SBSTA?
Dentro del sistema de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) existen varios órganos que cumplen diferentes funciones. Entre ellos, dos son claves para preparar las decisiones que luego se adoptan en las grandes cumbres climáticas (COP): el SBI y el SBSTA, siglas impronunciables pero que no pertenecen a un servicio secreto climático sino a una función esencial para que el acuerdo funcione o al menos, no muera.
SBI – ÓRGANO SUBSIDIARIO DE EJECUCIÓN
Su nombre completo en inglés es Subsidiary Body for Implementation. Se encarga de los aspectos prácticos y operativos del régimen climático. Es decir:
1. Cómo se implementan los acuerdos climáticos ya adoptados.
2. Cómo se financian las acciones climáticas.
3. Qué apoyo reciben los países en desarrollo.
4. Cómo se revisan los planes nacionales (como los NDCs).
5. Cómo se rinde cuenta del cumplimiento de los compromisos.
Podríamos decir que el SBI se ocupa de la “logística” de la acción climática: seguimiento, dinero, plazos, apoyo técnico, monitoreo.
SBSTA – ÓRGANO SUBSIDIARIO DE ASESORAMIENTO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO
Su nombre completo en inglés es Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice.
Se encarga de aportar la base científica, técnica y metodológica para tomar decisiones bien informadas. Entre otras tareas:
• Evalúa los avances científicos sobre cambio climático (como los informes del IPCC).
• Asesora sobre tecnologías para mitigación y adaptación.
• Recomienda cómo medir y reportar las emisiones.
• Analiza el impacto de políticas nuevas, como mercados de carbono o medidas tecnológicas.
En términos simples: el SBSTA traduce la ciencia y la tecnología en insumos útiles para la política climática.
¿CÓMO TRABAJAN JUNTOS?
Ambos órganos sesionan al mismo tiempo, y sus conclusiones se elevan a la COP (la Conferencia de las Partes) o a la CMA (la Conferencia del Acuerdo de París), donde los países toman decisiones políticas más amplias. Lo que se negocia en junio en el SBI y el SBSTA muchas veces anticipa los acuerdos (o los bloqueos) que se verán en la COP de noviembre.
Aquí, una aclaración: si, son tres conferencias distintas. Cada año que “vamos a la cop” son, en realidad, tres: COP corresponde al convenio marco de naciones unida sobre cambio climático, y vamos para la 30. La CMA se corresponde al Acuerdo de Paris y vamos a la sexta, y la CMP se corresponde al Protocolo de Kioto y vamos por la 20. Es decir, 3 por 1 es un buen precio.
¿AHORA BIEN… QUIÉNES PARTICIPAN EN LAS REUNIONES DEL SBI Y DEL SBSTA?
En una COP pueden concurrir entre 35.000 a 80.000 personas, calculado según los organizadores, (no por la policía federal ni por la cgt, pero tampoco es que sean muy certeros…) en cambio, la naturaleza técnica de las reuniones de Bonn hace que sea una concurrencia menor..3000 a 5000 personas. Este conjunto está compuesto de la siguiente manera:
1. Delegaciones oficiales de los países (Partes) Son los protagonistas principales. Cada país que es parte de la CMNUCC y del Acuerdo de París envía una delegación conformada por funcionarios gubernamentales, diplomáticos y especialistas. Estas delegaciones:
1. Negocian en nombre de su país o grupo regional.
2. Presentan propuestas, hacen declaraciones y consensuan textos.
3. Participan en plenarios, grupos de contacto y consultas informales.
Algunos países tienen delegaciones de decenas de personas con experiencia técnica y política. Otros, especialmente los países en desarrollo más pequeños, a veces envían solo dos o tres personas para cubrir múltiples temas, lo que los deja en desventaja, y este es un problema que le resta calidad al resultado y afecta la posibilidad de acuerdos eficaces, y alienta una modalidad de captura de votos de la que hablaremos en otra oportunidad.
2. Grupos de negociación: Los países se agrupan en bloques para negociar con mayor fuerza. Algunos de los grupos más relevantes son:
1. G-77 + China: agrupa a más de 130 países en desarrollo.
2. AOSIS: Estados insulares vulnerables al cambio climático.
3. LMDCs: países en desarrollo con posiciones comunes (como China, India, Bolivia).
4. EU (Unión Europea): negocia como bloque.
5. ALBA, AILAC, Grupo Africano, Umbrella Group, etc.
Cada grupo a su vez elige portavoces que intervienen en nombre del conjunto.
3. Observadores: actores sin voto, pero con voz (y a veces, con presión)
Los observadores son organizaciones que, si bien no tienen poder de decisión ni derecho a voto, pueden asistir a las reuniones oficiales, participar en eventos paralelos, intervenir en algunos espacios técnicos e incidir en el debate público. La CMNUCC reconoce oficialmente nueve grupos de interés (constituencies) dentro de los observadores, cada uno con su sigla, portavoces y espacios de coordinación:
• TUNGO (Trade Union Non-Governmental Organizations): agrupa a los trabajadores y sus sindicatos, como la Confederación Sindical Internacional (CSI), la Internacional de Servicios Públicos (ISP), IndustriALL, entre otras. Su foco está en la justicia social, el trabajo decente y la transición justa.
• YOUNGO (Youth Non-Governmental Organizations): reúne a organizaciones juveniles y estudiantiles de todo el mundo. Representan la voz de las generaciones futuras, con fuerte presencia en temas de equidad intergeneracional, justicia climática y educación.
• ENGO (Environmental Non-Governmental Organizations): son las ONGs ambientales, como Greenpeace, WWF, CAN (Climate Action Network) o Friends of the Earth. Trabajan sobre mitigación, biodiversidad, financiamiento y justicia ambiental.
• BINGO (Business and Industry Non-Governmental Organizations): representan a empresas, cámaras de comercio e industrias, tanto de sectores tradicionales como de tecnologías limpias.
• RINGO (Research and Independent Non-Governmental Organizations): son organizaciones académicas, centros de investigación y think tanks, que aportan insumos técnicos y análisis independientes.
• IPO (Indigenous Peoples Organizations): dan voz a los pueblos indígenas, con fuerte énfasis en derechos territoriales, conocimientos tradicionales y mecanismos de participación diferenciada.
• LGMA (Local Governments and Municipal Authorities): agrupa a ciudades, municipios y gobiernos subnacionales, que reclaman protagonismo por su rol clave en la implementación de políticas climáticas.
• WGC (Women and Gender Constituency): reúne a organizaciones feministas, de mujeres y de diversidad de género, con una agenda que transversaliza derechos, inclusión y justicia de género en la acción climática.
• FARMERS: representa a productores agrícolas, organizaciones rurales y cooperativas campesinas, preocupados por la seguridad alimentaria, la adaptación y los impactos del cambio climático en el campo.
Cada uno de estos grupos tiene representantes que pueden intervenir en sesiones abiertas, presentar declaraciones colectivas, organizar eventos paralelos y participar en consultas informales con la Secretaría de la CMNUCC o con las partes. Sin embargo, no pueden presentar propuestas de texto ni votar, y su acceso a las negociaciones varía según el tema y el momento político.
Aun así, su presencia ha sido clave para democratizar el proceso, introducir temas como la transición justa, los derechos humanos, la equidad intergeneracional o el enfoque de género, y actuar como contrapeso social a los intereses corporativos dentro del sistema climático internacional y como siempre nos han ensenado, mejor estar presente y protestar que estar afuera y llorar por no haberlo sabido.
4. Organismos internacionales
Diversas agencias y programas de la ONU (como el PNUD, el PNUMA, la OIT, la OMS o la FAO), bancos de desarrollo, y otros organismos multilaterales también participan, especialmente como fuentes técnicas, asesores o implementadores de proyectos.
5. Secretaría de la CMNUCC
Es el órgano permanente con sede en Bonn que organiza, facilita y documenta las reuniones. Sus equipos técnicos:
1. Redactan los borradores de texto.
2. Asisten en la coordinación.
3. Garantizan la traducción y el protocolo.
¿Por qué importa esto?
Porque la forma en que se estructura la participación afecta directamente a la justicia y a la equidad del proceso. Los países con menos recursos, las organizaciones sociales, y las comunidades afectadas por el cambio climático muchas veces tienen menor visibilidad o incidencia que los actores con más poder político o económico. Y sin una representación equilibrada, las decisiones que se tomen pueden ser técnicas… pero no justas.
Presentados los actores, vayamos a la obra. Entonces…
¿QUÉ SE NEGOCIA EN BONN?
El encuentro de junio reúne a los órganos subsidiarios de la CMNUCC: el SBI (Órgano Subsidiario de Ejecución) y el SBSTA (Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico). Su función es preparar el terreno técnico y político para la próxima COP (en este caso, la COP30 que se celebrará en noviembre en Belém, Brasil).
En estas sesiones se discuten temas centrales de la acción climática mundial:
Cómo medir y financiar la adaptación al cambio climático.
Qué compromisos deben asumir los países para reducir emisiones.
Cómo implementar una transición justa que respete los derechos laborales.
Cuál debe ser el papel de la tecnología, la ciencia y la cooperación internacional.
Y cómo asegurar que los compromisos se cumplan, se midan y se financien, especialmente en los países más vulnerables.
¿POR QUÉ SON IMPORTANTES ESTAS REUNIONES?
Aunque a menudo pasan desapercibidas fuera del ámbito diplomático, las decisiones que se toman (o no se toman) en estas sesiones condicionan los contenidos de las futuras COP y delinean los marcos normativos y financieros que determinan si los compromisos climáticos serán reales o simbólicos.
En otras palabras: si en la COP se firman los acuerdos, en Bonn se cocina su contenido. Y en consecuencia, lo que no se trata en Bonn, casi imposible que pase en la COP.
¿Y POR QUÉ OBSERVAR ESTO DESDE UNA MIRADA SOCIAL O SINDICAL?
Porque las decisiones que se discuten aquí impactan directamente sobre el trabajo, los derechos, la salud y el futuro de millones de personas. Desde el tipo de empleos que generará la transición ecológica, hasta los mecanismos para financiar la adaptación de comunidades vulnerables o proteger a los trabajadores frente a eventos extremos. Lo climático no es solo ambiental: es profundamente social, económico y político.
BONN, PRIMERA SEMANA: LAS NEGOCIACIONES CLIMÁTICAS ENTRE LA URGENCIA, LA POLÍTICA Y LA SOBRECARGA
Quiero compartir con ustedes los primeros cinco días de la Conferencia de los Órganos Subsidiarios de la CMNUCC, desde una perspectiva atenta a los desafíos sociales y laborales de la transición ecológica, espiando por la ventana, el postre que los pobres que no llegamos a la fiesta podemos disfrutar, como quien mira desde la caverna de Platón, o más modestamente, desde la caverna del esclavo que prepara el desayuno de Platón.
Vamos con el primer día, donde nunca pasa nada:
LUNES 16 DE JUNIO: “ANTES DE HABLAR, QUISIERA DECIR UNAS PALABRAS…”.
La apertura formal de las sesiones de los órganos subsidiarios de la CMNUCC (SBI y SBSTA) no se concretó el primer día. No es que hayan sido remolones o necesitaran adaptarse al jet lag. Un desacuerdo sobre la inclusión de dos temas propuestos por los países en desarrollo con ideas afines (LMDCs o países amigovios ) –financiamiento climático obligatorio y medidas comerciales unilaterales– mantuvo paralizado el proceso durante toda la jornada. La demora no fue solo técnica: puso de relieve la persistente tensión sobre quién fija las prioridades de la agenda climática global.
Mientras tanto, se desarrollaron algunos eventos mandatados . Uno de ellos abordó los indicadores del Objetivo Global de Adaptación (GGA), donde los avances técnicos (reducción de 9.000 a 490 indicadores) fueron bien recibidos, aunque varios actores señalaron la sobrecarga para los países con menos capacidades institucionales y la necesidad de priorizar indicadores que visibilicen las necesidades de grupos vulnerables. Otro evento sobre transición económica presentó casos concretos de diversificación productiva, aunque no exentos de interrogantes en términos de sostenibilidad laboral.
La jornada terminó sin plenaria, sin traducción simultánea y con una creciente incomodidad en los pasillos. El comentario que se escuchaba con más frecuencia: “El proceso no está a la altura de la urgencia climática.”
DÍA 2 – MARTES 17 DE JUNIO: SE ADOPTA LA AGENDA PERO NUNCA ES GRATIS, Y ALGUIEN LO PAGA.
Con presión creciente, la agenda de trabajo fue finalmente adoptada al final de la tarde. El acuerdo consistió en aceptar dejar afuera formalmente los temas controversiales, pero habilitar su tratamiento en otros espacios. Las partes aceptaron una fórmula que, si bien destrabó el impasse, evidenció hasta qué punto el financiamiento y las medidas comerciales se han vuelto puntos estructurales de fricción.
La organización del trabajo se puso en marcha: se definieron grupos de contacto para temas como transición justa, respuesta a medidas, arreglos institucionales y enfoques no mercantiles. Algunos ítems de menor visibilidad, como el alineamiento entre agencias técnicas o el seguimiento del mecanismo tecnológico, fueron postergados.
Entre los eventos mandatados, destacó el Diálogo sobre Océano y Cambio Climático, que propuso incluir los ecosistemas marinos en las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (Blue NDCs ). También el Diálogo de Investigación trajo datos inquietantes: 2024 fue el año más cálido registrado. El rol del IPCC como fuente principal de evidencia fue respaldado por la mayoría, aunque algunos países pidieron balancear con saberes locales.
Lo más valioso del día fue, quizás, el regreso de la dinámica negociadora. Pero el retraso acumulado empezó a pesar en la planificación.
DÍA 3 – MIÉRCOLES 18 DE JUNIO: SE RECUPERA TERRENO, NO SIN TENSIONES
El miércoles las salas de negociación estuvieron activas en múltiples frentes. Se desarrollaron consultas informales sobre adaptación, mitigación, financiamiento, transición justa y tecnología.
El miércoles 18 de junio se desarrollaron consultas informales sobre transición justa, enmarcadas dentro del ítem de la agenda del SBI (Subsidary Body for Implementation) sobre el “Programa de trabajo sobre transición justa y desarrollo sostenible”, un espacio aún en construcción dentro de la CMNUCC.
El intercambio giró en torno a cómo implementar efectivamente el programa de trabajo sobre transición justa adoptado en la COP27 (Sharm el-Sheikh, 2022), y reafirmado en la COP28 (Dubái, 2023). Los principales focos de la consulta fueron:
1. Estructura y gobernanza del programa: Se discutió quién debería liderar, coordinar y facilitar el programa, con varias Partes proponiendo: a) Un grupo de trabajo específico o un comité asesor. b) La inclusión de expertos independientes, representantes de gobiernos, trabajadores y empleadores, pueblos indígenas y otros grupos de interés.
Algunos países —especialmente del Sur Global— expresaron preocupación por la falta de dirección clara, lo que genera el riesgo de que el programa quede como una declaración sin implementación real.
Los sindicatos y algunas Partes enfatizaron que una transición justa no puede diseñarse sin la voz de los trabajadores. Se destacó la necesidad de diálogo social estructurado, con participación de sindicatos y organizaciones de empleadores, la importancia de incluir las experiencias de los territorios, especialmente de comunidades vulnerables o dependientes de industrias fósiles y finalmente hubo llamados a que el programa de trabajo se alinee con los estándares de la OIT, como las Directrices sobre transición justa, y que evite caer en visiones tecnocráticas o solo centradas en inversión privada.
El debate incluyó qué temas debe abarcar el programa de trabajo. Se propusieron:
1) Planificación nacional y sectorial de la transición.
2) Educación y formación profesional para nuevos empleos verdes.
3) Protección social para trabajadores desplazados.
4) Estrategias para inclusión de género, juventud e informalidad.
5) Gobernanza multinivel y territorial.
Algunas Partes plantearon que la transición justa debe abordar también las causas estructurales de la desigualdad, no limitarse a “gestionar” impactos negativos.
Otro punto tenso fue el financiamiento: países en desarrollo subrayaron que no puede haber transición justa sin apoyo financiero y técnico de los países desarrollados. Se mencionó la falta de acceso a fondos climáticos para medidas de transición justa y la necesidad de crear una ventanilla específica en el Fondo Verde para el Clima (GCF) o en otros mecanismos multilaterales.
Aunque el avance fue limitado, la jornada permitió reafirmar que la transición justa sigue en agenda y no es un mero “tema social accesorio”, poner de relieve tensiones no resueltas, sobre todo entre una visión centrada en inversiones y otra que prioriza justicia social y redistribución. Y llamar la atención sobre la falta de claridad sobre los próximos pasos concretos: no hay aún hoja de ruta ni mecanismos institucionalizados.
Al termino del día, se recuperó algo de terreno, (al menos nos pusimos de acuerdo sobre los temas que no se quieren acordar) pero sigue habiendo diferencias clave entre las Partes sobre qué implica, cómo se financia y quién participa en una transición justa.
Adaptación fue uno de los temas más cargados. En la discusión sobre indicadores del GGA, surgieron posturas enfrentadas: mientras el Grupo Africano y AILAC pidieron incluir medios de implementación, Japón y Australia rechazaron los indicadores financieros. También se discutió el rol del concepto de “adaptación transformacional”, con distintos niveles de aceptación.
En mitigación, el Programa de Trabajo (MWP) generó insatisfacción: pequeños estados insulares señalaron que los cinco diálogos realizados no arrojaron resultados concretos. Se pidió que el MWP se enfoque en superar barreras de implementación, y que no se convierta en un espacio de nuevas obligaciones para los países en desarrollo.
En financiamiento, la consulta sobre la Hoja de Ruta Bakú-Belém mostró un consenso creciente sobre la necesidad de movilizar nuevos recursos. El monto propuesto, USD 1.3 billones, es ambicioso. Pero su concreción aún depende de resolver problemas estructurales como el acceso desigual, las condiciones onerosas y la dependencia de instrumentos crediticios.
La transición justa se abordó como programa de trabajo en desarrollo. Aunque todavía sin un texto definitivo, aparecieron algunas líneas compartidas: la centralidad de los derechos laborales, la participación social y el respeto a trayectorias nacionales . Aun así, subsiste una tensión entre los enfoques que privilegian la gobernanza económica y los que ponen énfasis en la justicia social.
DÍA 4 – JUEVES 19 DE JUNIO: MUCHO TRABAJO PENDIENTE, POCO TIEMPO DISPONIBLE (COMO LA VIDA MISMA)
La jornada del jueves estuvo atravesada por el apremio. Las consultas se multiplicaron y, con ellas, también los puntos sin resolver.
El Comité de Adaptación sigue sin acuerdo sobre quién debe conducir su revisión (COP, CMA o ambos). En paralelo, el debate sobre los Planes Nacionales de Adaptación mostró una voluntad de avanzar, aunque limitada por la falta de consenso sobre las bases textuales. En el Fondo de Adaptación, sí los hubo: se decidió avanzar en su transición plena al Acuerdo de París y se reconoció la urgencia de resolver su vínculo institucional con el Banco Mundial.
ADAPTACIÓN: AVANCES PUNTUALES Y DISPUTAS DE FONDO
Uno de los temas centrales en las negociaciones de Bonn fue la adaptación al cambio climático, es decir, las medidas que los países —especialmente los más vulnerables— deben implementar para enfrentar los impactos ya inevitables del calentamiento global. Sin embargo, no todo avanzó al mismo ritmo.
En primer lugar, el Comité de Adaptación, órgano clave de asesoramiento técnico en esta materia, sigue empantanado en una disputa institucional: no hay acuerdo sobre quién debe conducir su revisión. Mientras algunos países sostienen que la tarea corresponde a la COP (que agrupa a todas las Partes de la CMNUCC), otros argumentan que debe ser liderada por la CMA (la instancia de gobernanza del Acuerdo de París), e incluso hay quienes proponen una gestión compartida. Esta diferencia, que a primera vista parece meramente burocrática, encierra un conflicto de poder: según quién tenga la batuta, cambiarán las prioridades, los actores convocados y el enfoque político del Comité.
En paralelo, se discutieron los Planes Nacionales de Adaptación (NAPs). Hubo expresiones de voluntad para mejorarlos y facilitar su implementación, pero el avance fue limitado por la falta de consenso sobre un texto base. La disputa giró en torno al lenguaje: ¿cómo se define “apoyo”, qué tipo de asistencia debe brindarse, y cómo se garantiza el acceso a recursos? En un proceso multilateral como este, las palabras no son neutrales: cada adjetivo, cada verbo, puede implicar responsabilidades jurídicas o compromisos políticos. El debate sobre los Planes Nacionales de Adaptación (NAPs) evidenció cómo el lenguaje en las negociaciones climáticas nunca es neutral. Palabras como “apoyo” o “acceso” pueden implicar compromisos jurídicos o simplemente buenas intenciones, según cómo se redacten. Para los países en desarrollo, un lenguaje claro y vinculante es clave para asegurar financiamiento y asistencia real. Para muchos países desarrollados, en cambio, moderar esos términos permite evitar obligaciones concretas. Así, detrás de cada verbo se esconde una disputa por responsabilidades, recursos y poder dentro del régimen climático.
Donde sí hubo definiciones concretas fue en el debate sobre el Fondo de Adaptación. Se decidió avanzar hacia su transición plena al Acuerdo de París, superando así su anclaje original en el Protocolo de Kioto. Este paso es importante porque actualiza el Fondo a las reglas y prioridades del marco actual, permitiendo que esté alineado con los nuevos compromisos climáticos.
Sin embargo, quedó pendiente un tema sensible: su vínculo institucional con el Banco Mundial, que actualmente actúa como entidad fiduciaria. Varios países y observadores señalaron que esta relación genera problemas de acceso, costos administrativos elevados y falta de control democrático. Aunque no se resolvió, se reconoció la urgencia de revisar ese vínculo, algo que probablemente vuelva con fuerza a la mesa de negociaciones en Belém.
La agenda de adaptación avanza, pero con tensiones visibles entre lo técnico y lo político, entre lo urgente y lo estructural. Y con una constante: los países más vulnerables siguen reclamando que la adaptación deje de ser la “hermana menor” de la mitigación y reciba atención, recursos y gobernanza a la altura del desafío que representa.
En mitigación, las diferencias volvieron a marcar el ritmo. Algunos países defendieron el espacio de diálogo como mecanismo de aprendizaje; otros presionaron por compromisos más vinculantes. Los pueblos indígenas reclamaron con fuerza que se reconozcan los derechos territoriales como herramienta efectiva de mitigación.
En tecnología, el TIP (Technology Implementation Programme) mostró signos de fatiga. El desacuerdo sobre su alcance –y sobre si debe incluir temas como los “combustibles de transición”– refleja una fragmentación que podría vaciarlo de contenido antes de consolidarse.
Finalmente, en el Global Stocktake, persisten diferencias sobre cómo implementar sus resultados. Algunos países insisten en anclar la implementación en los NDCs y el terreno nacional; otros buscan mecanismos de seguimiento multilaterales más robustos.
VIERNES 20 DE JUNIO: DIVERGENCIAS CONCEPTUALES Y CANSANCIO ACUMULADO (O DIVERGENCIAS Y CANSANCIO ACUMULADOS, EN FIN…)
La jornada del viernes expuso con nitidez dos fenómenos simultáneos: el avance técnico en algunos frentes,-era hora!- y el estancamiento político en otros -no se puede tener todo-. La fatiga negociadora empezó a notarse, pero también afloraron debates que no son menores: qué se entiende por género, quién decide qué medidas comerciales son legítimas, y si la transición justa es una promesa o un camino.
ADAPTACIÓN: LOS INDICADORES DEL GGA, ENTRE LO TÉCNICO Y LO POLÍTICO
La discusión sobre los indicadores del Objetivo Global de Adaptación (GGA) volvió al centro de la escena. Las partes discreparon sobre si debe fijarse un número determinado de indicadores, cómo incorporar los medios de implementación, y qué grado de orientación debe recibir el grupo de expertos que trabaja en su desarrollo. El Grupo Árabe y los LMDCs objetaron referencias al Marco del GGA por considerarlas prematuras, mientras que la UE, Canadá y Australia defendieron su inclusión. El texto seguirá negociándose, con posiciones alejadas.
En paralelo, el IPCC presentó avances hacia su Séptimo Informe. Se anunció un capítulo dedicado al financiamiento para adaptación y pérdidas y daños, la actualización de las guías técnicas de 1994 y la inclusión de temas sensibles como la geoingeniería solar señalando su complejidad técnica y ética.
COMUNICACIONES DE ADAPTACIÓN: SE EXTIENDE EL PLAZO Y LA TENSIÓN
En las consultas sobre comunicaciones de adaptación, se acordó extender el plazo para enviar aportes hasta 2028. El Grupo SUR pidió 2027, y propuso que el Fondo Verde rinda cuentas sobre el apoyo brindado. En el texto, se intentó una fórmula de compromiso: mencionar genéricamente al GGA pero no a su Marco.
MITIGACIÓN: UNA PLATAFORMA DIGITAL QUE GENERA MÁS DUDAS QUE CERTEZAS
El Programa de Trabajo de Mitigación (MWP) se centró en una propuesta para crear una plataforma digital de implementación. AOSIS y AILAC alertaron que no debe diluir el mandato central de aumentar la ambición climática. La UE, Reino Unido y Canadá pidieron evitar duplicidades. Brasil presentó un diseño basado en plataformas ya existentes. El Grupo Africano subrayó que debe servir para desbloquear financiamiento y respetar la soberanía. Los LMDCs insistieron en que no tenga funciones de monitoreo. La tensión: ¿más herramientas o más burocracia?
PÉRDIDAS Y DAÑOS: AVANCES LIMITADOS EN EL MECANISMO DE VARSOVIA
Se acordó avanzar en la integración de las pérdidas y daños en las NDCs, crear una canalización para solicitudes técnicas y mejorar el acceso a la Red de Santiago. Quedaron pendientes: directrices para planes nacionales, estimación de necesidades, financiamiento ampliado y cómo reflejar el tema en el Balance Global. Observadores pidieron mantener abiertas las reuniones, destacar las pérdidas no económicas y vincular el mecanismo con derechos humanos.
FINANCIAMIENTO: TRANSICIÓN INSTITUCIONAL EN EL FONDO DE ADAPTACIÓN
Hubo consenso en que el traspaso del Fondo de Adaptación al Acuerdo de París debe completarse con los nuevos arreglos operativos antes de cancelar los vigentes. Se pidió asesoría jurídica sobre la relación con el Banco Mundial. En paralelo, el taller del Artículo 9.5 expuso los desafíos de la información ex ante: falta de coherencia, dificultad para proyectar a mediano plazo y escasa claridad sobre puntos de contacto. Persisten brechas entre lo que se promete y lo que se entrega.
TRANSICIÓN JUSTA: SIN DEFINICIÓN COMÚN, PERO CON EXPECTATIVAS ALTAS
En el grupo de contacto se discutieron sinergias con otros espacios de la CMNUCC y organismos externos como la OIT y la OMC. Japón propuso vincularlo con el KCI. Rusia señaló que no hay definición acordada de “transición justa”. China planteó un evento conjunto con la OMC. El programa sigue avanzando, pero sin hoja de ruta ni institucionalidad clara.
MEDIDAS DE RESPUESTA: EL COMERCIO COMO CAMPO DE BATALLA CLIMÁTICO
El G-77/China pidió dedicar tiempo a discutir medidas comerciales unilaterales. La propuesta fue rechazada por Australia, Canadá y el Reino Unido. La UE se limitó a citar la Decisión 16/CP.29, evitando ampliaciones. Japón sugirió que este debate se traslade a la OMC. La disputa: si se trata de medidas climáticas legítimas o de barreras que perpetúan la desigualdad.
Un ejemplo concreto de este tipo de medidas —y del conflicto que generan— es el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM) adoptado por la Unión Europea. Se trata de una herramienta que, a partir de 2026, aplicará un precio al carbono sobre las importaciones de productos como acero, cemento, aluminio, fertilizantes y electricidad provenientes de países extracomunitarios. El argumento oficial es evitar el “riesgo de fuga de carbono”, es decir, que las industrias se desplacen a países con regulaciones ambientales menos estrictas para evadir los costos del mercado europeo de carbono.
Sin embargo, para muchos países del Sur Global —incluidos varios miembros del G-77/China— el CBAM representa una medida comercial unilateral que contradice los principios de equidad climática. Alegan que impone nuevas barreras al comercio sin haber sido acordada multilateralmente ni en la CMNUCC ni en la OMC. Además, la medida no contempla mecanismos de apoyo ni diferenciación según capacidades: trata por igual a países con trayectorias históricas, niveles de desarrollo y responsabilidades muy diferentes. A esto se suma el hecho de que los ingresos recaudados por la Unión Europea a través del CBAM no están destinados a financiar la adaptación ni la transición en los países afectados, lo que agrava aún más el desequilibrio.
Este caso cristaliza el núcleo del conflicto: ¿puede una medida climática tener efectos comerciales desiguales y seguir siendo considerada legítima? ¿O estamos ante una nueva forma de proteccionismo verde que ignora las desigualdades estructurales? El debate, lejos de ser solo técnico, es profundamente político, y pone de relieve por qué tantas delegaciones insisten en que estos temas deben tratarse dentro del sistema climático, bajo reglas que reconozcan las responsabilidades comunes pero diferenciadas y el derecho al desarrollo.
Otro ejemplo que reavivó este tipo de tensiones fue la adopción por parte de los Estados Unidos de cláusulas climáticas en sus programas de subsidios industriales, especialmente bajo la Ley de Reducción de la Inflación (Inflation Reduction Act, IRA). Esta norma, sancionada en 2022, prevé un paquete masivo de incentivos fiscales para tecnologías limpias, vehículos eléctricos, producción de hidrógeno y otros sectores clave de la transición energética. Pero muchos de estos beneficios están condicionados al uso de insumos “hechos en EE.UU.” o a la producción dentro de su territorio nacional, lo que ha generado fuertes críticas de países aliados y socios comerciales, incluyendo la Unión Europea, Corea del Sur, Japón y Brasil.
Para los países del Sur Global, el problema va aún más allá: temen que esta combinación de subsidios selectivos y requisitos de contenido nacional reconfigure las cadenas de valor verdes a favor de los países con mayor poder fiscal, mientras se desalienta el desarrollo tecnológico local y se restringe su acceso a los mercados emergentes de energías limpias. En lugar de promover una transición justa global, advierten, este tipo de políticas puede dar lugar a una competencia desleal disfrazada de acción climática. El resultado es un nuevo tipo de fragmentación: bloques económicos que utilizan la agenda verde como vehículo de relocalización industrial, cerrando las puertas a una transición equitativa y cooperativa.
Ambos casos —el CBAM europeo y la IRA estadounidense— ilustran por qué el comercio se ha convertido en un campo de batalla dentro del régimen climático. No se trata solo de reducir emisiones, sino de quién se beneficia, quién paga los costos y bajo qué reglas se reorganiza la economía global. La falta de un marco multilateral que integre principios ambientales con reglas comerciales equitativas deja un vacío normativo que puede ser ocupado por medidas unilaterales. Por eso, delegaciones como el G-77/China insisten en que estos debates no pueden quedar librados a la OMC o al margen de la CMNUCC: necesitan reglas comunes ancladas en la justicia climática, la cooperación internacional y la protección del derecho al desarrollo.
GÉNERO: EL DESACUERDO EMPIEZA POR LA DEFINICIÓN
Las consultas informales sobre el nuevo Plan de Acción de Género (GAP) revelaron tensiones profundas que exceden lo técnico y se adentran en debates culturales y políticos. Aunque hubo acuerdo general en que el nuevo plan debe ser práctico, financiado, interseccional y adaptado a las realidades nacionales, el desacuerdo sobre el concepto mismo de “género” marcó la discusión.
Varios países y bloques —como la UE, Canadá, AOSIS y Australia— defendieron una concepción amplia e inclusiva del término, que incorpore no solo a mujeres y niñas, sino también a personas con identidades de género diversas, y que aborde temas como salud sexual y reproductiva, trabajo de cuidados y violencia de género.
En ese contexto, Argentina adoptó una posición restrictiva: citó el artículo 7.3 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional para sostener que “género” se refiere únicamente a “los dos sexos, masculino y femenino, en el contexto de la sociedad” . Esta referencia, percibida como regresiva por muchos observadores, generó críticas por intentar reinstalar una definición binaria que no refleja los estándares actuales del sistema de derechos humanos de la ONU ni del propio proceso climático.
Además, Argentina propuso reemplazar el actual Programa de Lima por un nuevo documento “adaptado a las nuevas realidades y consensos”, aunque sin especificar cuáles serían esos consensos, en un momento donde justamente prima el disenso. Al mismo tiempo, planteó ampliar el enfoque de vulnerabilidad climática para incluir a niños y personas mayores, lo cual sí fue bien recibido por varias partes.
Brasil, por su parte, subrayó la importancia de reconocer los derechos de las mujeres y niñas afrodescendientes, y junto a la República Democrática del Congo, visibilizó el vínculo entre racismo estructural y vulnerabilidad climática. YOUNGO y otros observadores pidieron que el nuevo GAP incluya salvaguardas contra la captura corporativa y mecanismos de participación con enfoque de derechos.
El proceso seguirá, pero el debate dejó en claro que no hay consenso ni siquiera en los fundamentos, y que los avances en igualdad de género en el régimen climático global están lejos de ser lineales o asegurados.
CIENCIA Y OBSERVACIÓN: ¿QUÉ TIPO DE CONOCIMIENTO CUENTA?
El SBSTA debatió las conclusiones sobre investigación y observación sistemática, es decir, la base científica que alimenta las decisiones climáticas globales. Lo que podría parecer un debate técnico, reveló tensiones profundas sobre qué conocimientos se consideran legítimos y qué riesgos se omiten.
La Unión Europea propuso que el texto incluyera referencias explícitas a los riesgos y limitaciones de las tecnologías de remoción de dióxido de carbono (CDR), como la captura y almacenamiento de carbono o la bioenergía con captura (BECCS). Estas tecnologías, si bien aparecen en muchos escenarios de descarbonización, no están exentas de impactos ambientales, sociales o económicos, y su eficacia a largo plazo es aún incierta. La UE alertó contra su promoción acrítica como soluciones mágicas.
Guatemala y Australia insistieron en diferenciar claramente entre saberes indígenas y conocimiento local. Señalaron que, aunque ambos son relevantes para la acción climática, no son equivalentes: los saberes indígenas tienen un carácter ancestral, colectivo y vinculado a la cosmovisión de los pueblos originarios, mientras que el conocimiento local puede provenir de comunidades no indígenas con experiencia territorial acumulada. Confundirlos —advirtieron— borra derechos específicos y desdibuja obligaciones internacionales ya reconocidas.
Por su parte, Chile puso en valor el uso de modelos endógenos de análisis climático —es decir, herramientas desarrolladas desde las realidades del Sur Global, y no simplemente importadas de contextos ajenos—, y propuso revisar críticamente si el IPCC está cubriendo adecuadamente las brechas de conocimiento existentes, como la escasez de estudios centrados en regiones vulnerables, poblaciones excluidas o impactos diferenciados por género, etnicidad o clase social.
Así, lo que se negocia bajo el título neutral de “observación sistemática” revela disputas sobre epistemología, autonomía científica y justicia cognitiva dentro del régimen climático.
ORGANIZACIÓN DE FUTURAS COPS: GARANTÍAS, TRANSPARENCIA Y EL FANTASMA DE LA CAPTURA CORPORATIVA
En el grupo de contacto sobre la organización de las próximas conferencias, surgieron reclamos importantes desde los grupos observadores, en particular YOUNGO (jóvenes) y la Red de Acción Climática (CAN), que apuntaron a evitar que las próximas COPs —especialmente la COP30 en Belém— repitan errores del pasado en términos de acceso, participación y equidad.
Ambos grupos exigieron que los acuerdos con el país anfitrión (Host Country Agreements) incluyan garantías concretas de respeto a los derechos humanos, como la libertad de expresión y de reunión pacífica, protección contra represalias y acceso sin discriminación a todos los espacios de la conferencia. Reclamaron también transparencia logística, disponibilidad y asequibilidad de alojamiento, y la publicación íntegra del acuerdo sede en la web oficial de la CMNUCC.
Uno de los puntos más celebrados en los pasillos —y a la vez más incómodos para algunos actores— fue el llamado a evitar la captura corporativa del proceso climático. CAN y YOUNGO propusieron que se exijan declaraciones de conflicto de intereses a quienes participen desde el sector privado, inspirándose en mecanismos adoptados en el Protocolo para Eliminar el Comercio Ilícito de Productos de Tabaco de la OMS. También solicitaron que se prohíba el patrocinio de eventos por parte de empresas de combustibles fósiles o sectores contaminantes.
YOUNGO sumó además dos propuestas clave:
1) Un sistema de visado electrónico rápido (en menos de una semana) para todas las personas acreditadas, apuntando a reducir obstáculos administrativos que suelen afectar de forma desproporcionada a participantes jóvenes, del Sur Global o de pueblos indígenas.
2) Y una propuesta innovadora: la creación de una política de protección de la niñez en el marco del sistema climático de la ONU, dada la creciente participación de niños y adolescentes en los espacios multilaterales.
Detrás de este debate late una preocupación mayor: que la legitimidad del proceso climático no dependa solo de lo que se firma, sino de quiénes pueden estar presentes, con qué garantías, y bajo qué condiciones de poder.
SÁBADO 21 DE JUNIO: ACUERDOS QUE AVANZAN, TENSIONES QUE SE SOSTIENEN
Como si no bastaran las agendas densas de toda la semana, el sábado volvió a traer su cuota de discusiones comprimidas (la jornada cerraba al mediodía, por recomendación ancestral del SBI). Lo que en otros tiempos hubiera sido excusa para respirar, hoy solo generó más apuro y superposición de reuniones. Y en ese apuro, algunas piezas empezaron a encajar… aunque otras se aferran a sus desencuentros como náufragos al mástil.
En mitigación, el debate sobre los enfoques no mercantiles (los NMAs del Artículo 6.8 del Acuerdo de París) se volvió casi un campo semántico: si se incluye o no a tal país, si se menciona a tal región o sector, si se nombra al Mecanismo Amazónico. El Grupo Africano pedía una cosa, los LMDCs otra, y la República Democrática del Congo directamente se opuso a toda referencia al Artículo 5. Lo que para algunos era visibilizar experiencias locales, para otros era reabrir cajas cerradas. Todo esto bajo la excusa de “mostrar iniciativas”… pero con el trasfondo real de cómo se reparten los escenarios en Belém.
En finanzas, el Fondo de Adaptación volvió a estar en el centro. Los países insulares y los menos desarrollados se resistieron a postergar su revisión, mientras que la UE y el Grupo Africano se inclinaban por patear el asunto… siempre que se ponga fecha. El debate sobre las contribuciones (¿voluntarias o abiertas a todo tipo de fuente?) mostró la vieja tensión entre control político y necesidad de recursos. Incluso el término “notificación escrita” generó discusión, como si una palabra pudiera activar o frenar todo un fondo climático.
En tecnología, las discusiones sobre el TIP (Programa de Implementación Tecnológica) giraron en círculos. ¿Dónde se hacen los diálogos? ¿Quién los lidera? ¿Cuándo arrancan? La UE proponía menos burocracia; el G-77 y China pedían que se incluyeran barreras comerciales en la discusión. Mientras tanto, el texto sigue sin hoja de ruta clara.
En género, el nuevo Plan de Acción sigue en gestación. Se reafirmaron demandas claves: presupuestos con perspectiva de género, reconocimiento del trabajo de cuidados, participación real en economía verde y azul. Pero también afloraron divergencias sobre el lenguaje: “mujeres y niñas en toda su diversidad” para unos, “género definido por el Estatuto de Roma” para otros. Y como era de esperarse, el patriarcado y el extractivismo fueron señalados como causas del desastre climático… aunque no todos aplaudieron esa línea.
La investigación científica, lejos de ser un tema neutral, evidenció qué saberes valen más. El IPCC fue respaldado por muchos, criticado por otros. La representación regional, la inclusión de saberes indígenas y la forma en que se habla de tecnologías de remoción de carbono siguen siendo nudos de disputa.
Y en lo organizativo, se discutió cómo será la COP30, cómo asegurar una participación real de observadores, y cómo evitar que el espacio termine siendo colonizado por intereses corporativos. Los grupos juveniles y de género reclamaron garantías: visas accesibles, libertad de expresión, transparencia, y sí, que se limiten los conflictos de interés del sector privado.
A MITAD DE CAMINO: ¿DÓNDE ESTAMOS?
Lo que se vivió en Bonn esta semana no es inusual, pero sí alarmante. Se perdió tiempo valioso en disputas procedimentales, y la fragmentación temática creció sin que emergieran decisiones estructurantes. Los temas avanzan en paralelo, pero sin coordinación, y se acumulan bajo una presión creciente, con una complejidad técnica que desborda a muchas delegaciones, especialmente a aquellas con menos recursos.
Desde una mirada sindical —aunque sin participación directa en el proceso—, hay señales que no deben pasarse por alto:
1. La transición justa necesita estructuras institucionales claras, no solo declaraciones de principios.
2. El financiamiento sigue siendo el eje de la implementación: sin recursos nuevos y accesibles, los compromisos quedan en el plano simbólico.
3. El trabajo decente y los derechos laborales aún ocupan un lugar marginal en los textos y mecanismos de gobernanza.
4. La participación social, aunque reconocida formalmente, suele reducirse a espacios paralelos sin incidencia real en la negociación sustantiva.
¿QUÉ OBSERVAR LA SEMANA PRÓXIMA?
De cara al cierre del ciclo de Bonn, conviene seguir de cerca:
1. La evolución del borrador del Programa de Trabajo sobre Transición Justa, clave para la agenda laboral y social.
2. La arquitectura institucional y el financiamiento del TIP, que definirá si las tecnologías emergentes se orientan al bien común o a la reproducción de desigualdades.
3. La decisión sobre el uso de los fondos remanentes del Mecanismo de Desarrollo Limpio.
4. La posible incorporación de las medidas comerciales unilaterales en decisiones operativas, lo que abriría una nueva etapa de conflictividad.
5. El tono final de las decisiones en adaptación: si priorizan la rendición de cuentas, la transparencia y la equidad, o si predomina la flexibilización política.
Bonn está dejando al descubierto las tensiones estructurales del régimen climático: compromisos ambiciosos, capacidades desiguales, intereses en pugna y un marco legal que intenta sostenerse a múltiples velocidades. Para quienes observamos desde los márgenes —pero con compromiso activo—está claro que la justicia climática no puede reducirse a una consigna: depende de decisiones concretas, democráticas y redistributivas, que aún están por escribirse y todavía estamos discutiendo quien empuña ese lapiz.
