El tercer día de deliberaciones marcó un punto de inflexión, no tanto por un giro inesperado en las posiciones, sino por la emergencia de una disputa más profunda: epistemológica, ideológica y normativa. La Sección 2 del borrador —“Empleo productivo y trabajo decente”— dejó de funcionar como una cómoda enumeración de principios de consenso para convertirse en un campo de batalla conceptual. Las intervenciones dejaron de orbitar en torno a metas operativas y comenzaron a perforar el suelo mismo del acuerdo discursivo: ¿qué entendemos por desarrollo sostenible, y sobre qué pilares se sostiene?
La pregunta no era retórica. ¿Es el trabajo decente una consecuencia deseable del crecimiento económico, un premio al final del proceso, o es más bien una condición de posibilidad, un presupuesto ético, jurídico y social sin el cual cualquier promesa de sostenibilidad se convierte en simulacro?
Esta tensión atraviesa no solo las posiciones ideológicas de los actores, sino también los modelos mentales con los que se diseñan políticas públicas. Desde una mirada instrumental, el empleo decente aparece como un subproducto: algo que “vendrá” si las empresas prosperan, si la inversión fluye, si el entorno es favorable. Es el viejo catecismo del derrame, versión verde. En cambio, desde una lógica garantista y republicana, el trabajo decente se entiende como una condición material de la ciudadanía, y por tanto, como prerrequisito de cualquier orden legítimo, no como un efecto postergado de dinámicas de mercado.
Lo que se discutía, en el fondo, era esto: si el trabajo tiene valor en sí mismo como forma de integración social, o si solo lo tiene en tanto es funcional al crecimiento de las unidades económicas. Y más aún: si el sujeto trabajador es un fin en sí mismo —titular de derechos, de voz, de dignidad— o simplemente un recurso entre otros, cuya existencia jurídica depende de su utilidad productiva.
La disputa, aunque no siempre explícita, puso en evidencia las fisuras del paradigma dominante. Hablar de “empleo productivo y trabajo decente” implica tensionar dos lógicas que no siempre se reconcilian: la lógica económica, centrada en eficiencia, competitividad y rendimiento; y la lógica del derecho, que apunta a la equidad, la protección y el reconocimiento. Cuando ambas se alinean, el resultado puede ser virtuoso. Pero cuando entran en conflicto —como ocurrió durante este tercer día—, la pregunta sobre cuál de las dos tiene primacía deja de ser técnica y se vuelve profundamente política.
El debate abrió con el punto 2.1, dedicado a la necesidad de construir un “entorno de políticas favorable, coherente y coordinado”. A primera vista, la fórmula parece indiscutible. ¿Quién podría oponerse a políticas coherentes? ¿Quién querría un entorno desfavorable o caótico? Pero esta retórica de la sensatez es precisamente lo que la vuelve peligrosa: esconde en su neutralidad una disputa sobre los fundamentos mismos de la organización social del trabajo.
El concepto de “entorno habilitante” se ha convertido en un fetiche de los discursos de gobernanza global. Pero su vaguedad estratégica permite que sea capturado por las fuerzas que ya ocupan el centro del tablero. La historia reciente muestra que estos entornos tienden a ser diseñados desde y para los intereses de los actores económicos dominantes, en nombre de la eficiencia y la atracción de inversiones. En ese diseño, los derechos laborales no son cimiento, sino variable de ajuste. Las normas se flexibilizan, los controles se debilitan, y la voz de los trabajadores —cuando existe— es tolerada como ruido de fondo.
Por eso insistimos: no hay entorno favorable si no se construye sobre reglas laborales exigibles, mecanismos de fiscalización efectivos y presencia activa del sindicalismo. No se trata de apilar instituciones por acumulación burocrática, sino de sostener condiciones mínimas para que el trabajo sea fuente de dignidad y no mera mercancía transable. La coherencia normativa no puede limitarse a la eliminación de duplicidades regulatorias; debe incluir la coherencia ética de un sistema que pone en el centro la vida de quienes producen.
De lo contrario, la “coordinación” invocada se convierte en un eufemismo de subordinación tecnocrática: una arquitectura de gobernanza donde las decisiones se justifican por métricas de eficiencia, pero no se legitiman por deliberación democrática. La técnica desplaza al juicio, y la promesa de neutralidad se transforma en un régimen de exclusión.
Las posiciones empresariales en el debate fueron coherentes con esta visión instrumental. Su noción de entorno favorable equivale a un ecosistema regulatorio moldeado a la medida de la competitividad. Las políticas públicas deben, en esta mirada, facilitar el flujo de capital, reducir cargas administrativas, evitar “rigideces” laborales, y crear condiciones para que “el mercado funcione”. Bajo esta lógica, el trabajo decente no es un objetivo, sino un derivado eventual, una consecuencia deseada pero no garantizada. Se postula como un efecto espontáneo del crecimiento económico, una especie de subproducto virtuoso que “ocurrirá” si se dan las condiciones correctas.
Pero este tipo de razonamiento —aunque frecuente en los marcos multilaterales— nunca ha sido confirmado por la experiencia empírica. Los episodios de crecimiento sin redistribución, de expansión empresarial con precariedad laboral, son numerosos. Insistir en la narrativa del derrame sin condiciones normativas es más una creencia que una política. Un acto de fe neoliberal vestido con traje de informe técnico.
El punto 2.2 del borrador, centrado en la inversión en infraestructuras, abrió un debate que, lejos de ser técnico, reveló dos visiones profundamente divergentes sobre el sentido del trabajo y la economía circular. En apariencia, se trataba de acordar qué tipo de infraestructuras son necesarias para avanzar hacia un modelo de desarrollo más sostenible. Pero en realidad, lo que se discutía era qué tipo de ser humano se asume al diseñarlas.
Para una parte del espectro —principalmente actores estatales y empresariales del Norte global— infraestructura era sinónimo de equipamiento técnico: plantas de reciclaje, camiones, maquinaria de separación, sensores inteligentes, y métricas de eficiencia. Esta perspectiva, anclada en una visión ingenieril del desarrollo, entiende la infraestructura como soporte físico de la productividad. Se mide en toneladas procesadas, en kilómetros asfaltados, en megavatios distribuidos. Todo lo que no entra en ese cálculo tiende a ser descartado como accesorio, “soft”, fuera de foco.
Desde nuestra perspectiva —informada por la experiencia concreta de los trabajadores en territorios precarizados— infraestructura tiene un sentido mucho más elemental y más humano: es el entorno básico sin el cual el trabajo deviene indigno, cuando no peligroso. Es acceso a baños en condiciones, agua potable, espacios de descanso, rutas de transporte seguras, protección frente a riesgos biológicos, acceso a insumos médicos básicos, conectividad digital mínima. Es, en suma, la garantía de que el cuerpo que trabaja no se agote, no se enferme, no se degrade sin reconocimiento.
Esa bifurcación conceptual no es inocua. Cuando se omiten las condiciones materiales básicas de quienes operan las infraestructuras, la productividad se convierte en una ficción tecnocrática. Un cálculo que optimiza variables abstractas mientras ignora las vidas concretas que las sostienen. Es el viejo truco de la eficiencia sin contexto, la misma que permite celebrar un modelo como “sostenible” aunque se apoye en cuerpos precarizados, expuestos y descartables.
Además, esta omisión refleja una jerarquía implícita entre infraestructuras “duras” y “blandas”, donde lo técnico es visible y financiable, y lo humano es invisible y prescindible. ¿Cómo puede hablarse de desarrollo sostenible si el trabajador que manipula residuos reciclables no tiene acceso a agua potable o a una mascarilla adecuada? ¿Qué clase de sostenibilidad es esa que construye plantas de reciclaje automatizadas mientras los recicladores informales no tienen un botiquín?
Y sin embargo, esta forma de pensar la infraestructura como soporte de dignidad no es una concesión humanitaria: es una apuesta racional. Porque donde hay dignidad, hay permanencia. Donde hay condiciones materiales mínimas, hay organización, hay memoria institucional, hay sostenibilidad real. No se puede construir una economía circular sobre cuerpos descartables. No hay eficiencia posible donde hay abandono estructural.
La tensión se hizo más explícita en el punto 2.3, dedicado al desarrollo de empresas sostenibles, donde se condensaron los malentendidos estructurales entre los distintos actores. Mientras para algunos la sostenibilidad empresarial se medía en términos de longevidad económica, acceso a mercados y “resiliencia” operativa, para otros —como nosotros— el término implicaba una integración real de principios laborales, sociales y ecológicos. Lo que estaba en juego no era solo un enfoque de política industrial, sino una disputa sobre qué tipo de empresa merece ser promovida en el marco de un modelo de desarrollo que se autodenomina “sostenible”.
En el subpunto 2.3.1, la discusión giró nuevamente en torno al tan mentado “entorno propicio”, ese oxímoron diplomático que, bajo una apariencia consensual, suele esconder una agenda de desregulación encubierta. Nuestra posición fue clara: un entorno propicio no es un espacio de excepción normativa, sino uno de equidad regulatoria. Es decir, un marco institucional que asegure reglas claras y exigibles para todos los actores, y que corrija las asimetrías de poder que deforman el funcionamiento de los mercados.
Proteger frente a la competencia desleal implica, por ejemplo, evitar que empresas que incumplen sistemáticamente derechos laborales puedan beneficiarse de contratos públicos o acceder a fondos de desarrollo. No se trata de intervenir el mercado por capricho ideológico, sino de evitar que el incumplimiento se transforme en ventaja comparativa. La sostenibilidad no puede ser un rótulo autoadhesivo ni una estrategia de marketing; debe ser verificada, exigida, y vinculada a condiciones claras.
Por eso propusimos que cualquier política de fomento —subsidios, incentivos fiscales, acceso preferencial a licitaciones— esté condicionada al respeto de estándares mínimos en materia de derechos del trabajo. No se trata de castigar, sino de orientar. De hacer que los beneficios públicos funcionen como palanca para la mejora, no como premio a la informalidad sofisticada.
Y en paralelo, insistimos en la trazabilidad ética: un conjunto de mecanismos que permitan seguir el rastro social y ambiental de las cadenas productivas, más allá del barniz corporativo. Porque hoy no basta con que una empresa se declare “sostenible”; debe poder demostrarlo, y debe hacerlo en todos los eslabones de su operación, incluyendo sus proveedores, contratistas y formas de tercerización. De lo contrario, la responsabilidad se diluye, se terceriza, se externaliza… y se pierde.
La resistencia empresarial a estas propuestas fue previsible. La idea de condicionalidad incomoda porque quiebra el automatismo de la competitividad como justificación universal. Pero esa incomodidad es necesaria. Porque sin ella, el adjetivo “sostenible” seguirá vaciándose de contenido, convertido en un decorado retórico que adorna documentos y etiquetas, pero que no transforma prácticas.
En el punto 2.3.2, dedicado a los servicios de desarrollo empresarial, salió a la superficie una omisión tan estructural como recurrente: la economía social y solidaria (ESS). Invisible para algunos, marginal para otros, esta forma organizativa fue tratada como nota al pie en un documento que se pretende plural. Y, sin embargo, en muchos territorios del Sur global —y cada vez más en los márgenes del Norte— la ESS no es la excepción, sino el tejido real de la producción y reproducción de la vida.
Denunciamos con claridad que estas formas empresariales no pueden ser tratadas como versiones “menores” del modelo corporativo tradicional. Requieren un enfoque de fomento diferenciado, con servicios de apoyo diseñados según su lógica organizacional: asociativa, comunitaria, cooperativa. Pretender que se adapten a una estructura institucional pensada para grandes empresas con fines de lucro no es integración: es asimilación forzosa. Es, en términos epistemológicos, una forma de colonización normativa.
El desarrollo empresarial no puede entenderse como una curva de eficiencia ascendente medida en rentabilidad. Debe incorporar, de manera explícita y exigible, la promoción del trabajo decente como criterio orientador. No basta con “tolerar” a la economía social en los márgenes del texto: hay que reconocerla como parte estructurante de un modelo de desarrollo alternativo. Sin ese reconocimiento, seguimos atrapados en una visión estrecha de lo empresarial, donde solo lo que se ajusta al molde hegemónico recibe apoyo institucional.
El punto siguiente, 2.3.3, sobre servicios financieros, nos permitió plantear una obviedad que, en este tipo de foros, suena casi herética: el crédito no puede funcionar como mecanismo de legitimación de la informalidad estructural. Si un emprendimiento vulnera derechos laborales, ese incumplimiento no debería ser invisible para el sistema financiero. Y sin embargo, lo es.
Nuestra propuesta fue tan simple como subversiva: condicionar el acceso al financiamiento al cumplimiento de los derechos fundamentales del trabajo. Nada que no esté ya contenido en los marcos normativos internacionales. Nada que no forme parte de los discursos de responsabilidad empresarial que circulan en todos los eventos de alto nivel. Pero cuando se propuso llevar esa retórica a una cláusula operativa concreta, la respuesta fue un rechazo frontal y sin matices por parte del sector empleador.
No hubo espacio para matizar, negociar o explorar mecanismos graduales. La sola idea de introducir una condicionalidad ética en el acceso al crédito fue descartada como “excesiva” o “antieconómica”, lo que evidencia una vez más que, en ciertos sectores, la libertad de empresa sigue considerándose incompatible con la exigibilidad de derechos. Lo que se preserva, en última instancia, no es la sostenibilidad, sino la opacidad.
Los apartados 2.3.4 y 2.3.5, dedicados al acceso a mercados y tecnologías, sirvieron como epílogo perfecto para una jornada marcada por asimetrías de poder apenas disimuladas. Lo que en principio podría parecer un debate técnico sobre instrumentos y conectividad terminó revelando, con claridad incómoda, el núcleo político de la exclusión económica contemporánea: sin intervención pública deliberada, sin regulación efectiva y sin políticas de redistribución activa, los actores más vulnerables quedarán inevitablemente fuera del juego.
Porque hablar de “acceso” sin hablar de reglas es como hablar de una carrera sin mirar el punto de partida. La lógica de mercado, dejada a su curso natural, no corrige desigualdades: las amplifica. Las cadenas globales de valor, con su sofisticada arquitectura de subcontratación, opacidad contractual y fragmentación territorial, operan como filtros de exclusión. En ellas, el precio de ingresar es la sumisión a condiciones impuestas por los actores dominantes. Por eso propusimos establecer límites al poder de mercado, mediante regulaciones que impidan prácticas abusivas, favorezcan la competencia equitativa y reconozcan el valor del trabajo a lo largo de toda la cadena.
Asimismo, reclamamos transparencia como principio estructurante. Porque sin trazabilidad en los contratos, sin visibilidad sobre las condiciones de producción, sin herramientas de monitoreo social, el llamado “acceso” es un espejismo. Las empresas dominantes argumentan que el mercado se autorregula, pero la experiencia muestra que, en ausencia de reglas claras, lo que se autorregula es la impunidad.
En materia tecnológica, la discusión fue aún más ilustrativa. Se habló con insistencia de “transferencia tecnológica” y “difusión de la innovación”, pero casi siempre desde una lógica vertical: el conocimiento como activo concentrado que puede, eventualmente, ser compartido en condiciones de subordinación. Frente a eso, planteamos la necesidad de fomentar plataformas cooperativas, infraestructuras digitales comunes, y tecnologías abiertas que no reproduzcan la lógica de dependencia. La tecnología no es neutra: puede habilitar la autonomía o reforzar la dominación.
Lo que propusimos no fue un modelo alternativo por romanticismo, sino por necesidad: sin formas colectivas de apropiación tecnológica, los trabajadores y trabajadoras más precarizados quedarán atrapados en el lado ciego de la digitalización. Convertidos en usuarios sin derechos, proveedores sin garantías, nodos desechables en sistemas que priorizan la eficiencia antes que la equidad.
La respuesta empresarial fue, previsiblemente, de rechazo. No se aceptó ninguna formulación que implicara intervención directa sobre el funcionamiento del mercado. Se reiteró la confianza en mecanismos voluntarios, en códigos de conducta autorregulados, en incentivos sin exigencias. Es decir, más de lo mismo: un marco retórico que se declara “abierto” y “dinámico”, pero que en realidad se cierra sobre sí mismo, blindado contra cualquier forma de redistribución real.
Este cierre dejó una sensación clara: no estamos discutiendo cómo construir inclusión, sino si vale la pena intentarlo. Y mientras se posterga la intervención pública en nombre de una eficiencia que nunca llega a los márgenes, los actores excluidos siguen siendo tratados como externalidades inevitables. Como si la justicia económica fuera un lujo que aún no podemos permitirnos.
El balance de la jornada deja una constatación tan evidente como inquietante: las empresas no discuten el modelo; lo reproducen con un fervor casi litúrgico. No argumentan su centralidad en términos de eficacia o justicia, ni siquiera desde una lógica económica racionalizada. Su presencia estructurante en el documento obedece a una inercia doctrinal: si así fue redactado en el pasado, así debe seguir siendo. La apelación al precedente se convierte en dogma, y el documento se transforma en un ejercicio de conservación antes que en un acto de creación colectiva.
Frente a esa certeza empresarial, los gobiernos y sindicatos aparecemos fragmentados, atrapados entre mandatos locales, presiones internacionales y consensos imposibles. Nos movemos entre la nostalgia normativa y el pragmatismo defensivo. En lugar de disputar el modelo, intentamos matizarlo; en vez de imaginar lo nuevo, nos aferramos a las categorías heredadas, como si el lenguaje de antaño pudiera todavía nombrar las crisis del presente. Y mientras buscamos respuestas en marcos conceptuales agotados, el suelo epistémico se descompone bajo nuestros pies: la realidad avanza más rápido que nuestra capacidad de comprensión.
Y sin embargo, algo se mueve. Por primera vez, los recicladores —esos actores históricamente silenciados en los márgenes del trabajo y del derecho— podrían ser incluidos en el texto. Tal vez sin fuerza jurídica vinculante, pero con una potencia simbólica que no debe subestimarse. Nombrar es reconocer. Reconocer es disputar sentido. Y disputar sentido es dar el primer paso para transformar estructuras.
La gestión de residuos —relegada tantas veces a la informalidad— empieza a ser visibilizada como lo que es: una política de salud ambiental, de justicia territorial, de reapropiación del bien común. No es solo un servicio, es una función social que redefine la economía circular desde abajo, no como un modelo de eficiencia, sino como un horizonte de reparación. Se abre un sendero, aunque lo recorramos aún con la torpeza de quienes no han aprendido a caminar sobre terreno inestable.
Lo que falta no es diagnóstico, sino audacia. No datos, sino voluntad de ruptura. Lo que necesitamos es capacidad de herejía frente a las ortodoxias heredadas. Así como los primeros laboralistas rompieron el corsé del derecho civil para crear un lenguaje que diera cuenta de la desigualdad estructural en las relaciones de trabajo, también nosotros —sindicalistas, juristas, actores sociales— debemos atrevernos a pensar lo que todavía no tiene nombre, lo que no cabe en las categorías existentes, lo que interrumpe el guion. Termina el tercer dia. ya pegamos la vuelta.
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