El cuarto día de deliberaciones comenzó con un gesto simbólico cargado de significado político: nuestro vice presidente obrero de la comisión James Towers, de UNITE UNION anunció que daría un paso al costado en la conducción del proceso sin abandonar el trabajo en común . Lo hizo invocando la necesidad de “mantener el flujo de trabajo”, pero sus palabras también dejaron entrever la fatiga acumulada en una negociación que exige tanto técnica como templanza. Su salida fue saludada con un aplauso breve, casi ceremonial, que marcó el fin de una etapa y el comienzo de otra. A partir de ese momento, la coordinación quedó en manos de Kan MATSUZAKI, de la secretaria general de IndustriALL, quien asumió la conducción con un llamado explícito al consenso unánime —un ideal que, como veríamos más adelante, seguiría siendo eso: un ideal.
El clima en la sala oscilaba entre la ansiedad acumulada y una forma particular de cansancio estructural, esa mezcla de urgencia y repetición que se respira en los procesos multilaterales prolongados. A esta altura, las delegaciones sabían que no estaban discutiendo solo palabras: estaban delineando contornos de sentido, decidiendo qué quedará nombrado y qué permanecerá en el margen, qué prácticas serán legitimadas y cuáles seguirán existiendo solo como notas al pie de la economía global.
Las discusiones retomaron desde la Sección 2 del borrador, centrada en empresas sostenibles y entidades de la economía social y solidaria. Una sección compleja, no solo por su densidad temática, sino porque expone de manera brutal las tensiones no resueltas entre modelos productivos, imaginarios del desarrollo y relaciones de poder. El reloj institucional presionaba para avanzar hacia la Sección 3, pero la realidad política nos mantenía atascados. Como señaló Alex, uno de los voceros sindicales: no se puede construir consenso corriendo sobre las líneas rojas. Hay que mirarlas, discutirlas, reconocer que existen.
Ese fue el telón de fondo del día: un documento que avanza entre zonas de acuerdo frágiles, donde cada adjetivo puede torcer el sentido y cada verbo es una disputa entre lo declarativo y lo operativo. Un documento que, aunque se presente como técnico, está atravesado por decisiones profundamente políticas: ¿qué se entiende por trabajo decente?, ¿quiénes son los sujetos reconocidos en la transición ecológica?, ¿qué tipo de economía se está imaginando cuando se habla de circularidad?
A lo largo de la jornada, se sucedieron los debates sobre capacitación, juventud, salario, formalización, transición justa y derechos laborales. A veces avanzamos con fluidez. Otras veces nos detuvimos durante horas a discutir la diferencia entre “equidad” e “igualdad”, o si era razonable pedir que las condiciones de trabajo mejoren en el sector informal sin que eso sea visto como una amenaza a la competitividad.
Pero si algo quedó claro en este cuarto día es que no hay neutralidad posible en este proceso. Cada coma refleja una correlación de fuerzas. Cada palabra aceptada o rechazada deja huella. No estamos escribiendo un texto: estamos dejando constancia de nuestras disputas, nuestros límites… y, en ocasiones, de nuestras pequeñas conquistas.
2. Empresas sostenibles y economía social y solidaria: el modelo en disputa
Volvimos a la Sección 2 con la sensación ambigua de estar discutiendo lo accesorio y, al mismo tiempo, lo esencial. Aunque formalmente seguíamos dentro del eje sobre empresas sostenibles y entidades de la economía social y solidaria (ESS), lo que estaba en juego era mucho más profundo: quién protagoniza la transición ecológica, bajo qué reglas, con qué legitimidad.
Alex —uno de los interlocutores más atentos al reloj político— recordó que estábamos lejos de los núcleos duros de la Sección 3, e instó a concentrarnos en las enmiendas ya presentadas y las líneas rojas que aún nos separaban. La propuesta sonaba razonable, pero rápidamente quedó claro que la discusión no se movería solo en el plano técnico. La mera mención a las entidades de la ESS como sujetos distintos de sindicatos o empresas abrió una serie de preguntas ontológicas: ¿son empleadores? ¿son otra cosa? ¿tienen una naturaleza jurídica híbrida que el documento no sabe cómo nombrar?
Estas preguntas no eran solo terminológicas. Señalaban un vacío conceptual: el marco actual no está preparado para reconocer a la ESS más allá de la tolerancia simbólica. Su inclusión real exigiría repensar las categorías tradicionales del derecho del trabajo, que sigue atrapado entre el binomio empresa–trabajador, como si no existieran otras formas organizativas ni otras racionalidades económicas.
En paralelo, se volvió a poner en discusión el concepto de “trabajo decente”. Ya habíamos acordado su formulación general, sin necesidad de adjetivarlo como “verde”. Sin embargo, la tensión persiste: ¿es posible pensar un trabajo verdaderamente decente que no esté alineado con criterios de sostenibilidad ambiental? ¿O estamos aceptando una disociación cómoda que facilita el consenso a costa de vaciar el concepto?
Más adelante, el debate sobre el enfoque humanocéntrico (reintroducido en el punto 2.6) reavivó la conexión con las tesis sobre el desarrollo de capacidades, el aprendizaje a lo largo de la vida y el lugar del trabajo como espacio de formación social. En ese contexto, surgió un nuevo concepto: seguridad y salud en el trabajo con formación medioambiental. Su aparición marcó una inflexión interesante: por fin se hablaba de sostenibilidad no solo en términos de eficiencia productiva, sino como condición para proteger la vida en el trabajo. Pero el lenguaje seguía siendo campo de disputa. Un “promover” podía ser reemplazado por un “alentar”, y con ello se desdibujaba la exigibilidad. Un “garantizar” convertido en “intentar” podía diluir una obligación en un gesto diplomático. La semántica como frontera del poder.
La sensación general era que estábamos avanzando, sí, pero sobre una coreografía frágil. No había consenso sobre el modelo. Las empresas pedían un entorno favorable a la competitividad. Nosotros —sindicatos, recicladores, actores de la ESS— insistíamos en que la sostenibilidad no se mide en balances, sino en condiciones materiales de existencia. No pedíamos ser reconocidos como un apéndice tolerado, sino como parte estructural de otra economía posible.
2.7 Juventud, empleo y economía circular: entre la promesa y la omisión
El punto 2.7 trajo consigo un desplazamiento del foco: ya no se discutía solo sobre estructuras empresariales o marcos institucionales, sino sobre el futuro generacional del trabajo en la transición ecológica. En teoría, estábamos ante uno de los temas más “fáciles” del documento: ¿quién podría oponerse a crear empleo para jóvenes? ¿Quién se atrevería a decir que no debemos pensar en políticas activas para garantizar su integración productiva?
Y sin embargo, la discusión reveló los límites de ese consenso superficial.
El texto de base hacía referencia a la necesidad de “crear empleo pleno y productivo para la juventud”, apoyándose en resoluciones previas como la Declaración del Centenario de la OIT o el Youth Employment Action Plan 2020–2030. Pero incluso ahí, la palabra “productivo” volvió a convertirse en campo de disputa. ¿Qué significa hoy productividad en el contexto de la economía circular? ¿Es el trabajo juvenil “productivo” solo si encaja en cadenas formales de valor o también si emerge desde prácticas comunitarias, territoriales, populares?
Los empleadores —no sin una cierta ironía histórica— apelaron a la Declaración Universal de Derechos Humanos para exigir a los Estados educación gratuita y universal, como si su compromiso con ese texto fuera tan firme como reciente. Al mismo tiempo, rechazaron cualquier mención que pudiera condicionar el acceso a oportunidades productivas al respeto por derechos laborales. La idea de que el empleo juvenil en reciclaje debería estar vinculado a condiciones dignas fue considerada “restrictiva”.
Desde nuestra posición sindical, subrayamos lo obvio: sin criterios mínimos de trabajo decente, las políticas de empleo para jóvenes corren el riesgo de convertirse en formalizaciones de la explotación. Rechazamos el fetichismo del empleo a cualquier precio. Y lo hicimos proponiendo medidas concretas, como la incorporación del potencial de generación de empleo en reciclaje dentro de las estrategias nacionales de empleo juvenil, adaptadas a cada contexto económico y laboral.
Los recicladores, por su parte, aportaron una propuesta valiosa y conceptualmente sólida: incluir la economía social y solidaria como una alternativa real para que los jóvenes desarrollen procesos productivos dentro de la cadena del reciclaje. No como salida de emergencia, sino como horizonte organizativo. No como “plan B”, sino como posibilidad fundante de otro modelo de trabajo, basado en la cooperación, la justicia social y la sustentabilidad.
La discusión sobre los salarios, que parecía un asunto cerrado, volvió a emerger con fuerza. Distinguimos entre salario vital (living wage) y salario decente (decent wage), dejando claro que no son sinónimos. El primero responde a las necesidades materiales mínimas de vida; el segundo, al conjunto de condiciones laborales dignas.
Un salario puede ser “mínimo” sin ser vital, y puede ser “vital” sin estar enmarcado en un contexto laboral decente. Por eso insistimos en una lectura integral, que articule remuneración, derechos, condiciones y sostenibilidad.
Lo más tenso, sin embargo, fue lo no dicho: el riesgo de que la “inclusión juvenil” se convierta en retórica sin contenido, mientras se consolida una doble exclusión. Por un lado, la exclusión de los jóvenes de los marcos laborales formales. Por otro, la exclusión de nuevas formas de trabajo (como el reciclaje comunitario o cooperativo) de las políticas públicas de empleo.
Lo que quedó en evidencia es que hablar de juventud y circularidad sin hablar de redistribución, derechos y poder es, en el mejor de los casos, una declaración bienintencionada. Y en el peor, una forma elegante de precarizar lo que debería transformarse.
2.8 Formalización: de la declaración a la disputa material
La discusión sobre la formalización, abordada en el punto 2.8, se presentó como un momento de relativa convergencia. En apariencia, todos los actores reconocían la necesidad de “llevar actividades de la economía informal a la economía formal”. Lo decía el texto. Lo repetían los gobiernos. Lo aceptaban incluso los empleadores. Pero como ocurre tantas veces en estos procesos, la convergencia terminológica no garantiza convergencia política.
La propuesta de los gobiernos para insertar un nuevo párrafo aclaratorio fue inicialmente aceptada:
“Bringing activities from the informal to the formal economy means that they should be fully declared, covered by legislation and give rise to effective protection.”
Una formulación correcta, incluso elegante, pero que omitía el detalle incómodo: ¿quién asume los costos de esa formalización?
En este punto, el texto base identificó con precisión varios de los factores que perpetúan la informalidad, especialmente en el sector del reciclaje: bajo gasto público, infraestructura deficiente, acceso desigual a servicios básicos, baja productividad, alta complejidad normativa, y el omnipresente costo de cumplimiento. Todo esto fue listado de manera casi quirúrgica. Pero el diagnóstico técnico se volvió rápidamente político cuando empezamos a discutir las causas profundasde esa informalidad y, sobre todo, las responsabilidades para revertirla.
Insistimos en introducir la noción de equidad en lugar de simple “igualdad de acceso”, argumentando que ofrecer lo mismo a quienes parten de condiciones radicalmente distintas no genera justicia, sino reproducción de la desigualdad. La resistencia fue inmediata. “Equidad” fue vista por los empleadores como un concepto ambiguo, potencialmente redistributivo (horror), y por tanto, inaceptable.
Propusieron mantener “igualdad” como forma de garantizar una falsa neutralidad, mientras los gobiernos intentaban una tercera vía semántica: “acceso heterogéneo”, una fórmula que suena a sociología cansada.
Otro eje de debate fue el famoso coste de cumplimiento (compliance cost), esa criatura gris que siempre aparece cuando se discuten estándares. Como explicamos, estos costes no se refieren al contenido de las normas, sino a lo que cuesta cumplirlas: desde llenar formularios hasta comprar equipos, contratar asesoría legal o someterse a inspecciones. En el caso del reciclaje, formalizar no solo implica registrarse ante una entidad estatal; implica transformar prácticas, invertir en mejoras, acceder a crédito, y, en muchos casos, profesionalizar un trabajo históricamente precarizado.
Propusimos entonces que el documento reconociera explícitamente que el Estado tiene un rol fundamental en compensar o asumir parte de estos costos —mediante subsidios, capacitación gratuita, financiamiento accesible o incentivos fiscales— para que la formalización no sea una trampa que termine excluyendo aún más a quienes ya están en el margen. Los empleadores, previsiblemente, se opusieron a cualquier mención que implicara una redistribución activa de recursos o responsabilidades.
La discusión se enriqueció con la introducción de una distinción clave entre factores estructurales y factores críticos que perpetúan la informalidad. Los estructurales —como la desigualdad de acceso a servicios, la invisibilidad del reciclaje o la falta de políticas públicas estables— requieren transformaciones profundas y de largo plazo. Los críticos —como la ausencia de registro laboral simplificado o la falta de capacitación— pueden y deben abordarse con medidas inmediatas.
Entender esta diferencia no es un ejercicio teórico. Es una brújula para la acción. Mientras algunos actores reclaman cambios estructurales, otros se escudan en su complejidad para no hacer nada en lo inmediato. La clave está en atender ambos niveles de intervención. Porque una política que no ataca los factores estructurales es superficial, y una que ignora los críticos es ineficaz.
En resumen, la formalización no es un acto administrativo. Es un proceso político, económico y cultural que exige redistribuir recursos, repensar marcos jurídicos y, sobre todo, reconocer al trabajo informal como trabajo real. De lo contrario, corremos el riesgo de escribir un documento que formaliza las palabras, pero no las condiciones de vida de quienes trabajan en los márgenes.
2.9 Transición justa: el consenso que se deshace al tocarlo
En teoría, la transición justa hacia economías ambientalmente sostenibles es el punto de mayor consenso declarativo del documento. En la práctica, es el que más fácilmente revela el cortocircuito entre los discursos y los intereses. Todos los actores se dicen a favor —gobiernos, empleadores, sindicatos— pero basta mencionar la creación intensiva de empleo, el rol del Estado o la redistribución de beneficios para que el acuerdo se desvanezca como un bosque quemado en PowerPoint.
El debate partió de una formulación general que, con cierta ambigüedad, hablaba de una “economía circular rica en empleo” (job-rich circular economy). Pero esa expresión activó todas las alarmas en el sector empleador. Su reacción fue inmediata: se opusieron a cualquier formulación que hiciera referencia a un modelo económico explícitamente orientado a la generación intensiva de empleo. Para ellos, la transición debe ocurrir, sí, pero sin alterar los fundamentos del modelo. Es decir, debe ser justa… pero solo si no incomoda a nadie con poder.
Esta posición vacía de contenido la noción misma de “justicia” en la transición. Porque si no hay compromiso con la creación de empleo decente, ni con la corrección de desigualdades preexistentes, ni con la inclusión activa de los sectores más vulnerados, ¿qué queda del concepto? ¿Una etiqueta para adornar informes? ¿Un hashtag institucional?
El punto de inflexión llegó al discutir el párrafo 18 de la Declaración de Transición Justa, que reconoce explícitamente que la transición ecológica puede ser una oportunidad para crear nuevos empleos decentes. No una amenaza, sino una palanca de inclusión y transformación. Desde el campo sindical, defendimos esa interpretación: no estamos pidiendo una compensación simbólica por los impactos de la transición, estamos reclamando que la transición sea —en sí misma— un proceso generador de justicia laboral, social y ambiental.
Los empleadores, por su parte, propusieron reformular varias frases clave para diluir sus efectos normativos. En algunos casos, sugerían sustituir “creación de empleo” por “potencial de empleo”. En otros, cambiaban “garantizar” por “promover”, “transformar” por “acompañar”. Parecía una clase magistral de cómo vaciar un texto sin eliminarlo.
Pero el debate más sintomático fue el uso del pronombre “todos”. Al defender la frase “transición justa para todos”, los empleadores insistieron en que ese “todos” incluía también a las empresas, como si estuvieran en situación de vulnerabilidad equiparable a los trabajadores expuestos a la informalidad, la contaminación o la pérdida de ingresos. Es decir, el concepto de justicia —originalmente pensado como mecanismo de reparación de desigualdades— se quería convertir en una fórmula de protección corporativa.
Frente a eso, reafirmamos una visión de la transición justa anclada en el principio de equidad transformadora: no se trata de que todos salgan igual, sino de que los más afectados por los cambios estructurales reciban más apoyo, más protección y más protagonismo. Porque la neutralidad en contextos desiguales no es justicia, es complicidad.
En este sentido, propusimos incorporar cláusulas que vinculen explícitamente la transición con políticas activas de empleo, inversión pública en sectores verdes, protección para trabajadores en reconversión, y apoyo específico a la ESS. Algunas de estas propuestas quedaron aceptadas. Otras, en corchetes. Y muchas, silenciadas.
Pero incluso en ese terreno incierto, se plantó una idea que resiste: la transición no es solo tecnológica, es política. Y si no la disputamos, no será justa: será simplemente inevitable.
Capítulo 3. Derechos en el trabajo: el centro que se sigue disputando
La apertura del capítulo 3 —dedicado a los derechos laborales— debería haber sido el momento más sólido del documento. Aquí, al menos en teoría, entran en juego principios fundacionales de la OIT: libertad sindical, negociación colectiva, eliminación del trabajo forzoso y del trabajo infantil, igualdad y no discriminación.
Derechos que se presentan como “fundamentales” porque no deberían depender de contextos económicos, niveles de desarrollo o ideologías de turno.
Y, sin embargo, lo que se vivió en este tramo fue una especie de guerra de trincheras semánticas, donde lo que está en juego no es solo el lenguaje, sino la posibilidad misma de que estos derechos sean universales, exigibles y operativos.
La discusión arrancó con una maniobra simbólica: los empleadores propusieron cambiar el título del capítulo, eliminando la expresión “derechos laborales” y reemplazándola por “derechos y principios fundamentales en el trabajo”. Una aparente corrección técnica, que en realidad apunta a una despolitización del lenguaje, a una neutralidad estratégica que elimina la palabra “trabajo” como espacio de conflicto y redistribución.
El texto original afirmaba con claridad:
“La libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva son derechos habilitantes que contribuyen a la democracia, a la gobernanza eficiente del mercado de trabajo y al trabajo decente. Su ejercicio tiene un impacto directo en las condiciones de vida y en el desarrollo económico y social.”
Una formulación que reconocía algo esencial: estos derechos no son un decorado jurídico, sino una herramienta de transformación. Son habilitantes porque permiten que otros derechos existan. Sin organización colectiva, no hay negociación real. Sin sindicalismo, no hay contrapeso al poder económico. Sin derechos reconocidos, la democracia queda atrapada en los márgenes del lugar de trabajo.
Frente a esto, los empleadores propusieron eliminar la última frase. Sí, eliminar —literalmente— la parte que decía que el ejercicio de estos derechos mejora las condiciones de vida y favorece el desarrollo económico y social. ¿La razón? Que no están dispuestos a aceptar que exista una relación causal entre la organización sindical y la mejora social. Un rechazo que no es técnico: es profundamente ideológico. Y que, de paso, dinamita décadas de evidencia empírica y doctrinas del propio sistema normativo de la OIT.
Desde nuestro lado, defendimos la redacción original. No solo por razones jurídicas, sino también por lo que representa: reconocer que el conflicto colectivo no es una amenaza al orden, sino una condición de su justicia.
Más adelante, la discusión sobre el acceso de representantes sindicales a los lugares de trabajo reciclador mostró hasta qué punto el reconocimiento formal de derechos no garantiza su ejercicio efectivo. Los empleadores propusieron una formulación restrictiva, que subordina el derecho a reunión sindical a la protección de la propiedad y la no interferencia con el trabajo. Su versión sonaba razonable —todo suena razonable cuando se escribe con gerundios institucionales— pero implicaba que las reuniones podrían ser limitadas por criterios empresariales discrecionales.
Propusimos una redacción alternativa:
“El derecho a realizar reuniones será plenamente garantizado, conforme a los principios de libertad sindical y diálogo social. Su ejercicio deberá realizarse sin interrupciones sustanciales de las tareas en curso y adoptando medidas razonables para la protección de los bienes, sin que ello implique una restricción indebida al derecho reconocido.”
Nuestra propuesta no niega el principio de equilibrio, pero impide que los empleadores lo utilicen como excusa para vaciar el derecho. En este punto, citamos experiencias comparadas: desde la legislación francesa que garantiza locales sindicales en empresas grandes, hasta el modelo uruguayo de negociación tripartita que institucionaliza las reuniones sindicales sin afectar la operación. Porque los derechos no se ejercen en abstracto: se ejercen en contextos, con obstáculos, con memorias, con cuerpos.
La discusión continuó en temas más graves: trabajo forzoso, migración, y trabajo infantil. En el artículo 81, los empleadores cuestionaron la existencia de trabajo forzoso en la economía formal y minimizaron el problema en contextos migratorios, pese a la evidencia concreta de abusos en sectores como el reciclaje industrial en Asia. Citamos casos reales. Recordamos estadísticas. Sostuvimos lo obvio: el trabajo forzoso no es un residuo del pasado, sino una estructura funcional de ciertos modelos económicos. Negarlo es participar de su legitimación.
Y finalmente, al abordar el 83 sobre trabajo infantil, propusimos vincular explícitamente la erradicación del trabajo infantil con la mejora de los ingresos familiares y la formalización del reciclaje. No como un gesto retórico, sino como política integral. La respuesta fue clásica: “esto no va aquí, pásenlo a protección social”. Un intento elegante de dispersar responsabilidades en la arquitectura del documento.
3.4 Discriminación, debida diligencia y precio justo: las palabras que molestan cuando se vuelven exigencias
A medida que avanzábamos hacia el cierre del capítulo 3, la discusión giró hacia temas que, en los papeles, deberían ser indiscutibles: igualdad de trato, no discriminación, y responsabilidad de las empresas en sus cadenas de valor. Pero como ya era costumbre en esta mesa, lo consensual se volvía polémico apenas alguien intentaba operativizarlo.
En los artículos 91 a 93, el debate se centró en las medidas para eliminar la discriminación en el empleo y la ocupación. Propusimos una redacción clara y firme: marcos legislativos integrales, definiciones explícitas de discriminación, medidas proactivas y acciones correctivas para atacar desigualdades estructurales. Sin sorpresas, los empleadores rechazaron términos como “framework” (marco jurídico) por considerarlos demasiado normativos, y sugirieron reemplazarlos por “strategies” (estrategias), más suaves, más abiertas… más vacías.
Volvimos entonces al texto original, recordando que sin marco legal, lo que queda es la buena voluntad, y que eso —como ya sabemos— no constituye política pública. La discriminación no se resuelve con recomendaciones optativas, sino con mecanismos vinculantes y acciones afirmativas.
Más adelante, en el artículo 89 sobre debida diligencia, se puso en escena un drama conocido: el rechazo empresarial a cualquier redacción que implique obligación directa. La versión inicial hablaba de que los empleadores “deberían llevar a cabo conductas de debida diligencia” (es decir, should conduct due diligence). Los empleadores pidieron reemplazar “conduct” por “promote” —promover, animar, sugerir que otros lo hagan, quizás, si no molesta.
Desde el campo sindical, insistimos en que si los empleadores y sus organizaciones no asumen responsabilidades concretas, la debida diligencia se convierte en una operación estética. No se trata de “fomentar la ética” como si se tratara de una feria de valores corporativos. Se trata de establecer criterios verificables, que garanticen condiciones dignas en toda la cadena de producción, especialmente en sectores donde la informalidad y el subcontrato funcionan como estrategia estructural.
La discusión se tensó aún más al abordar el punto sobre el precio justo. Una propuesta sindical pedía explícitamente que los empleadores “garanticen un precio justo”, reconociendo que la sostenibilidad económica de muchas prácticas laborales —especialmente en el reciclaje— depende de precios que cubran los costos reales del trabajo decente. Pero esta exigencia fue bloqueada con el argumento de que “los empleadores no pueden garantizar precios” porque no controlan el mercado. Una verdad parcial convertida en coartada: no pueden controlar los precios, pero sí presionan activamente para que los marcos regulatorios no interfieran en ellos.
El punto quedó —como tantos otros— en corchetes. Una pausa entre la voluntad política y el miedo a asumirla.
En los artículos 98 y 99, discutimos medidas afirmativas, con especial foco en las mujeres recicladoras. Propusimos inversiones públicas en infraestructura de reciclaje con enfoque de género, programas de formalización diferenciada y apoyo específico a trabajadoras de la ESS. El texto fue valorado… pero cuestionado en su ubicación. “No va aquí”, dijeron. Como si la inclusión fuera un tema de geografía documental, y no de voluntad política.
Finalmente, el debate sobre los verbos —“ensure” vs “promote”— cerró el dia -en realidad, la noche, cerca de las 10 - con una imagen perfecta del documento en su conjunto. Todos los actores acordaban que se debían “tomar medidas para la no discriminación y la inclusión”. Pero bastaba elegir el verbo equivocado para que se abriera una batalla conceptual. Porque en este juego, el poder no se ejerce solo con votos: también con adjetivos, adverbios y gerundios.
Epílogo. Lo que no se decide también cuenta
Al final del cuarto día, más que sensación de avance, lo que quedó fue una conciencia amarga del tiempo que no alcanza. Queda una sola jornada, y aún hay mucho —demasiado— por discutir. No por falta de texto, sino por exceso de subtexto. Las palabras están ahí: circularidad, trabajo decente, equidad, transición, sostenibilidad. Pero cada una viene cargada de sentidos cruzados, de ideologías en disputa, de límites impuestos por actores que se aferran al statu quo como si fuera el único orden posible.
Lo que está en juego no es menor. No estamos editando un glosario. Estamos definiendo qué modelos de desarrollo serán legitimados por un documento que, si bien no es vinculante, sí tiene efectos performativos: puede abrir puertas o sellarlas. Puede nombrar sujetos o condenarlos al anonimato institucional. Puede transformar prácticas o dejar todo igual, con lenguaje más amable.
Y esa es la verdadera disputa. Porque el riesgo no es solo que se impongan los intereses más conservadores. El riesgo es que se naturalicen, que se traduzcan al lenguaje técnico y se disfracen de equilibrio, de sensatez, de consenso. Que el documento diga cosas que suenan bien pero que, en la práctica, no obligan a nadie, no incomodan a nadie, y por tanto, no cambian nada.
Mañana será el último día. Y lo sabemos: no se va a cerrar todo. Pero tal vez podamos abrir algo. Un principio de ruptura con las formas automáticas de escribir el futuro con las categorías del pasado. Un reconocimiento explícito de que hay otros sujetos, otros modos de producir, otras formas de entender la dignidad en el trabajo. Una grieta, aunque sea mínima, en la narrativa dominante.
Lo que nos falta no es capacidad técnica. Es margen político, y algo de espacio para incomodar sin romper. A veces, construir significa aceptar lo posible, sin perder de vista lo necesario. Sabemos que no todo quedará dicho, ni todo lo justo será recogido. Pero también sabemos que, en este tipo de procesos, cada palabra conquistada cuenta. No porque resuelva todo, sino porque deja huella, marca un precedente, abre una rendija por donde otros —más adelante— podrán empujar un poco más.
Mañana viernes 9 de mayo será la última jornada. Y sí, probablemente no obtendremos todo lo que buscamos. Pero podemos asegurarnos de que lo que quede no sea un gesto vacío, sino un paso tangible. Que los avances, aunque parciales, tengan dirección. Que el documento no sea solo un consenso de mínimos, sino una plataforma desde la cual seguir disputando sentidos.
No se trata de callar ni de rendirse. Se trata de sostener —aun en lo incompleto— una apuesta. Porque a veces, avanzar también es saber elegir qué dejar escrito, qué nombrar, qué abrir… para que otros, después, puedan seguir construyendo..
